UNA CORTA VIDA DE TORTURAS DELANTE DE TODOS
En noviembre de 2022 se sancionó la “Ley Lucio” que creó el Plan Federal de Capacitación Obligatoria, Permanente y Continua en derechos de la niñez y adolescencia, destinado a integrantes de los tres poderes del Estado, con la intención de que las intervenciones de las distintas agencias estatales sean más eficaces y rápidas a la hora de abordar las situaciones de abuso infantil.
El objeto de la norma fue la prevención y detección temprana de situaciones de vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, a través de la capacitación de los funcionarios públicos, la actuación coordinada de los organismos intervinientes y la difusión de los indicadores de violencia y los medios de denuncia eficaces para la protección.
La normativa llevó el nombre Lucio, en homenaje a Lucio Dupuy, de tan sólo cinco años, asesinado a partir de múltiples y graves abusos sexuales y físicos perpetrados por su madre y la pareja de ésta. Diversas dependencias públicas habían estado en contacto con Lucio antes del crimen, pero ninguna intervención protegió su integridad y su vida: escuela, hospitales, vecinos, policía y sistema de justicia.
A medida que trascendieron en los medios de comunicación los detalles del caso la sociedad se fue espantando. Lucio había sido asesinado perversamente por largo tiempo mientras su padre y abuelos paternos llevaban una batalla judicial para obtener su tenencia y darle una mejor calidad de vida.
Que las agresoras fueran mujeres y lesbianas fue tomado por una parte de la opinión pública como argumento suficiente desacreditar todas y cada una de las luchas feministas. Sin embargo, nada más patriarcal por parte de la Justicia que pensar que la progenitora será siempre y necesariamente la única capaz de criar adecuadamente a una infancia. No se escuchó al niño, no se escuchó al padre del niño ni a su familia, no se tomaron cartas en el asunto con ingresos hospitalarios graves en situaciones sospechosas que siempre ocurrían mientras Lucio estaba con su progenitora y la pareja de ella.
“Diversas dependencias públicas habían estado en contacto con Lucio antes del crimen, pero ninguna intervención protegió su integridad y su vida: escuela, hospitales, vecinos, policía y sistema de justicia”
Por aquellos días, la virulencia en redes sociales fue potente y los reclamos por un sistema penal más duro se volvió persistente. El caso Lucio estaba en boca de todos los periodistas y dirigentes, pero, como nos suele pasar en la Argentina, al poco tiempo olvidamos incluso hasta aquello que nos conmovió y horrorizó.
El caso Lucio era evitable, y decenas de otros casos semejantes que ocurrieron después, también. La Ley Lucio lejos quedó de ser una realidad efectiva y el reclamo por su verdadera instrumentación no ocupó por años ninguna primera plana hasta el reciente asesinato (también evitable) de Ángel López.
LEY LUCIO, LA NORMA QUE QUEDÓ EN LA NADA
Ni bien iniciada la gestión del presidente Milei, la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello, se reunió con Ramón Dupy, abuelo de Lucio, pero la foto quedó para el recuerdo y la política pública en la nada.
Información disponible en Web Oficial del Ministerio de Capital Humano
La Secretaría de Niñez y Familia, de la que depende la aplicación de la Ley Lucio quedó reñida por disputas políticas y movimientos de funcionarios. En noviembre de 2024, Pettovello nombró al frente a Juan Bautista Ordoñez, un hombre que hizo su trayectoria laboral en multinacionales como Barrick Gold, Herbalife y Codere, y que, antes de estar en Niñez, fue director de Planeamiento Estratégico en los primeros meses de la gestión libertaria.
La inesperada designación de Ordoñez fue consecuencia de la expulsión de Yanina Nano Lembo, a quien Pettovello echó por comprar una cafetera. Aún en aquellos tiempos lejanos a los escándalos del 3% de Karina Milei, secretaria de la Presidencia, y las propiedades del jefe de Gabinete Manuel Adorni, la austeridad era un valor remarcado en la gestión.
Tras varias horas “buceando” en la web oficial del gobierno fue imposible encontrar noticia o información alguna acerca del modo en el que el Plan Federal de Capacitación Obligatoria, Permanente y Continua en derechos de la niñez y adolescencia está siendo instrumentado. Aún más, los últimos balances y actas del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia (Cofenaf) publicados son del período 2022-2023. Es decir, no hay acceso a información pública del gobierno de La Libertad Avanza de Javier Milei acerca de si se cumplió o no con la Ley Lucio y de qué manera se hizo.
Información disponible en Web Oficial del Ministerio de Capital Humano
¿POR ENTRE RÍOS CÓMO ANDAMOS?
En septiembre del 2023 la provincia de Entre Ríos aprobó por ambas cámaras del Poder Legislativo la adhesión provincial a la Ley Lucio, pero de la adhesión al hecho hay un abismal trecho.
Lamentablemente la provincia ya tiene experiencia en el incumplimiento de este tipo de normas, pues es lo que sucedió con la adhesión a la Ley Micaela (de capacitación obligatoria en género) a pesar de que el femicidio de Micaela García sucedió en nuestra provincia, revelando actuaciones totalmente ineficaces y lentas por parte de todos los dispositivos estatales (especialmente la Policía y la Justicia).
“¿Cuántos niños más tendrán que morir para que seamos más coherentes y persistentes en el reclamo?”
Tampoco es posible encontrar información pública sobre qué está haciendo el Estado provincial entrerriano al respecto de la preservación de la integridad y de las infancias vulnerables. Muy por el contrario, el deterioro y la falta de personal y recursos del Copnaf viene desde hace años y se ha profundizado con la marea de recortes a la administración pública.
Hace algunos días, en la localidad de Federación, Luana Cabral, una adolescente de 15 años con parálisis cerebral, fue hallada sin vida. Se presume que hacía alrededor de un mes que su cuerpo se hallaba en la vivienda. Sus padres fueron detenidos y su madre internada en un neuropsiquiátrico por tratarse de una persona con padecimientos mentales y, aparentemente, intentos de suicidio.
¿Quién protege a las infancias en situación de vulnerabilidad?
En el 2022 un caso grave de violencia infantil intrafamiliar tuvo por resultado el asesinado de Tahiel Moussou en manos de su madre: ¿Qué dispositivos se han creado desde entonces? ¿Qué capacitaciones han recibido quienes actúan en estos casos? ¿Qué sucede en las dependencias provinciales y municipales que trabajan con infancias en riesgo? ¿Por qué se han vaciado o reducido a su mínima expresión espacios barriales que contaban con profesionales capacitadas? ¿Cuántos niños más tendrán que morir para que seamos más coherentes y persistentes en el reclamo? ¿Hay forma de avanzar en la responsabilidad civil o penal de quienes se desempeñan en estos casos en nombre del Estado (profesionales de la medicina, psicología, justicia, etc.)?
Cuando la familia falla en algo tan básico y vital como el cuidado amoroso de la gurisada, lo único que le queda a esa infancia es la comunidad y el Estado protegiendo su vida y su derecho a desarrollarse libre de violencia. Lamentarnos con informes forenses que muestran una perversión inconcebible no colabora en absolutamente nada. Las cosas están mal, las leyes con nombres hablan de deudas sociales que tenemos que pagar para que no la paguen otros Lucios, Ángeles, Luanas o Thaieles.