En 1993, el 3 de mayo fue proclamado como el Día Mundial de la Libertad de Prensa por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). Por tal motivo, cada año, organizaciones internacionales de Derechos Humanos exponen la situación que atraviesan los distintos países del globo en esta materia.
Desde la llegada de La Libertad Avanza (LLA) al gobierno nacional argentino, los organismos han denunciado importantes retrocesos al respecto. De hecho, recientemente, Amnistía Internacional presentó un informe alarmante ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el que se advierte un deterioro sostenido de la libertad de expresión y de prensa en nuestro país.
Entre las cuestiones más graves se señalaron: sistemático hostigamiento a periodistas (con acciones que van desde los insultos públicos del Presidente hasta los ejércitos de trolls en la red X), judicialización de voces críticas, represión en la cobertura de la protesta social (como lo sucedido con el fotoperiodista Pablo Grillo) y restricciones sin precedentes al acceso a la información pública.
Cierto es que estos temas no ocupan un lugar relevante en las preocupaciones cotidianas de la mayoría de la gente, pero sí comienza a hacer ruido que cualquier periodista que evidencie alguno de los resultados negativos del modelo económico sea tan duramente atacado.
En tiempos con meses largos para los salarios magros de los trabajadores, de noticias diarias sobre pérdida de empleos, de prestaciones paupérrimas por parte de PAMI a las personas adultas mayores y de emergencia en discapacidad, el agresivo intento de acallar las opiniones disidentes queda más en evidencia.
El escenario se agravó cuando, el pasado 23 de abril, el gobierno nacional prohibió el ingreso a la Casa Rosada a todos los periodistas acreditados tras lanzar una acusación de espionaje y riesgos a la seguridad nacional. Con la medida, alrededor de 50 periodistas acreditados quedan excluidos de la casa de gobierno, en una acción que no tiene antecedentes ni siquiera durante la última dictadura militar. Entre los afectados se encuentra Gustavo Abu Arab, nuestro colega de La Mala, con quien conversamos al respecto.
“Solamente unos días, el jueves 24 de marzo de 1976 se les pidió a los colegas, por parte de la dictadura militar asesina, que no fueran a la Casa Rosada. Cierre y prohibición de ingreso puntual a todos los periodistas, nunca”
Gustavo ejerce el periodismo desde hace más de 40 años y desde 2009 es corresponsal en Casa Rosada. “Nunca se vio algo así. Solamente unos días, el jueves 24 de marzo de 1976 se les pidió a los colegas, por parte de la dictadura militar asesina, que no fueran a la Casa Rosada. Cierre y prohibición de ingreso puntual a todos los periodistas, nunca”, señaló el periodista.
El cercenamiento a la libertad de expresión es mucho más que una cuestión de formas o estilos comunicativos de un gobierno, se trata del respeto (o la violación) a principios constitucionales y legales básicos que constituyen el fundamento de la convivencia democrática.
Abu Arab explica al respecto: “Arrancando con la ley de leyes, que es nuestra Constitución Nacional, están avalados los derechos a la libertad de expresión y a la libertad de prensa. Además de todas las otras leyes conexas y todos los tratados internacionales que firma Argentina y, por supuesto, el sistema democrático en sí, que es la división de poderes y el rol del periodismo para informar, teniendo en cuenta que el lugar es el más importante de la República”.
EXPRESIÓN ¿A QUÉ COSTO?
A la vez que quienes trabajan en prensa y comunicación refieren al crecimiento de la violencia y la hostilidad en su desempeño profesional, especialmente a través de redes sociales, la situación socioeconómica del gremio es cada vez peor.
La Encuesta Integral #SiPreBA2025 muestra que salarios de pobreza, pluriempleo creciente y precarización laboral son la constante y no la excepción. Entre los datos que arrojó el relevamiento, que contó con 1.100 participantes de medios públicos, privados y autogestivos de prensa escrita, oral y televisada del AMBA, el 70,45% de los/as laburantes tiene sueldos por debajo de la línea de pobreza y un 86,3% considera que la libertad de expresión empeoró con La Libertad Avanza (LLA).
Asimismo, el pluriempleo es un dato predominante: el 55,2% tiene dos o más empleos, una realidad que lleva al deterioro de la calidad de vida y la salud física y mental. El 43% de las personas encuestadas no supera la línea de la pobreza, aun sumando los sueldos de todos sus empleos. Y a solo un 4,8% le alcanza el salario de su principal empleo. Estos datos son peores en el resto del país, donde la precarización y el trabajo no registrado son moneda frecuente en los medios de comunicación.
LA MALA, COSA BUENA
Desde nuestro medio cooperativo, autogestivo, independiente y extracéntrico (con lo que cuesta ser escuchados –leídos– cuando la voz no nace en una gran urbe), consideramos valioso, urgente y necesario sostener este modo de hacer comunicación. A nuestro modo, con las herramientas que tenemos, hemos elegido el camino del debate, la pluralidad de ideas y el de contar algunas verdades que pueden resultar incómodas.
Lo hacemos con el convencimiento de que vale la pena, y alimentados por el apoyo de lectores/as y suscriptores/as que han hecho de este proyecto un laburo sustentable.
En medio de las urgencias, parece una discusión menor la forma y los recursos con los que se cuenta o refleja la realidad, pero lo cierto es que lo que podamos pensar y relatar de lo que estamos viviendo es casi el único insumo para una acción transformadora que nos saque de esta inmovilidad que todos los días nos pretende hacer sentir más impotentes.
Gracias por estar ahí del otro lado, sobre todo, en tiempos de malas.