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Hay una máxima muy conocida y muy cuestionada en los últimos tiempos en el ámbito político y político-partidario: “Donde existe una necesidad, nace un derecho”, inmortalizó Eva Perón. Esta premisa funcionó durante varias décadas en Argentina como un norte ético y político del contrato social: la convicción de que las carencias de la ciudadanía son deudas del Estado y que como tal tiene la obligación constitucional y moral de reparar. Sin embargo, hoy en día la frase parece haberse reformulado implacablemente. Entonces: donde existe una necesidad, nace una asociación civil.
Este desplazamiento semántico es, en realidad, una mutación radical en la arquitectura de la vida en común. Como advierte el investigador Luciano Andrenacci al analizar las transformaciones de las políticas sociales, hemos transitado desde un modelo cuyo centro de gravedad residía en la extensión de protecciones públicas universales hacia un esquema de contención focalizada, fragmentada y librada al equilibrio inestable del mercado.
El programa del gobierno actual, en sus tres niveles, persigue la retirada explícita del Estado de sus funciones de amparo. Al desfinanciar la salud, la educación, los programas de asistencia alimentaria, y sin políticas que incentiven el trabajo, se dinamita aquello que llamamos el piso de ciudadanía: ese umbral mínimo de dignidad que garantiza que los derechos no dependan del código postal, de la caridad ajena o de la buena voluntad de las personas.
EL TERCER SECTOR COMO BOMBERO DEL ESTADO
Cuando el Estado abdica de su rol garante, la sociedad se ve empujada a improvisar trincheras de supervivencia. Es allí donde el tercer sector —las asociaciones civiles, las fundaciones y los comedores comunitarios— irrumpe para apagar los incendios de la emergencia cotidiana. No obstante, en esa tarea heroica se esconde una trampa perversa. Según Alfredo Carballeda, al estudiar los complejos escenarios de la intervención social, los procesos de exclusión contemporáneos suelen delegar en el tejido comunitario la resolución de problemáticas estructurales que el propio modelo económico profundiza. Al amortiguar el impacto directo del hambre y la desidia estatal, el tercer sector cumple, sin proponérselo, un rol de amortiguador político que le permite al gobierno profundizar el ajuste sin asumir el costo inmediato del colapso social.
En consecuencia, la proliferación y la creación de las asociaciones civiles encierran una profunda paradoja: por un lado, la sustitución ilegítima en la que las ONGs asumen roles que le corresponden al sector estatal y, por otro, proponen un parche estructural que suaviza el impacto que conlleva el (o los) ajuste (s).
“Los procesos de exclusión contemporáneos suelen delegar en el tejido comunitario la resolución de problemáticas estructurales que el propio modelo económico profundiza”
Este vaciamiento encubre, además, una mistificación peligrosa: la pretensión de reemplazar la justicia social por las formas arcaicas de la beneficencia y la filantropía. Frente a la concepción del derecho —que es universal, simétrico y exigible—, la caridad opone la lógica de la jerarquía y la discreción. El derecho se reconquista y se ejerce; la limosna se agradece y se sujeta al humor del donante o a la rentabilidad del mercado. El discurso oficial glorifica esta privatización de la solidaridad, ignorando que transformar la dignidad humana en objeto de la filantropía corporativa equivale a degradar al ciudadano a la condición de mero interpelado por la limosna.
Además, no podemos dejar de encubrir lo que trae consigo el “trabajo de la beneficencia”: las entrañas de las propias asociaciones civiles, donde se transparenta descarnadamente la precariedad laboral y la explotación del compromiso militante. Sostenidas casi en su totalidad por el trabajo autogestionado de profesionales precarizados y, fundamentalmente, por el trabajo invisibilizado de muchas personas que ponen el cuerpo a las necesidades, muchas veces básicas, de las personas.
Es así como el Estado transfiere la responsabilidad de cuidar a los sectores pulverizados por la crisis, pero lo hace sin recursos, forzando a poner tiempo, cuerpo, salud mental y hasta ingresos propios a los integrantes de estas organizaciones, produciéndose un mecanismo circular en el que el sistema se alimenta de la precarización de quienes cuidan.
Pero es necesario precisar una distinción fundamental, lejos de cualquier simplismo dicotómico. Advertir sobre este mecanismo de tercerización forzada no constituye un ataque a las asociaciones civiles ni una reivindicación nostálgica de una estatización burocrática, vertical y asfixiante de la vida social.
Quienes ponemos el cuerpo cotidianamente en una organización civil sabemos de sobra el valor insustituible de la solidaridad organizada, de la autonomía comunitaria y de los lazos de cercanía que el Estado jamás podrá suplantar por completo. El problema real no es la existencia de las organizaciones de la sociedad civil, sino lo que se oculta sigilosamente detrás de su sobre exigencia: el Estado se retira, no para potenciar la libertad comunitaria, sino para descargar sus responsabilidades constitucionales sobre los hombros de quienes menos tienen, convirtiendo la autogestión en un recurso de supervivencia obligatoria ante el desamparo.
“Advertir sobre este mecanismo de tercerización forzada no constituye un ataque a las asociaciones civiles ni una reivindicación nostálgica de una estatización burocrática, vertical y asfixiante de la vida social”
Una democracia no puede refundarse sobre la premisa del sálvese quien pueda, ni su salud institucional se mide por la cantidad de merenderos que la comunidad logra abrir a pulmón para compensar la crueldad estatal.
Las asociaciones civiles son el síntoma indiscutible de la vitalidad y la solidaridad entrañable de nuestro pueblo, pero jamás pueden ni deben constituirse en el reemplazo de las obligaciones de la política pública.
Frente al designio gubernamental de fragmentar los lazos colectivos y reducir la ciudadanía a la intemperie, se vuelve necesario rescatar el sentido profundo de lo público. Porque donde existe una necesidad, en nuestra democracia, debe nacer, imperativamente, un derecho.
