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La agroecología no trata de una discusión sobre técnicas o prácticas agrícolas, su contribución nos lleva a un debate eminentemente político sobre qué modelo de desarrollo queremos. Es el desafío de transformar de fondo los sistemas agroalimentarios para romper con la dependencia de esquemas extractivistas y empobrecedores, garantizando la producción de alimentos saludables, el sostenimiento digno de los ingresos y la soberanía alimentaria de la comunidad.
En este camino, Gualeguaychú supo posicionarse tempranamente frente a otros procesos de la región, demostrando que apostar por la soberanía alimentaria requiere articulación, participación de la sociedad civil y decisión política mucho más allá de los discursos. Las experiencias de Gualeguaychú y Concordia exhiben hoy los avances, las tensiones y las oportunidades imprescindibles para construir una agenda política de alcance provincial.
En una reciente entrega de la serie Cultivar Futuro, el horticultor Carlos Boss expuso cómo elabora sus propios biopreparados y produce bajo pautas agroecológicas. Su caso evidencia una realidad ineludible: transformar el modelo productivo exige conocimiento, inversiones y mercados de cercanía, donde el esfuerzo individual y asociativo es clave, pero resulta insuficiente sin acceso al crédito, asistencia técnica y la infraestructura necesaria para la producción.
LOS APRENDIZAJES LOCALES Y EL LABERINTO NORMATIVO
Gualeguaychú ha sido pionera en la materia, hacia 2018 reportaba 25 toneladas de verduras destinadas a programas de adquisición de alimentos e impulsaba el Plan de Alimentación Sana, Segura y Soberana (PASSS), articulando a agricultores/as, al Grupo de Abastecimiento Local (GAL-INTA) y a la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) en la colonia agroecológica Las Piedras.
Para 2021, la red abarcaba más de 180 familias en catorce huertas comunitarias y una presencia activa de productores en ferias locales. Sin embargo, el eje del debate político-jurídico viró hacia la regulación de insumos: la prohibición municipal del glifosato sancionada en 2018 fue declarada inconstitucional por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos en septiembre de 2024 y derogada por el Concejo Deliberante en diciembre del mismo año.
El episodio dejó una enseñanza: restringir o prohibir es fundamental, sin embargo, no alcanza para transformar. La transición agroecológica requiere alternativas viables como los bioinsumos, por ejemplo (en 2020 la ciudad produjo 8.000 litros de bioles).
Por su parte, Concordia aportó una solución institucional para la comercialización mediante la Ordenanza 36.909 de 2019, que creó un Sistema Participativo de Garantía (SPG). En lugar de certificaciones privadas costosas, este mecanismo reúne en un trabajo articulado a la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) —Facultad de Ciencias de la Alimentación y el Instituto de Estudios Sociales INES CONICET—, INTA, INTI, SENASA, Agricultura Familiar, la Municipalidad, grupos de productores y organizaciones como la Cooperativa Pirí Hué.
En 2022 se entregaron los primeros sellos agroecológicos, validados tras visitas cruzadas, análisis de agua y estudios de residuos. Este tipo de mecanismos tiene un impacto regional comprobado: un relevamiento de COPROFAM y CEPAGRO identificó 225 SPG en ocho países de América Latina, demostrando que fortalecen la organización colectiva y las oportunidades comerciales para la agricultura familiar.
BIOINSUMOS, ESCALA ASOCIATIVA Y REFERENCIAS REGIONALES
Ambas ciudades desarrollaron estrategias complementarias: mientras Gualeguaychú se enfocó en la producción local y el abastecimiento de cercanía, Concordia avanzó en mecanismos participativos de certificación para facilitar la comercialización. Sin embargo, uno de los principales cuellos de botella para la agroecología sigue siendo la escala. Cuando cada agricultor o agricultora resuelve en solitario el transporte, la preparación de insumos y la venta, la actividad se hace muchas veces inviable. La organización en cooperativas y redes echa luz al tema—como las experiencias registradas en Tabossi y Basavilbaso—, permite compartir maquinaria, coordinar calendarios para abastecer comedores u hospitales y construir precios justos.
La región ofrece referencias valiosas para fortalecer la autonomía productiva. Brasil aprobó la Ley 15.070/2024, que reconoce la producción de bioinsumos para uso propio, impulsó la Red BioAF y destina financiamiento a una Red Nacional de Semillas Agroecológicas.
Uruguay, a través de su Plan Nacional de Agroecología, escaló el manejo hortícola biológico a 180 establecimientos e inventarió sus recursos genéticos nativos y criollos con la participación de múltiples instituciones.
Ambas experiencias muestran que la conservación de semillas y la adopción de insumos biológicos reducen dependencias y riesgos productivos, siempre que se acompañen con investigación, formación y controles de calidad.
LA SALUD PÚBLICA SE CULTIVA
Las transformaciones de los sistemas agroalimentarios demandan tiempos que superan los ciclos políticos de gobierno. Si la nutrición, la preservación ambiental y la producción de alimentos están íntimamente entrelazadas, resulta anacrónico diseñarlas en compartimentos estancos y sin la perspectiva de acompañar una transición en serio.
En 2025 ingresó a la Cámara de Diputados de Entre Ríos un proyecto de ley de fomento a la agroecología que propone registros, compras públicas, incentivos financieros y redes de certificación. Entre Ríos cuenta con el conocimiento de sus productores y productoras, sus organizaciones, el sistema científico y tecnológico, la capacidad de sus universidades y la experiencia de sus municipios. El desafío está en articular estas herramientas en una estrategia de Estado permanente, garantizando que la soberanía sobre las semillas y el cuidado de la tierra se traduzcan en salud para la población y viabilidad económica para quienes la trabajan.
Finalmente, y como estamos hablando de sistemas alimentarios, recordemos que la alimentación en las escuelas debería abastecerse de producción agroecológica, revalorizando los mercados de cercanía, llevando a la mesa alimentación saludable y previendo que la compra publica de alimentos contenga una preferencia y cuota dirigida a la agroecología.
