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Hay verdades que cotizan en bolsa y verdades que se archivan en un expediente administrativo. Para entender el profundo entramado de este sistema, Marcos Filardi, abogado especialista en soberanía alimentaria y miembro de la Red de Abogadas y Abogados por la Soberanía Alimentaria (Redasa), desgrana en una entrevista con La Mala los eslabones de un modelo que opera con la complicidad estructural de la política y los mercados.
Este análisis cobra una dramática actualidad frente a la embestida institucional que el gobierno argentino ejecuta por estos días: el avance formal hacia el proceso de exoneración de Virginia Aparicio, investigadora del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Su delito no fue otro que hacer ciencia digna. Aparicio integró el equipo del proyecto internacional SPRINT, un consorcio financiado por la Unión Europea destinado a mapear la presencia de agrotóxicos en el ambiente y en los cuerpos humanos. Los resultados en Argentina fueron tan transversales como aterradores: el 86% de las personas analizadas portaba un cóctel de agroquímicos circulando por su sangre, orina, placenta y leche materna.
La respuesta oficial ante semejante radiografía no contempló ninguna alerta sanitaria ni la revisión del modelo productivo. La secuencia represiva tuvo la precisión de una directiva dictada por la Mesa de Enlace: primero se decretó la censura explícita del informe (octubre 2023); luego, el retiro unilateral del INTA del consorcio internacional bajo la rúbrica del entonces presidente del organismo, Mariano Garmendia (diciembre 2023); y finalmente, la apertura de un sumario punitorio para expulsar a la científica y convertirla en una paria administrativa, esta última etapa se inició durante la gestión de Alberto Fernández, con Garmendia a la cabeza, y culminó durante la gestión actual con Nicolás Bronzovich a la cabeza del organismo.
“Los resultados en Argentina fueron tan transversales como aterradores: el 86% de las personas analizadas portaba un cóctel de agroquímicos circulando por su sangre, orina, placenta y leche materna”
Para comprender cómo una investigadora pública termina acorralada por medir veneno en la sangre de la población, Marcos Filardi nos propone desarmar la arquitectura del agronegocio.
LA MATRIZ DEL MONOCULTIVO: LA RADIOGRAFÍA DE MARCOS FILARDI
Marcos define con precisión quirúrgica los cimientos de este sistema agroindustrial dominante: “El agronegocio es el entrelazamiento de actores que operan dentro de un sistema agroindustrial dominante”, señala el especialista.
A diferencia de la narrativa idílica de “el campo que alimenta al país”, la arquitectura real del modelo responde a una dinámica de concentración extrema. Según detalla Filardi, el esquema opera a través de tres eslabones fundamentales:
1. La producción comoditizada: Monocultivos estandarizados (soja, maíz, algodón) bajo un paquete tecnológico cerrado de semillas transgénicas, agrotóxicos y fertilizantes sintéticos.
2. La intermediación oligopólica: Un puñado de corporaciones transnacionales que controlan desde los insumos agrícolas y la genética animal hasta el procesamiento de granos y las cadenas hipermercadistas.
3. El alimento como mercancía: La comida reducida a un activo financiero sujeto a las reglas de la oferta y la demanda dentro de una economía capitalista, donde quien no posee dinero o medios se refugia obligatoriamente en carbohidratos, grasas y azúcares baratos.
Este engranaje no nació por generación espontánea. Su piedra angular se colocó el 25 de marzo de 1996, cuando se autorizó la comercialización de la primera soja transgénica en el país. Desde entonces, advierte Filardi, el modelo ha sido sostenido sin excepción por todos los gobiernos de distinto signo político, debido a que los derechos de exportación y las retenciones convirtieron al Gobierno argentino en socio principal y fuente de caja fiscal.
EVOLUCIÓN DEL MODELO TRANSGÉNICO EN ARGENTINA
• Marzo de 1996: Ingreso formal de los transgénicos.
• Uso intensivo: Incremento del 1.500% en el volumen de agrotóxicos utilizados.
• Territorio: Más del 80% de la superficie cultivable destinada a commodities.
• Impacto: 600 millones de litros de agroquímicos arrojados por año sobre las poblaciones.
EL PRECIO DEL «ÉXITO» AGROEXPORTADOR
Mientras el discurso corporativo repite que el modelo produce alimentos para diez veces la población nacional, Filardi desmantela esa premisa al contraponerla con las realidades crudas que atraviesan los territorios:
• Soberanía sanitaria y cuerpos invadidos: Citando los relevamientos del Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad Nacional de Rosario, Filardi recuerda que se han transformado los modos de enfermar y morir en Argentina, disparando los casos de cáncer, disrupción endocrina, hipotiroidismo, infertilidad y trastornos neurológicos. Los agrotóxicos no solo afectan a los pueblos fumigados, sino a toda la población, habiéndose encontrado rastros de veneno en sangre, orina, cabello y cordones umbilicales en cada rincón del país.
• Degradación ambiental y de suelos: La práctica del monocultivo intensivo degradó hasta el 50% de la fertilidad de los suelos de la Pampa Húmeda, despojó a los cultivos de valor nutricional y provocó graves procesos de deforestación en la región del Chaco.
• Desplazamiento rural y concentración: Entre los censos agropecuarios de 2002 y 2018, el modelo generó una suerte de reforma agraria a la inversa, expulsando a más de 100.000 productores de la agricultura familiar, campesina e indígena.
• Emergencia alimentaria crónica: Argentina arrastra una emergencia alimentaria ininterrumpida desde el año 2002, con porcentajes de pobreza e indigencia estructurales que nunca descendieron del 30%.
LA CIENCIA QUE ESTORBA Y EL CONTROL DEL SABER
El caso de Virginia Aparicio en el INTA no representa un hecho aislado, sino un eslabón más en una cadena sistemática de persecuciones institucionales, detalla Filardi. El primer gran antecedente histórico fue el del embriólogo Andrés Carrasco, investigador de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza en América Latina (Uccsnal), quien demostró experimentalmente la capacidad del glifosato de causar malformaciones congénitas durante el desarrollo embrionario o fetal. Tras publicar su hallazgo junto al periodista Darío Aranda en el diario Página/12, Carrasco sufrió una persecución directa impulsada por el entonces ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao (designado inicialmente bajo la gestión de Cristina Fernández y mantenido posteriormente en la administración de Mauricio Macri), además de presiones diplomáticas por la embajada de Estados Unidos y bloqueos sistemáticos a sus ascensos en el Conicet.
“Los agrotóxicos no solo afectan a los pueblos fumigados, sino a toda la población, habiéndose encontrado rastros de veneno en sangre, orina, cabello y cordones umbilicales en cada rincón del país”
De manera similar, el investigador Damián Verzeñassi debió enfrentar el encadenamiento físico y la clausura de las oficinas donde resguardaba los datos de los campamentos sanitarios de la Universidad Nacional de Rosario tras declarar en el Tribunal de la Sociedad Civil contra Monsanto.
LAS PUERTAS GIRATORIAS Y LA COMPLICIDAD MEDIÁTICA
Para Marcos Filardi, la supervivencia de este modelo hegemónico se explica a través de dos grandes mecanismos de poder:
1. Las puertas giratorias en la política: La ocupación directa de cargos públicos de relevancia por parte de altos ejecutivos corporativos. Entre los ejemplos mencionados por Filardi figuran Leonardo Sarquís, exgerente de semillas para el Cono Sur de Monsanto, exministro de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires con la gobernadora María Eugenia Vidal, y posteriormente designado en Parques Nacionales bajo la administración de Javier Milei; y Antonio Aracre, ex-CEO de Syngenta para América Latina, quien asumió brevemente como jefe de asesores de la Presidencia de la Nación durante la gestión de Alberto Fernández, coincidiendo curiosamente con visitas oficiales a plantas corporativas.
2. El blindaje de los grandes multimedios: Grupos como Clarín y La Nación operan como correas de transmisión ideológica y comercial del agronegocio, participando activamente de exposiciones rurales, financiados por la pauta publicitaria privada y estatal, y aplicando un cerco de silencio o tratamientos efímeros cada vez que un caso de intoxicación o denuncia ambiental perfora la agenda pública.
UN DILEMA DE SOBERANÍA
La persecución implacable contra Virginia Aparicio expone con crudeza los límites institucionales de una democracia que tertulia con los intereses del capital concentrado. Tal como sintetiza Filardi, cuando la ciencia deja de ser un instrumento de validación corporativa y se pone al servicio de los pueblos, el aparato estatal atravesado por los poderes del agronegocio activa sus mecanismos de castigo, demostrando que en Argentina el derecho a la salud y a la verdad continúan subordinados al lucro de los comisionistas de la tierra.
