En los últimos años, la provincia de Entre Ríos se convirtió en un factor determinante para la explotación petrolera de Vaca Muerta. Esto es así por la calidad de la arena que se extrae en la zona de Islas del Ibicuy, para recorrer más de 1.000 kilómetros, en camión y en tren, y finalmente ser utilizada en el proceso de fracking, mediante el cual se extra gas y petróleo.
En la nota titulada “Arena entrerriana: falta de controles y huella ambiental de un negocio multimillonario”, el abogado de Gualeguaychú, Ricardo Luciano, principal promotor de las denuncias contra el gobierno de Entre Ríos (durante la actual gestión y durante la gestión del ex gobernador Gustavo Bordet -PJ-) y contra una de las areneras por los efectos contaminantes de esta producción, señaló varias situaciones, de las que la Provincia tomó nota y solicitó el derecho a réplica.
Entre ellas, Luciano recordó que el Decreto 4977/09 de Entre Ríos establece que las empresas que consumen mucha agua subterránea, primero, deben hacer un estudio hidrogeológico, pero que, en el caso de las areneras, no se hizo. Ante ello, el abogado presentó un recurso de amparo, a partir del cual el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER) ordenó, en septiembre de 2022, que este estudio se realice.
En este punto, desde la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos cuestionaron lo expresado por el abogado y brindaron información sobre el “Convenio de Asistencia Técnica entre Gobierno de Entre Ríos – Ministerio de Desarrollo Económico y Universidad Nacional del Litoral” para la realización del estudio hidrogeológico en el Departamento de Islas del Ibicuy.
Este estudio está en ejecución, es llevado adelante por etapas y tiene como representante del gobierno provincial a otro abogado gualeguaychuense: Osvaldo Fernández, actualmente director General Legal y de Gestión Ambiental del Agua, de la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos.
En este marco, La Mala accedió a un documento que ofrece una “breve descripción de tareas en curso contempladas en la 2da etapa” del estudio realizado, y tiene por fecha el 4 de marzo 2026.
“El 15 de diciembre próximo pasado, la UNL recibió el pago correspondiente al envío en tiempo y forma del informe preliminar comprometido en la primera etapa del mencionado estudio”, sostiene el informe. Y detalla: “De acuerdo a los términos del Convenio, las actividades programadas para esta etapa (mes 2 al 4), incluyen: 1) la realización de una salida a campo con fines de reconocimiento de la zona y soporte al conocimiento de la geología/geomorfología; 2) el estudio de geofísica in-situ por parte del Instituto de Hidrología de Llanuras; 3) la integración de información antecedente y nueva información geofísica relevada, Modelo Digital del Terreno (MDT); 4) la descripción litológica de las formaciones geológicas, distribución espacial, posibles espesores; y 5) la propuesta preliminar de potencial ubicación de perforación de estudio”.
LA DENUNCIA DE CADOPPI FRIGERIO
Otra de las voces que se alzaron contra las consecuencias de la extracción de arena en el sur entrerriano fue el ingeniero agrónomo y productor agropecuario Carlos Cadoppi Frigerio, pariente del gobernador Rogelio Frigerio y vecino de la planta de extracción y lavado de arena “La República”, de Cristamine S. A.
En la nota que generó este derecho a réplica expuso: “A partir del año 2017, al comenzar a trabajar sin autorización por parte de la Secretaría de Ambiente de la provincia, la planta, antes La Vertiente, ahora La República, de Cristamine S.A., comencé a notar agua en el campo familiar donde habito, sin que haya crecientes en la zona. Recorriendo el lugar pudimos comprobar que el Arroyo Cuartillo estaba siendo taponado por arenas excedentes del lavado de las mismas. Hablé con los directivos de la empresa y negaron tener responsabilidad alguna pese a la contundencia de las pruebas de lo contrario”.
“Si bien es verdad que el establecimiento podría haber provocado un impacto hidráulico sobre el arroyo como consecuencia del descarte de agua con sedimentos en el curso de agua, esta situación fue resuelta satisfactoriamente”
Respecto a las responsabilidades políticas, Cadoppi Frigerio contó que en febrero de 2024 tuvo una entrevista con el gobernador Rogelio Frigerio, a quien le presentó el estado de situación que, según el denunciante, contemplaba falta de control en la explotación; impacto sobre flora, fauna y suelo; contaminación del agua de consumo humano; impacto de la arena y el polvo de sílice en la salud humana en especial fibrosis silícica, entre otros puntos.
“Me informó el Gobernador que el tema se trató en una reunión de Gabinete y que se tomarían las acciones acordadas en la reunión que mantuviéramos. Además, me dijo que iban a poner una balanza permanente al lado de Gendarmería. Pero nada de eso se cumplió”, cuestionó el productor. Y aseguró: “No hay controles en este negocio, y no hay controles porque hay corrupción. Nadie controla la cantidad de camiones ni el destrozo que están haciendo en las rutas. Están destrozando el patrimonio provincial y el patrimonio nacional, es la entrega ignominiosa a las areneras”.
Ante la grave denuncia de Cadoppi Frigerio, desde la Secretaría de Ambiente indicaron que “si bien es verdad que el establecimiento podría haber provocado un impacto hidráulico sobre el arroyo como consecuencia del descarte de agua con sedimentos en el curso de agua, esta situación fue resuelta satisfactoriamente”.
“Las obras de rehabilitación exigidas por el informe técnico N° 246/21 del Área de Gestión Ambiental fueron efectivamente implementadas al resolver el tapón y lograr un sistema de circulación de agua, por lo cual no existe evidencia de que actualmente la planta esté generando un impacto ambiental significativo sobre el curso de agua”, sostiene el expediente R.U. N° 3.158.579/24, que lleva como asunto “Impugnación de estudio de impacto de arenas y plantea de lavado la República de Cristamine S.A.”, de febrero de 2024. Este documento tiene la firma de la ingeniera Rosa Hojman, secretaria de Ambiente del gobierno de Entre Ríos.
En el mismo informe se sostiene: “de igual manera, se han cumplido las recomendaciones vertidas en el informe de la ex Dirección General de Hidráulica, ya que el sistema de extracción de agua no vuelca el efluente al arroyo, sino que lo recircula, lo cual quedó plasmado en la inspección de fecha 23/06/2022 y su correspondiente informe técnico”.
En tanto, respecto a la denuncia por falta de controles, desde la Dirección de Desarrollo Minero de la provincia ofrecieron un cuadro comparativo que muestra inacción durante la gestión anterior (años 2022 y 2023) y el contraste con los números de la actual gestión provincial: viajes de fiscalización realizados (55 a noviembre del 2025), multas notificadas (28 a la misma fecha) y recaudación ($184 millones en 2024, contra $3.106 millones a noviembre de 2025), entre otros puntos destacados.
LA RESPUESTA DE FERNÁNDEZ
El Decreto Nº4977/09 de Entre Ríos determina a la Secretaría de Ambiente como responsable de regular y controlar la extracción de arena en la provincia. Su artículo 1° sostiene que “la Secretaría de Medio Ambiente será la Autoridad de Aplicación del presente Decreto”, mientras que en su segundo artículo determina que “ningún emprendimiento o actividad que requiera de un Estudio de Impacto Ambiental podrá iniciarse hasta tener el mismo aprobado, por la Autoridad de Aplicación”.
En esta línea, a modo de ejemplo, Ricardo Luciano contó: “En octubre del 2023, el juez federal de Gualeguaychú Hernán Viri los clausuró y así sigue hasta ahora. Además, a principio de este año Osvaldo Fernández, abogado de la Secretaría de Ambiente, presentó un escrito pidiendo que el juzgado le informe lo que yo informaba sobre esa clausura en informes periodísticos, pero el juez Viri le negó la información porque no es parte del expediente. Palmario que no controlan nada, si entras a la arenera están las fajas de clausurado desde esa fecha. Prefectura tiene orden de ir todas las semanas a controlar eso, si los de la Secretaría se dignaran a clausura in situ no tendría que hacer ese papelón Osvaldo Fernández ante el juez”.
Ante esta acusación, el propio Fernández respondió: “No es real que hayamos pedido información sobre las clausuras de las areneras, lo que pedimos al Juez fue información sobre la supuesta clausura de un pozo de agua de la Empresa Cristamine, consulta que fue debidamente contestada por el Juzgado”.
En esta línea, en el expediente que lleva la firma de la ingeniera Rosa Hojman, secretaria de Ambiente del gobierno de Entre Ríos, se aclara que se trata de “un sistema de captación de agua pluvial y no de un pozo subterráneo”. Y, seguidamente, se agrega: “De cualquier manera, surge que la empresa ha cumplido con la manda judicial al desmontar el sistema de captación de agua pluvial”.
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL ACUMULATIVO
Jorge Daneri es abogado y miembro de la Asociación Argentina de Abogadas/dos Ambientalistas, y en la nota publicada por La Mala dijo que “no se pueden seguir haciendo sólo un estudio de impacto ambiental de un emprendimiento, hay que llevar a cabo un estudio de impacto ambiental acumulativo de todos los emprendimientos para poder dimensionar si el estudio es serio”.
“Esto es muy relevante porque estamos parados sobre tres áreas naturales protegidas. En parte del área natural protegida del Paraná medio, el área natural protegida del departamento Victoria y área natural protegida de humedales de los departamentos de Concepción del Uruguay, Gualeguaychú e Ibicuy. Es decir, la mayoría de los proyectos extractivistas de las arenas para Vaca Muerta en ejecución están dentro de áreas naturales protegidas, que, en realidad, en este tema, están en gran medida desprotegidas”, apuntó Daneri.
“La intensidad de esta alteración aumenta al incrementarse el número de explotaciones como ha ocurrido en Ibicuy entre fines de 2015 y principios de 2016”
Al respecto, desde la Secretaría de Ambiente brindaron información sobre el “Estudio de impacto ambiental acumulativo para la extracción de arena silícea”, realizado en Islas del Ibicuy por el Instituto de Recursos Minerales de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata.
Entre las conclusiones del “Informe final” de este estudio, que tiene fecha de noviembre de 2023 e involucró a todas las areneras del continente, se concluye que: “La identificación y caracterización de los impactos geoambientales puso de manifiesto que las alteraciones más importantes de la actividad arenera en la zona de Ibicuy son las debidas a las aperturas de canteras y el avance de estas labores, dado que implican una alteración crítica sobre la morfología del relieve que es el elemento soporte sobre el que se estructuran el resto de los componentes del paisaje, escenario marco de las distintas actividades humanas del lugar”.
“A su vez, las alteraciones sobre la morfología condicionan y modifican el drenaje superficial. Obviamente, la intensidad de esta alteración aumenta al incrementarse el número de explotaciones como ha ocurrido en Ibicuy entre fines de 2015 y principios de 2016 cuando comienza a crecer la demanda de arena en Ibicuy para abastecer a la producción no convencional de hidrocarburos de Vaca Muerta”, expone el documento.
Además, dice: “Estas alteraciones sobre la morfología del relieve, el drenaje superficial y el paisaje, se manifiestan particularmente en el Área de Influencia Directa de los proyectos analizados, y merecen una especial atención por parte de las autoridades locales en cuanto a la necesidad de una zonificación de usos del suelo para el Departamento Islas de Ibicuy y en particular para el Distrito Ibicuy, y a nivel más regional un plan de ordenamiento territorial que establezca lineamientos para poder integrar estos pasivos ambientales nuevamente al paisaje como unidades productivas ganaderas, refugios de fauna o humedales artificiales, lo que permitiría orientar los planes de remediación individuales de cada establecimiento para que puedan converger y formar parte integral de una planificación a nivel regional”.
Otro de los puntos importantes del documento destaca la necesidad de implementar acciones de mitigación, específicamente aquellas vinculadas a la comunicación y la participación ciudadana. “Para lograr esto resulta relevante instrumentar acciones, tanto desde el ámbito privado como del público (como promotor e indelegable garante), que apuntalen la actividad y que al mismo tiempo fortalezcan la prevención y mitigación de riesgos e impactos y garanticen una amplia participación ciudadana”, detalla.
En este sentido, desde Ambiente se indicó que la participación ciudadana “es parte de nuestros pilares de gestión”, al tiempo que se enfatizó que “en el caso de Islas del Ibicuy, ya se han hecho cuatro audiencias en diferentes expedientes, que es una forma de participación ciudadana”.
De esta manera, el Gobierno provincial contestó y aclaró varias de las denuncias y afirmaciones hechas por ciudadanos entrerrianos y publicadas por este medio. Aportando información oficial sobre un tema cada vez más preponderante para el desarrollo económico y, sobre todo, para el cuidado del ambiente.