Paraná fue sede, días pasados, del tercer Encuentro Provincial de Derechos Humanos de Entre Ríos. Una jornada convocada por la Red de Organismos de Derechos Humanos de Entre Ríos (Rodher), La Solapa y la Multisectorial de Derechos Humanos, en el marco de los 50 años del golpe cívico, militar, eclesiástico y económico.
En ese contexto, participamos de la Comisión de Salud y Derechos Humanos coordinada por Guillermo Zanutinni (ex subsecretario de Redes Integradas de Servicios de Salud y ex secretario de Políticas Públicas de Salud y Bienestar), donde se discutió algo que debería ser evidente y que, sin embargo, hay que volver a decir: cuando el Estado desmantela todas las redes del sistema de salud, no está fallando, está eligiendo.
Esa distinción importa. No es lo mismo un sistema que colapsa por una pandemia que uno que retrocede por decisiones con nombre y presupuesto. El Programa Remediar, que desde 2002 garantizó medicamentos en el primer nivel de atención, fue vaciado. Los programas de salud sexual y reproductiva fueron recortados. En nuestra provincia la Secretaría de Redes Integradas fue cerrada. Las redes perinatales, de laboratorio, de supervisión de competencias, disueltas. Nada de eso es negligencia. Es política.
Lo que quedó después de esa desarticulación no es un sistema descentralizado. Es una suma de efectores sin articulación, en la que la posibilidad de sostener un tratamiento depende de la capacidad de gestión de cada institución y sus directivos. Para conseguir insumos, un efector tiene que solicitar ampliación presupuestaria, esperar autorización ministerial y aguardar que los fondos aparezcan en la partida del mes siguiente. En una crisis sanitaria, eso no es burocracia: es una forma de negar el acceso.
En Entre Ríos, el caso más claro de este giro es la transformación del Iosper en OSER. Fue el tema más nombrado del panel. Conviene ser preciso: no es una reorganización administrativa, es el reemplazo del principio de solidaridad por una lógica de mercado. Menos prestaciones, más coseguros, más trámites, más amparos judiciales como única vía para acceder a lo que debería ser un derecho garantizado. El Iosper no era el modelo ideal —nadie lo afirma— pero tenía una orientación; la OSER clausura esa orientación.
El debate en el congreso fue directo respecto a la OSER, marcando tres ejes concretos: Mayor representatividad del sector trabajador en la conducción; reconocimiento real de la asamblea de afiliados como instancia de control; integración de la obra social a la política sanitaria oficial. No son demandas abstractas, son condiciones mínimas para que una obra social funcione como obra social y no como administradora de costos.
Otras demandas que fueron surgiendo tuvieron destinatarios específicos. Al gobierno de Rogelio Frigerio y al ministro de Salud Daniel Blanzaco: que sea publicado el alcance real de las compras centralizadas de medicamentos, con desglose por efector y región; y detener la transformación de Iosper mientras no haya instancias reales de participación. Al gobierno de Javier Milei: recuperar la rectoría sanitaria —porque descentralizar responsabilidades sin transferir recursos no es federalismo, es abandono— y restablecer los programas desfinanciados. A la Legislatura provincial: declarar la Emergencia Sanitaria en el primer nivel de atención, con partida presupuestaria y mecanismos de control público, con especial mención a la Salud Mental.
Hay algo que vale la pena nombrar en el contexto de este encuentro. Los 50 años del golpe son también una pregunta válida sobre las continuidades. El golpe del 76 destruyó instituciones sanitarias, desarticuló redes de cuidado comunitario, persiguió a los profesionales de salud mental que trabajaban desde una perspectiva colectiva. No todo lo que vino después reconstruyó lo que se perdió. Y parte de lo que hoy se desmantela tiene esa misma expresión.
La salud pública como derecho conquistado no es una frase para un panel. Es una descripción histórica. Se conquistó contra algo. Y cuando ese algo vuelve, con otros nombres y otras formas, pero con la misma lógica, lo que corresponde no es la resignación sino la organización política.
En ese sentido, el encuentro provincial fue claro: los trabajadores del primer nivel no pueden enfrentar solos la crisis de insumos, medicamentos y cobertura. La atomización del sistema no es sólo una consecuencia de esa crisis, también contribuye a profundizarla. Cuando cada efector queda aislado frente a sus problemas, la construcción de respuestas colectivas se vuelve más difícil. Reconocerlo es el primer paso para revertirlo.
Las consecuencias ya están a la vista. Profesionales que se van porque el sistema no los sostiene. Trabajadores que recurren al amparo judicial para acceder a lo que debería ser una prestación básica. Eso no puede reducirse a un problema de gestión.
Frente a este escenario, lo que el congreso propuso no fue una denuncia sin dirección, sino organización con demandas concretas. Que la salud pública sea una conquista que se defiende o se pierde, no es una metáfora. Es una descripción del momento.
