13' de lectura
de guatemala a guatepeor
La situación de la Obra Social de Entre Ríos (OSER, ex Iosper) viene mal desde hace muchísimos años. Cortes en las prestaciones; procesos burocráticos imposibles; demoras en la asignación de turnos sobre prácticas y cirugías; bajos porcentajes de reconocimiento de las coberturas; coseguros ilegales por los cobros retrasados; sueldos bajos de profesionales y la necesidad de recurrir a los amparos o denuncias judiciales como único mecanismo de reclamo efectivo. Todas son monedas frecuentes en la conversación de las familias que están comprendidas dentro de la obra social de los estatales entrerrianos.
Desde ya, la afiliación resulta obligatoria para los/as trabajadores estatales provinciales y, también, los municipales que mes a mes reciben un importante descuento sobre los salarios públicos que se ubican entre los peores de la República Argentina.
El sistema de obligatoriedad de las obras sociales se estableció en 1970 durante la dictadura de Juan Carlos Onganía, mediante la Ley 18.610. Fue un instrumento de negociación con el sindicalismo conciliador de aquellos años, que vio en la administración de las obras sociales de afiliación obligatoria la administración de un enorme caudal de dinero.
De ese modo, el sistema de salud argentino quedó compuesto por tres grandes subsistemas: el público, el de las obras sociales y un, por aquel entonces, pequeño e incipiente sector privado.
Tres años más tarde, en 1973, durante la gobernación de Tomás Pedro Crespo, se creó en nuestra provincia el Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), mediante la Ley Provincial Nº 5.326. Reconvertido en la OSER por la actual gestión de gobierno.
El cambio de denominación quedó plasmado el 9 de junio de 2025, cuando se publicó la Ley Provincial 11.202. Se trató de un claro triunfo político del gobernador Rogelio Frigerio, que se había empeñado (y empecinado) con intervenir la tradicional obra social para “modernizarla” y “transparentarla”.
Las voces críticas no tardaron en pronunciarse frente al proyecto oficialista, especialmente los gremios estatales como Agmer, ATER, AJER, Seosper, Apler y AMET se manifestaron en contra por la pérdida de la participación de los trabajadores en los ámbitos más importantes de toma de decisiones, a favor de funcionarios designados por el Ejecutivo, y por las sospechas de la privatización y negociados encubiertos que amenazaba traer el nuevo esquema.
Sólo UPCN mantuvo, fiel a su tradición, una postura negociadora con el gobierno. Pero los constantes problemas en la prestación de servicios del Iosper, su ineficacia, ineptitud y falta de transparencia llevaron a que las casi trescientas mil personas afiliadas a la obra social entrerriana no se sintieran interpeladas a salir a defender a quien, cotidianamente, padecían. Ese fue el principal capital político de Frigerio para impulsar su reforma y lo supo utilizar.
FRIGERIO ¿EN QUÉ PROVINCIA VIVE?
Más allá de que Rogelio no nació ni vivió en Entre Ríos, contó con los requisitos legales necesarios para que su postulación fuera aceptada por la Justicia Electoral y el pueblo entrerriano lo votó mayoritariamente.
Existieron críticas inmediatas por la composición de su Gabinete de funcionarios que no son ni conocen la provincia y que no tienen la presencia que amerita ocupar un lugar en la Casa Gris.
En diversas ocasiones, las declaraciones del Gobernador lo han mostrado como un desconocedor del territorio que debe administrar, a la vez que no queda nada claro en qué favorece su alineamiento acrítico al gobierno nacional de La Libertad Avanza (LLA), ya que todos los indicadores provinciales empeoraron aún más que la media nacional.
Sin embargo, sus afirmaciones acerca de OSER, han generado un descontento masivo, quizás el peor de su gestión. En una radio expresó, cuando le preguntaron sobre la obra social de Entre Ríos: “En términos relativos, con las otras obras sociales del país, y me animo a decir de gran parte del mundo, es la numero uno, lejos” y comenzó a enumerar los logros de su intervención.
Las declaraciones generan entre risa e indignación, porque nadie que deba usar (o padecer) la OSER se atrevería a decir semejante cosa. De hecho, la obra social entrerriana ocupa un lugar en los medios de comunicación de las localidades provinciales cada vez que la Justicia debe obligarla a cumplir con sus responsabilidades frente al padecimiento de pacientes vulnerables, quienes tienen como último recurso la judicialización de su derecho humano a la salud.
“Son cientos de familias las que crean estrategias, literalmente, de supervivencia frente a las ineficiencias y criterios de exclusión de coberturas de la OSER”
En Concordia, un hombre de 31 años que padece esquizofrenia, discapacidad intelectual y obesidad tuvo que imponer una acción legal para que la OSER le cubriera sus tratamientos. Obtuvo un fallo positivo por parte de la Justicia que consideró que las prestaciones requeridas resultan indispensables para preservar su salud y calidad de vida. Sin embargo, la obra social apeló y tuvo que ser el Superior Tribunal de Justicia (STJ) quien hizo efectiva la sentencia (mientras el paciente padecía) hace tan sólo algunos días.
También en Concordia, la Justicia dictó una serie de sentencias concordantes en acciones de amparo contra la OSER, en las que ordenó brindar cobertura integral, gratuita y urgente de tratamientos en Centros Educativos Terapéuticos y prestaciones complementarias para personas con discapacidad, bajo la modalidad de pago directo al prestador y sin sistema de reintegros.
En Paraná, Marcos Iván Aguilar decidió entonces acudir a los Tribunales con un recurso de amparo que terminó con una condena a la OSER y la obligación de cubrir el 100% del tratamiento del joven que tiene epilepsia idiopática.
También en la capital entrerriana, hace unos meses el juez Mariano Budasoff condenó a la obra social y la obligó a proveer en forma urgente y gratuita un medicamento para tratar un cuadro de diabetes en un afiliado de 58 años.
Son cientos de familias las que crean estrategias, literalmente, de supervivencia frente a las ineficiencias y criterios de exclusión de coberturas de la OSER: combinar el uso de la obra social con el sistema de salud público (que a veces se vuelve difícil porque los hospitales no aceptan pacientes con cobertura); o con el pago de prestaciones urgentes (con la OSER un turno para un estudio de mediana o alta complejidad puede otorgarse con un mínimo de tres meses de demora); en casos abandonan los tratamientos y las consultas de control y, en las situaciones más graves, quienes pueden, recurren al lento sistema de justicia.
EL VÍNCULO ENTRE EL SECTOR PÚBLICO Y EL DE LAS OBRAS SOCIALES
Con la última dictadura militar el sistema público nacional de salud sufriría otra transformación drástica y a contrapelo de todos los esfuerzos que se habían realizados décadas anteriores.
En 1946, el gobierno de Juan Domingo Perón creó el primer Ministerio de Salud de la República Argentina bajo la dirección del destacado médico Ramón Carrillo, quien realizó una revolución sanitaria.
Con la construcción de hospitales escuelas, el desarrollo de la medicina preventiva, el mejoramiento de las leyes de seguridad e higiene en el trabajo para la salud obrera, las campañas de vacunación, los programas de radicación de médicos en las provincias del interior y el tren sanitario el sistema de salud público nacional alcanzó una expansión impensada que transformó la calidad de vida de las familias trabajadoras.
El fin del sistema sanitario argentino integrado y de alcance nacional comenzaría con la última dictadura cívico militar y se consolidaría durante el menemismo, cuando se llevaron a cabo procesos de descentralización del sistema, haciendo recaer el financiamiento y organización de la infraestructura y del personal en cada una de las provincias. El resultado fue la profundización de asimetrías regionales y el debilitamiento del sistema público.
En 1991 la Ley Nacional 24.061 estableció que a partir del 1º de enero de 1992 la Nación transferiría a las provincias la administración y el financiamiento de hospitales e institutos que todavía dependían del Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación. Así ocurrió y así fue como Entre Ríos tuvo que hacer frente al sistema sanitario.
“El juez Mariano Budasoff condenó a la obra social y la obligó a proveer en forma urgente y gratuita un medicamento para tratar un cuadro de diabetes en un afiliado de 58 años”
Dan cuenta de la asimetría sanitaria de nuestro país las coberturas que proveen los establecimientos públicos en cada territorio. Al respecto, el Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana, vinculado a Fundación Mediterránea (nada “progre” ni “kuka”) construyó un “Índice Salud” para las 24 provincias argentinas, clasificándolas en cuatro niveles. En el nivel muy alto se encuentran la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y Tierra del Fuego; en el nivel alto, La Pampa, Neuquén y Santa Cruz; en el nivel medio, Santa Fe, Córdoba y Mendoza; y en el nivel bajo nos encontramos los entrerrianos junto a todas las demás.
La cuestión es que hay una relación delicada y sensible entre el sector público y el de las obras sociales, y vemos a ambos desproteger a la población que deberían cuidar.
Las obras sociales, hoy en día, constituyen el subsector más importante del sistema sanitario (con una cobertura de alrededor del 60%) a pesar de su retroceso por las elevadas tasas de desempleo que llegó al 7,8% en el primer trimestre de 2026.
Las personas que salen del mercado laboral o no tienen empleo registrado no cuentan con los servicios de las obras sociales, no tienen los ingresos para recurrir al sector privado y, por tanto, se ven obligados a recurrir al sistema de salud público que ha alcanzado recortes históricos en los últimos tres años.
Renuncias de profesionales, falta de insumos y vacunas, postergación de cirugías, largas colas durante horas (y desde la madrugada) para la asignación de turnos o fármacos son algunas de las postales de un sistema que todos necesitamos y cada vez más.
En Entre Ríos, según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), cerraron 1.074 empresas desde diciembre de 2023 a marzo de 2026, lo que representan más de 9 mil puestos de trabajo y, por tanto, familias que hoy requieren del sistema de salud público.
A esto se suma la pérdida de empleo de trabajadores de los organismos nacionales en Entre Ríos, sobre los que no hay información precisa todavía. El empleo registrado cae y, consecuentemente, el sistema de salud público se necesita más. La demanda crece y nos cuesta a los entrerrianos que hacemos uso del sistema público de salud visualizar la panacea de la que nos habla el Gobernador.
Mientras tanto, las familias y los/as profesionales de la salud hacen malabares para sostener un sistema que es precario y es el único que tenemos.
