2.818 fueron los días que duró el Proceso de Reorganización Nacional.
4 presidentes de facto se sucedieron entre 1976 y 1983.
600 libros y cientos de películas y canciones fueron prohibidas. Hubo manuales de combate de la subversión para todos los ámbitos de la vida social, incluso los jardines de infantes.
Cero veces se aplicó legalmente la pena de muerte para delitos de orden público, a pesar de haber sido reinstaurada el 24 de marzo de 1976 por la Junta Militar. Una evidencia más del carácter esencialmente clandestino e ilegal del sistema represivo.
814 Centros Clandestinos de Detención funcionaron en todo el territorio nacional como lugar de recepción de personas secuestradas. En ellos miles de personas fueron torturadas y asesinadas sin que sus cuerpos fueran jamás entregados a sus familias.
Cientos de cuerpos fueron arrojados en los “Vuelos de la Muerte” al mar, al Río de la Plata y también a los cursos de agua del Delta entrerriano. Entre las víctimas se encuentran algunas de las primeras Madres de Plaza de Mayo. Otros mecanismos de desaparición de los cuerpos de las víctimas fueron las incineraciones, los enterramientos clandestinos en cementerios y los sepultamientos en fosas comunes.
Cero es la colaboración de los ex represores en aportar información para la recuperación de los cuerpos. Cinco décadas después del golpe siguen sosteniendo su pacto criminal de silencio.
490 niños/as nacieron en cautiverio mientras sus madres estaban en condición de detenidas desaparecidas. En nuestra ciudad hay dos familias que aún sueñan con el reencuentro: la familia Angerosa y la familia Bugnone- Ayastuy.
Cero es la colaboración de los ex represores en aportar información para la restitución de la identidad de aquellos niños/as. Cincuenta años después del golpe siguen manejando el derecho a la identidad y la vida como un botín.
“814 Centros Clandestinos de Detención funcionaron en todo el territorio nacional como lugar de recepción de personas secuestradas”
Una vez la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitó la argentina en 1979 gracias a las persistentes denuncias de exiliados y a la contribución de los medios internacionales que vinieron al país y se encontraron con el desesperado testimonio de los organismos de Derechos Humanos (DDHH). Al irse el país, la CIDH y emitió un informe lapidario en el que se hablaba de la violación sistemática de los DDHH más fundamentales y contaba miles de víctimas.
110 millones de dólares le prestó el FMI a la dictadura en su primer día de gobierno. La deuda externa se multiplicó por seis y casi la mitad de esta deuda fue por la “estatización” de la deuda privada de grandes grupos económicos como Grupo Macri, Techint, Fiat, Ford, City Bank, IBM, Banco Francés, Pérez Companc y otros.
20 mil fábricas se cerraron en medio del programa económico de Martínez de Hoz.
37,4% fue el saldo de pobreza que dejó la dictadura en 1983. En 1975 era del 4,4%
Una vez, gracias a la mediación del Vaticano, se evitó la guerra con Chile.
100 años se cumplieron en 1979 del Centenario de la Conquista del Desierto. El gobierno militar celebró con múltiples actos oficiales aludiendo al triunfo de la civilización y el progreso sobre el salvajismo del desierto.
14.000 personas fueron enviadas a la Guerra de Malvinas, la mayoría eran jóvenes de entre 18 y 19 que estaban haciendo el servicio militar obligatorio y no eran militares de carrera. Las tensiones políticas entre las tres armas se trasladaron al campo de batalla.
649 soldados murieron en la guerra y se suicidaron en democracia más de 350 veteranos, una vez finalizado el conflicto armado.
“La deuda externa se multiplicó por seis y casi la mitad de esta deuda fue por la “estatización” de la deuda privada de grandes grupos económicos”
La junta militar, tras firmar la rendición, ordenó la creación de una Comisión de Análisis y Evaluación de las Responsabilidades del Conflicto del Atlántico Sur, a cargo del Teniente General Benjamín Rattenbach. Las conclusiones fueron lapidarias: la Junta y la jerarquía de las tres armas cometió gravísimos delitos penales y castrenses, pero no fueron condenados. Los militares lo mantuvieron oculto al informe que recién se desclasificó en 2012.
22.924 fue el número de la “Ley (decreto) de Pacificación Nacional” que los militares sancionaron un mes antes de abandonar el poder y fue conocida como Ley de autoamnistía. En ella se justificaban los crímenes cometidos y se declararon extinguidas las acciones penales emergentes de los delitos cometidos con la finalidad de derrotar al terrorismo o subversión desde el 25 de mayo de 1973 hasta el 17 de junio de 1982. Fue derogada por el gobierno de Raúl Alfonsin, lo que permitió la realización del Juicio a las Juntas en 1985.
30 mil son las personas aún en condición de detenidas desaparecidas por la dictadura. El carácter clandestino e ilegal de la represión y el pacto de silencio de los represores imposibilitaron la reconstrucción total de lo que sucedió. A lo que se sumaron voces negacionistas durante y después de la dictadura. Primero se negó que hubiera desaparecidos y después la cantidad de las víctimas con la intención de minimizar lo que sucedió.
La cifra de 30 mil fue construida por los organismos de DDHH a partir de un trabajo complejo que incluyó el análisis de información clasificada, las denuncias recabadas y los datos aportados por organismos internacionales. No es un número exacto, es imposible tenerlo, es un número de denuncia que defendemos.
37 personas nacidas en nuestra ciudad aún se encuentran detenidas desaparecidas y dos fueron secuestradas en nuestras calles.
11 fueron nuestras Madres de Plaza de Mayo de Gualeguaychú.
50 años del golpe militar nos exhortan a pensar de qué manera nuestro país fue transformado por parte del proceso dictatorial.
126 ediciones suma La Mala y mientras este proyecto autogestivo y cooperativo exista siempre habrá aquí un lugar donde seguir diciendo: Memoria, Verdad y Justicia.