En noviembre de 2019 se sancionó la Ley Nº 10.746 de Juicio por Jurados en Entre Ríos, que modificó la manera de realizar los juicios en la provincia en los casos en que se juzguen delitos graves, cuya pena máxima en abstracto sea de 20 años o más de prisión.
En estos casos, el tribunal es conformado por un Juez técnico y un jurado integrado por 12 ciudadanos –mitad mujeres y mitad varones–, quienes deberán decidir si ese hecho existió como tal y si la persona acusada es o no culpable.
El último miércoles finalizaron las cuatro audiencias que duró el segundo juicio contra el sargento Javier Mauricio Gómez, quien mató por la espalda a Iván Pérez (24) el 9 de octubre de 2019, durante una persecución en el barrio Molinari. Y, a diferencia del primero de los juicios, que quedó “estancado” porque no hubo unanimidad en la opinión de las doce personas que conformaron el jurado, esta vez sí la hubo y el funcionario policial fue encontrado culpable del delito de Homicidio agravado por el uso de arma de fuego.
¿QUÉ CAMBIÓ DEL PRIMER JUICIO AL SEGUNDO?
Las representaciones legales fueron las mismas que en el juicio de 2020, el primero llevado a cabo con la modalidad de jurado popular en Gualeguaychú. El fiscal Lisandro Beherán volvió a representar al Ministerio Público Fiscal; la representación de la familia de la víctima volvió a estar a cargo del abogado Pablo Di Lollo y la defensa de Gómez, del abogado Alfredo Vitale.
La novedad de este segundo juicio es que esta vez Alicia Vivian no fue la jueza técnica a cargo y su lugar lo ocupó el juez Arturo Dumón. Si bien el jurado es quien decide la culpabilidad o no del acusado, el papel del juez es muy importante, ya que está a cargo del proceso y de instruir a las doce personas que conforman el jurado civil sobre cómo analizar los testimonios y las pruebas contempladas durante las audiencias.
Más allá de esto, el cambio de algunas estrategias desde la parte acusadora fue determinante para convencer al jurado popular. Esas estrategias estuvieron marcadas por tres ejes rectores:
1- Definir un perfil diferente respecto a la selección del jurado: Se buscó una conformación con un promedio de edad mayor al del primer proceso, personas que tuviesen más experiencia de vida.
2- Se hizo más hincapié en que lo que había que decidir era la conducta del funcionario imputado. Lo que estaba sujeto a prueba era si el sargento Gómez había disparado voluntariamente o involuntariamente su arma, no había que juzgar a la víctima, como sucedió en buena parte del primer juicio.
3- Durante todas las audiencias, se remarcó con mayor insistencia que muchos de los hechos ya estaban dados por acreditados por acuerdo de partes: que, en el marco de una persecución por un presunto robo, el uniformado disparó contra Pérez, que huía desarmado, a una distancia de entre 90 y 100 metros; que la bala de su 9 milímetros reglamentaria ingresó por la nuca, le atravesó el cráneo y salió y que el joven de 24 años murió en el acto, entre otros hechos.
Respecto al primero de los puntos, resulta aclaratorio conocer cómo es la selección de los jurados en estos casos. En palabras del abogado, docente y vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay, Dardo Tortul: “Primero, a nivel provincial se confecciona un padrón de las posibles personas que podrían ser jurados, luego cada jurisdicción selecciona un número mínimo de 36 potenciales jurados. Hasta ahí el sistema es por sorteo. Después, está la tercera instancia, que es la audiencia de Voir Dire o decir verdad, donde, a través de un mecanismo de exclusión en el que intervienen las partes, se seleccionan a los 12 jurados”, explicó el letrado.
“El consenso tiene que ser muy fuerte dentro del jurado. No puede ser una mayoría que se imponga sobre una minoría. Es una forma de generar consenso social. Hay que saber, también, que, si en el segundo juicio, que se lleva a cabo con otro juez técnico y otro jurado, también queda estancado, hay una absolución automática. De ahí, la necesidad de evitar el estancamiento”, remarcó Tortul, durante una charla abierta realizada meses atrás en Gualeguaychú.
LA PRUEBA Y EL DELITO
La pericia llevada a cabo por la Gendarmería Nacional no dio margen a dudas: el acusado debió quitar tres seguros antes de disparar; el campo abierto dio por tierra la hipótesis del rebote de la bala, expuesta por la defensa, igual que el estado del proyectil y el ingreso en la cabeza de la víctima: todo contribuyó a probar que el disparo fue “limpio” o directo.
En este sentido, la prueba revelada en la autopsia también fue contundente, al igual que los testimonios de las cuatro personas que vieron a Gómez bajarse de la camioneta, hacer unos pasos, apuntar y disparar, cuando Pérez huía de espaldas y sin ningún tipo de armas. Acción que contradice al reglamento de la propia Policía, ya que si la agresión es sin armas (en este caso no hubo agresión), el funcionario lo debe resolver sin armas.
Llegada la instancia de debate, luego de cuatro días intensos, el jurado debió definir la culpabilidad o no del acusado, y de encontrarlo culpable, definir el tipo de delito. Las opciones, acordadas entre las partes, fueron:
– Homicidio agravado por su condición de funcionario público en abuso de sus funciones (perpetua)
– Homicidio agravado por el uso de arma de fuego (de 8 a 25 años de prisión)
– Homicidio culposo (4 años con el doble de inhabilitación)
-No culpable
En este punto es pertinente aclarar que, durante todo el proceso, el juez técnico explicó al jurado que ellos no determinarían la pena, sólo debían resolver la culpabilidad o no del funcionario juzgado. Será el lunes próximo, el momento en que el propio Arturo Dumón haga pública la pena aplicada a Javier Mauricio Gómez. Y, como en cualquier otro juicio, su defensa tendrá el derecho de apelar esa sentencia ante tribunales superiores.
