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Brasil podría volver a ubicarse entre las ocho mayores economías del mundo en 2027. Según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, su producto bruto alcanzaría aproximadamente 2,8 billones de dólares. Esta perspectiva representa una oportunidad para el país y para América Latina, tanto por su dimensión económica como por su capacidad de influir en las transformaciones productivas, sociales y políticas de la región.
La posibilidad de recuperar esa posición internacional es relevante si revisamos los tres gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva. Desde 2003, el Partido de los Trabajadores (PT) impulsó una experiencia que combinó crecimiento económico, políticas sociales, fortalecimiento del mercado interno y mayor protagonismo internacional.
No se trató de un proceso lineal ni exento de contradicciones, pero los resultados a la vista permiten discutir una cuestión central: qué sucede cuando un Estado decide que la reducción de la pobreza, la atención a los más pobres y la ampliación de la clase media, el acceso a la educación, la vivienda y los derechos laborales formen parte de su estrategia de desarrollo.
En un contexto de disputas políticas sobre el futuro de Brasil, entiendo que la discusión no debe limitarse solamente a los indicadores económicos, importa la continuidad de las políticas que modificaron las condiciones de vida de millones de brasileros y para donde ira el desarrollo del país durante los próximos años.
TRES GOBIERNOS Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL
Los dos primeros mandatos de Lula, entre 2003 y 2010, coincidieron con un período de crecimiento económico, expansión del empleo formal y reducción de la pobreza y la desigualdad. La valorización del salario mínimo fue uno de sus instrumentos: entre 2003 y 2010, su poder adquisitivo aumentó alrededor del 58,5%, según el Dieese.
Es cierto que Brasil también se benefició de un contexto internacional favorable para sus exportaciones de materias primas y de condiciones macroeconómicas que facilitaron la expansión del consumo y la inversión.
Sin embargo, fueron las políticas distributivas las que permitieron que una parte de ese crecimiento llegara a sectores históricamente excluidos. El fortalecimiento del salario mínimo, el aumento del empleo y las transferencias sociales contribuyeron a ampliar el mercado interno y modificar los patrones de consumo de millones de familias.
Uno de los fenómenos de ese período fue la expansión de los sectores medios, millones de brasileños mejoraron sus ingresos, accedieron al crédito, adquirieron bienes y ampliaron sus posibilidades de consumo, educación y vivienda.
Esta transformación no benefició solamente a los hogares de menores ingresos. También impulsó al comercio, la construcción, los servicios, la industria de bienes de consumo y numerosas pequeñas y medianas empresas que encontraron un mercado interno más dinámico.
El programa Bolsa Família, creado en 2003, se convirtió en una referencia internacional de protección social, su importancia no estuvo solamente en transferir ingresos a hogares de bajos recursos, sino en articular la lucha contra la pobreza con el acceso a servicios públicos, especialmente educación y salud.
A ello se sumaron iniciativas como Fome Zero y programas de seguridad alimentaria, que contribuyeron a mejorar las condiciones de vida y ampliar la capacidad de consumo de las familias.
En materia educativa, la expansión de las universidades federales, la creación de instituciones de enseñanza y programas como ProUni ampliaron las posibilidades de acceso a la educación superior. Para sectores sociales que durante generaciones habían quedado fuera de las universidades, esa apertura representó un cambio en sus oportunidades de formación y movilidad social. Sumado a lo anterior, la ampliación de la educación técnica y profesional también contribuyó a formar trabajadores para una economía en transformación.
“El fortalecimiento del salario mínimo, el aumento del empleo y las transferencias sociales contribuyeron a ampliar el mercado interno y modificar los patrones de consumo de millones de familias”
En vivienda, Minha Casa Minha Vida, creado en 2009, permitió ampliar el acceso al financiamiento habitacional y dinamizó la construcción, a su vez, la expansión del crédito y la inclusión financiera facilitaron el acceso de nuevos sectores de la población al sistema bancario y al consumo.
Estas iniciativas tuvieron resultados diferentes y enfrentaron problemas de gestión, financiamiento e implementación, pero, consideradas en conjunto, expresaron una orientación: utilizar las capacidades del Estado para ampliar derechos, fortalecer el mercado interno y generar oportunidades económicas.
A mi entender, uno de los cambios de aquel período fue haber demostrado que la inclusión social podía formar parte de una estrategia de crecimiento económico y no ser considerada únicamente una consecuencia esperada de ese crecimiento.
EL REGRESO DE LULA Y LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
Cuando Lula asumió su tercer mandato, en enero de 2023, encontró un escenario diferente al de sus primeros gobiernos. Tras el impeachment de Dilma Rousseff en 2016, Brasil atravesó más de seis años de gobiernos de derecha, primero con Michel Temer (2016-2018) y luego con Jair Bolsonaro (2019-2022). Durante el período, varias instituciones y políticas sociales fueron modificadas, debilitadas o directamente discontinuadas. A ello se sumaron los efectos de la pandemia de Covid-19, iniciada en 2020, que profundizó las desigualdades y agravó la inseguridad alimentaria. El regreso de Lula significó, por lo tanto, no solamente el inicio de un nuevo mandato, sino también el desafío de reconstruir políticas públicas y recuperar capacidades del Estado.
La recuperación de políticas de protección social, la valorización del salario mínimo, las inversiones públicas y la reactivación de programas de vivienda, salud y educación formaron parte de la agenda gubernamental.
Tuvo que encarar la reconstrucción del Estado con muchos ministerios que habían sido abolidos por el bolsonarismo, entre ellos el Ministerio de Desarrollo Agrario y Agricultura Familiar, junto con la recuperación de instrumentos productivos y atención a todos los territorios que requerían de políticas diferenciadas.
Brasil volvió a salir del Mapa del Hambre de la FAO en 2025, una condición que mantuvo en el informe de 2026. El indicador de prevalencia de subnutrición se situó por debajo del 2,5% de la población.
Este resultado tiene una dimensión histórica, el país ya había alcanzado esa condición durante el ciclo de gobiernos del PT y posteriormente volvió a registrar un deterioro de sus indicadores alimentarios.
Pero la transformación económica requiere inversiones, innovación tecnológica, infraestructura, financiamiento productivo y fortalecimiento de las capacidades industriales y empresariales. En ese sentido, iniciativas como la política industrial Nova Indústria Brasil busco recuperar capacidades productivas y orientar inversiones hacia sectores como la salud, la infraestructura, la transformación digital y la transición energética.
EL TRABAJO Y UNA CONQUISTA QUE LLEGA EN PLENO SIGLO XXI
Desde la Argentina, donde el peronismo contribuyó a ampliar y consolidar las conquistas laborales del siglo XX, observo con interés la reforma brasileña que pone fin a la escala 6×1, organizada sobre seis días de trabajo por uno de descanso.
Lejos y para nada equiparable como procesos históricos, menos de desconocer las diferencias políticas, económicas y sociales entre ambos países. Pero encuentro un punto de contacto: la disputa por la distribución de los beneficios del desarrollo entre el capital y el trabajo.
La reforma aprobada en Brasil establece una transición hacia cinco días de trabajo y dos de descanso, acompañada por una reducción progresiva de la jornada semanal sin disminución salarial. Lo que podría parecer una conquista tardía adquiere otra dimensión en pleno siglo XXI, cuando la automatización, la digitalización y la uberización del trabajo están transformando las relaciones laborales.
Mientras las nuevas tecnologías prometen mayor productividad, millones de trabajadores vinculados con plataformas digitales enfrentan jornadas extensas, ingresos variables y dificultades para acceder a la protección social. La reforma brasileña no resuelve automáticamente esa situación, pero recupera una discusión sobre los límites del tiempo de trabajo y la responsabilidad de las sociedades frente a nuevas modalidades de empleo.
EL DESARROLLO PRODUCTIVO Y LA DISTRIBUCIÓN DE SUS BENEFICIOS
Brasil dispone de una estructura económica diversificada, con sectores industriales, agropecuarios, energéticos, tecnológicos y de servicios que tienen presencia en los mercados internacionales. Sin embargo, su capacidad productiva convive con desigualdades sociales y territoriales. El crecimiento de las exportaciones, por sí solo, no garantiza mejores condiciones de vida para toda la población.
Esta contradicción resume uno de los desafíos de nuestra región: podemos aumentar la producción, las inversiones y las ventas externas sin conseguir que sus beneficios lleguen de manera equilibrada a la sociedad.
Los gobiernos de Lula buscaron intervenir sobre esa relación mediante políticas salariales, transferencias de ingresos, crédito, infraestructura, combate a la inflación de alimentos, educación y ampliación del consumo.
El fortalecimiento del mercado interno permitió que sectores antes excluidos se incorporaran como consumidores de bienes y servicios. Ese proceso también generó oportunidades para empresas industriales, comercios, prestadores de servicios y emprendimientos de diferentes tamaños.
“El fortalecimiento del mercado interno permitió que sectores antes excluidos se incorporaran como consumidores de bienes y servicios”
La agricultura y la producción de alimentos formaron parte de esa estrategia, tanto por su contribución a las exportaciones como por su relación con la seguridad alimentaria, el empleo y las economías territoriales.
No obstante, persisten tensiones entre la expansión de las grandes cadenas productivas, la concentración económica y las posibilidades de desarrollo de las pequeñas y medianas empresas. El desafío consiste en combinar productividad, innovación y crecimiento empresarial con salarios, empleo de calidad y oportunidades de movilidad social.
LA INTEGRACIÓN REGIONAL FRENTE A LAS NUEVAS DEPENDENCIAS
La política exterior brasileña recuperó protagonismo durante el tercer gobierno de Lula. Su participación en el Mercosur, los Brics, el G20 y otros espacios multilaterales expresa la intención de ampliar las relaciones internacionales y fortalecer la capacidad de negociación del país.
Para América Latina, esta orientación abre oportunidades, aunque también plantea interrogantes.
Llevamos décadas promoviendo la integración mientras nuestras economías continúan compitiendo por exportar materias primas y atraer inversiones. Hemos avanzado en acuerdos comerciales, pero menos en complementariedad industrial, innovación tecnológica e infraestructura compartida.
La firma del acuerdo MERCOSUR-Unión Europea en enero de 2026 vuelve a colocar esta discusión sobre la mesa. Considero que su importancia no debería evaluarse únicamente por el aumento potencial del comercio, sino por sus consecuencias sobre las estructuras productivas, el empleo y las economías regionales.
¿Quiénes estarán en condiciones de aprovechar las nuevas oportunidades? ¿Qué ocurrirá con las pequeñas y medianas empresas, las cooperativas y los sectores productivos que enfrentan mayores dificultades para competir?
Sin políticas que atiendan las asimetrías, una mayor apertura comercial puede ampliar las diferencias entre quienes ya tienen capacidad para competir y quienes enfrentan mayores restricciones.
Algo semejante ocurre con los minerales críticos y las tecnologías vinculadas con la transición energética. América Latina dispone de recursos que el mundo necesita, pero corre el riesgo de repetir su papel histórico como proveedora de materias primas.
Preocupa que la región vuelva a exportar recursos naturales e importar las tecnologías desarrolladas a partir de ellos.
Brasil, por su capacidad industrial y científica, podría contribuir a una estrategia regional que incorpore procesamiento, conocimiento y valor agregado. La cuestión no es rechazar inversiones extranjeras, sino negociar condiciones que permitan desarrollar capacidades propias y distribuir los beneficios.
LA SOBERANÍA FRENTE A LA DISPUTA POR LOS RECURSOS ESTRATÉGICOS
La defensa de la soberanía brasileña adquiere importancia en un mundo donde las potencias disputan el acceso a minerales críticos, fuentes de energía, agua, biodiversidad y tecnologías. Brasil reúne buena parte de esos recursos y posee una capacidad industrial y científica que lo coloca en el centro de intereses económicos y geopolíticos.
La Amazonía representa una dimensión de esa disputa. Su biodiversidad, sus reservas de agua, sus recursos minerales y su papel en la regulación climática mundial generan intereses que trascienden las fronteras brasileñas. Pero su relevancia global no elimina la responsabilidad del Estado de protegerla, garantizar los derechos de sus habitantes y decidir sobre su aprovechamiento conforme a sus leyes.
Algo semejante ocurre con las tierras raras y otros minerales críticos, utilizados en la industria tecnológica, la defensa y la transición energética. La demanda internacional abre oportunidades de inversión, pero también plantea el riesgo de reproducir una relación conocida en América Latina: exportar recursos naturales e importar los productos industriales y las tecnologías que se desarrollan a partir de ellos.
En este escenario, encuentro significativa la posición asumida por Lula. Su gobierno ha defendido que la riqueza mineral brasileña no debe reducirse a la venta de materias primas. En septiembre de 2026 sancionó la Ley 15.506, que estableció la Política Nacional de Minerales Críticos y Estratégicos, orientada a promover la investigación, el procesamiento industrial, la innovación y la generación de valor dentro del país. La norma también incorpora mecanismos de control sobre determinadas operaciones vinculadas con derechos mineros y participación extranjera.
“Defender la soberanía significa preservar la posibilidad de que las decisiones sobre el patrimonio natural, el desarrollo económico y el futuro de una sociedad sean tomadas por sus propias instituciones y ciudadanos, sin subordinarlas a los intereses de las potencias”
Esta posición no supone rechazar las inversiones extranjeras ni desconocer la necesidad de cooperación tecnológica. Brasil mantiene acuerdos internacionales y recibe capitales externos en sectores estratégicos. La diferencia está en las condiciones bajo las cuales esas inversiones se realizan y en la capacidad del Estado para preservar el interés nacional.
Las presiones comerciales y políticas externas agregan otra dimensión a esta discusión. En 2025, la administración estadounidense vinculó públicamente medidas arancelarias contra Brasil con el proceso judicial contra Jair Bolsonaro. La utilización de instrumentos comerciales para presionar sobre decisiones institucionales de otro país plantea un problema de soberanía que trasciende las diferencias entre gobiernos.
Considero que uno de los aspectos del tercer gobierno de Lula es haber colocado esta discusión en su estrategia de desarrollo. La soberanía no consiste únicamente en conservar la propiedad formal de los recursos. También significa desarrollar conocimientos, tecnologías, industrias y capacidades públicas para decidir cómo utilizarlos y quiénes se benefician de ellos.
Para América Latina, la cuestión es decisiva. La región dispone de recursos que serán fundamentales para la economía mundial durante las próximas décadas. Pero esa riqueza no garantiza, por sí misma, desarrollo ni autonomía. Todo dependerá de su capacidad para negociar, regular, industrializar y construir acuerdos regionales que eviten nuevas formas de dependencia.
Defender la soberanía significa preservar la posibilidad de que las decisiones sobre el patrimonio natural, el desarrollo económico y el futuro de una sociedad sean tomadas por sus propias instituciones y ciudadanos, sin subordinarlas a los intereses de las potencias.
LA PAZ TAMBIÉN NECESITA UNA POLÍTICA EXTERIOR
En un mundo atravesado por guerras, tensiones comerciales y disputas geopolíticas, la diplomacia brasileña adquiere una dimensión que trasciende sus intereses nacionales.
Durante sus primeros gobiernos, Lula impulsó una mayor participación de Brasil en los debates internacionales, fortaleció las relaciones Sur-Sur y promovió espacios de cooperación con países de África, Asia y América Latina.
En su tercer mandato retomó esa orientación, ahora en un escenario de mayor confrontación entre potencias.
Valoró la búsqueda de diálogo con países de diferentes orientaciones políticas. En un contexto donde la confrontación parece ganar terreno, mantener canales de negociación constituye una responsabilidad de los Estados.
América Latina necesita preservar su compromiso con la solución pacífica de controversias. Pero también debe construir mayor autonomía para evitar quedar subordinada a las disputas entre las potencias.
Esa autonomía no se consigue reemplazando una dependencia por otra, sino diversificando relaciones y fortaleciendo las capacidades regionales.
La crisis climática forma parte de esta discusión. La COP30, celebrada en Belém en 2025, colocó a Brasil en el centro del debate sobre las responsabilidades ambientales y las condiciones para una transición justa.
LO QUE ESTÁ EN JUEGO EN BRASIL
El tercer gobierno de Lula debió enfrentar condiciones complejas, el PT regresó a la presidencia sin mayoría propia en el Congreso, con una oposición de peso, restricciones fiscales y una creciente participación del Parlamento en las decisiones presupuestarias. Gobernar significó negociar recursos, construir acuerdos y, en ocasiones, modificar o postergar iniciativas. La reconstrucción de políticas públicas debió avanzar cuesta arriba, con casi todo en contra y sin presupuesto.
Aun bajo esas condiciones, Brasil recuperó instrumentos de protección social, fortaleció políticas salariales, impulsó inversiones productivas y volvió a salir del Mapa del Hambre. Estas transformaciones no pueden atribuirse exclusivamente a un presidente ni desconocen el papel de los movimientos sociales, las empresas, los trabajadores y las instituciones. Pero permiten reconocer una orientación del desarrollo que merece ser examinada por sus resultados y por las condiciones en que fueron alcanzados.
Lo que ocurra en Brasil trasciende sus fronteras. Su dimensión económica, industrial y diplomática influye sobre las posibilidades de integración regional, la cooperación internacional y la capacidad de América Latina para participar en las decisiones que están transformando el mundo.
Que Brasil pueda convertirse nuevamente en la octava economía mundial es una noticia de importancia, no solamente para los brasileños, sino también para América Latina. Su crecimiento, su capacidad industrial, su mercado interno y su influencia internacional pueden abrir oportunidades para toda la región. Pero ese lugar en el mundo también plantea responsabilidades sobre cómo se distribuye la riqueza, qué sectores participan del desarrollo y cuáles son las prioridades del Estado.
Por eso, considero que importa quién gobierna Brasil y qué orientación imprime a sus políticas. Los tres gobiernos de Lula permiten examinar una experiencia en la que el crecimiento económico estuvo acompañado por la ampliación de derechos, la reducción de la pobreza, la expansión de los sectores medios y mayores oportunidades de educación, empleo y consumo. Son transformaciones que alcanzaron a millones de personas y cuyos efectos se extendieron al conjunto de la economía. Su continuidad, profundización o modificación constituye una decisión política con consecuencias para la sociedad brasileña y para América Latina.
En definitiva, el desafío no consiste solamente en que Brasil ocupe un lugar entre las mayores potencias económicas, sino en cómo ese poder se traduce en desarrollo productivo, bienestar social, soberanía, integración regional y capacidad para contribuir a un mundo de paz.
Bora Lula.
