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Con la certeza de haber hecho lo que hizo, en la mayoría de los casos una persona puede suponer un desenlace en el plano de lo justiciable. Si esa persona tiene privilegios, esto es una red de contactos e influencias otorgada por haber sido gobernador de la provincia en dos oportunidades además de otros cargos de importancia a lo largo de toda una vida, puede atar las expectativas a un desenlace diferente al de cualquier mortal. Sergio Urribarri supuso eso, pero todo lo que hizo luego fue errático.
El ex mandatario cumple una condena de 8 años y medio por un cúmulo de delitos cometidos en el seno de la administración pública. El proceso judicial se consumió una década. No había pasado un mes de haber dejado el mando del Poder Ejecutivo y sentarse en la Presidencia de la Cámara de Diputados, el 21 de diciembre de 2016, que le interpusieron una denuncia con notas periodísticas que venían poniendo bajo sospecha acciones de sus gobiernos.
Urribarri dejó pasar varios meses sin prestar atención a las primeras pesquisas que llevaban adelante los fiscales. Probablemente por la relación que mantuvo con el procurador general de la provincia, Jorge García, durante 8 años.
Entre la denuncia interpuesta y los primeros allanamientos pasaron 9 meses. Un tiempo nada despreciable para acomodar o borrar cualquier indicio que complique un legajo. Cuando los fiscales llegaron a la imprenta de calle Racedo, en Paraná, se encontraron con toda la información que podía haber en torno a las contrataciones que había realizado la administración de Urribarri con la empresa de su cuñado, Juan Pablo Aguilera. Un disco rígido, que los abogados defensores tiraron al vecino en pleno procedimiento, fue una caja de pandora que marcaría el tobogán en el que ingresaría el ex gobernador, su ministro de Comunicación y Cultura, Pedro Báez, y el propio Aguilera.
García volvió a tender una mano. La segunda. La primera había sido el tiempo transcurrido entre la denuncia y las primeras medidas. El procurador se las ingenió para poner un corset a la investigación y encapsular la cantidad de información recabada para evitar lo que con seguridad se convertiría en un escándalo. Recomendó entregar a Aguilera como único responsable de las fechorías e imponerle una condena de 4 años de cumplimiento efectivo.
La oferta era inmejorable para la voluminosidad de evidencias que contenía el rígido que, además, inevitablemente empujaba a que se siguiera tirando del hilo, como finalmente sucedió. Urribarri rechazó de plano ese acuerdo y García se quedó sin propuestas. La investigación, ya a cargo de un número importante de fiscales, continuó.
“No solo hizo levantar un parador, sino que contrató una serie de servicios de primer nivel, hotelería, por ejemplo, para que se aloje toda la familia a cuenta del Estado entrerriano que administraba”
El ex gobernador presidía la Cámara de Diputados durante el primer mandato de Gustavo Bordet, a quien miró con desconfianza por no hacer nada por él. Mientras tanto, Adán Bahl intentaba drenar la bronca que lo inundó cuando Urribarri se inclinó por el concordiense para sucederlo en la Gobernación. El vicegobernador se cruzó en silencio a Tribunales con documentación sobre la gestión que lo tuvo como ministro de Gobierno, a cargo de la obra pública, la Policía y con un manejo de la gestión envidiable.
Se abrieron nuevos legajos, y nuevos delitos se fueron apuntando con facilidad. Una narrativa endeble pero eficaz ante el gran público complicó el devenir de Urribarri. Se instaló la idea de que todas las inversiones publicitarias de la gestión por fuera de la provincia no tenían otro objetivo que instalar su figura en el marco de una campaña presidencial que se conoció como Sueño Entrerriano.
La instalación de un parador en una playa de la costa atlántica no fue un descubrimiento de Urribarri. No hay intendente bonaerense o mandatario que no elija esos destinos si sus pretensiones son instalarse en la escena nacional con intenciones de protagonizar. Con Urribarri, sin embargo, todo venía mal. No solo hizo levantar un parador, sino que contrató una serie de servicios de primer nivel, hotelería, por ejemplo, para que se aloje toda la familia a cuenta del Estado entrerriano que administraba.
Cuando esa información comenzó a conocerse, los medios fueron impiadosos como lo fue Pedro Báez como ministro de Comunicación con los periodistas. La Prensa y la Justicia persisten más allá de las gestiones.
La publicación de solicitadas en diferentes diarios del país repudiando los fondos buitres que en ese momento habían despertado una polémica con el gobierno nacional también fue visto como parte de la estrategia para instalar la figura de Urribarri. Si se repasan posicionamientos políticos a través de solicitadas en diarios se puede advertir que este punto que se le imputó al entonces gobernador es muy flojo.
“Urribarri fue condenado a 8 años, mientras que Báez y Aguilera a 6 años y medio. Durante todo ese tiempo el peronismo se llamó a silencio, salvo algunas tibias expresiones aisladas”
Comenzó el juicio oral y público luego de la pandemia por el Covid y las defensas de Urribarri, Báez y Aguilera no modificaron un ápice de la estrategia. Se intentó, en todo momento, impugnar el proceso. La investigación. Hasta allí el tiempo para los imputados había transitado con la esperanza de que sea la política la que los saque del pozo. Urribarri fue condenado a 8 años, mientras que Báez y Aguilera a 6 años y medio. Durante todo ese tiempo el peronismo se llamó a silencio, salvo algunas tibias expresiones aisladas.
Las apelaciones fueron en un marco en el que ya no había vuelta atrás. Los imputados se negaron a ser defendidos por algún penalista de renombre a nivel nacional. Cuando el agua llegó al cuello se apersonó por esta comarca Fernando Burlado, pero fue ya para darle un cierre estético a toda la película.
El fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo llevó a prisión en una causa. Urribarri tiene pendientes otras.
Juan Enrique Ruiz Orrico, funcionario del gobierno de Rogelio Frigerio, fue condenado por el delito de homicidio culposo agravado por el nivel de alcoholemia y por la cantidad de víctimas al atropellar en un vehículo oficial en estado de embriaguez a cuatro jóvenes que fallecieron en el acto. Pena: 5 años y 8 meses de prisión.
El caso Urribarri probablemente se inscriba en la historia política como el primero que termina con un gobernador preso.
Si se escanea toda la serie, da la sensación de que la política fue más cruel que la mismísima Justicia.
