UN SISTEMA DETONADO
Si algo fracasó en los cuarenta años de democracia ha sido la política pública abocada a las infancias y adolescencias. Este grupo social sigue siendo el más pobre de entre los pobres y es el sector que empeora en cada crisis.
Fue en las crisis alimentarias de 1989 y 2001 que las tasas de desnutrición infantil volaron por los aires dejando miles de niños y niñas con secuelas físicas y cognitivas.
Es el sistema educativo que supuestamente se ha inclinado por privilegiar la inclusión o contención no incluye ni contiene, ya que el nivel de deserción es el más alto de nuestra historia: datos recopilados por la ONG Argentina por la Educación muestran que aproximadamente el 50% de los jóvenes no logra completar sus estudios secundarios en tiempo y forma. Además, los que quedan dentro del sistema ni siquiera logran completar operaciones matemáticas básicas o alcanzar niveles mínimos de lecto-comprensión.
En un país tan roto, con indicadores tan altos de pobreza estructural, las instituciones estatales han fracasado rotundamente en los intentos de romper los circuitos de exclusión y marginalidad. En muchos casos de delincuencia juvenil, los entornos familiares próximos son los que operan como puerta de entrada al delito. Padres y madres cumpliendo condenas, unas tras otras, sin posibilidad de reinsertarse social arrastran consigo a sus hijos. El sistema judicial aplica códigos penales y el sistema penitenciario cumple con su trabajo de mantener encerradas a las personas condenadas.
“El 50% de los jóvenes no logra completar sus estudios secundarios en tiempo y forma”
En las paredes de estas instituciones, lejos de abrirse caminos, se profundizan los que hasta allí llevaron a las personas.
En términos generales, es el contexto socioeconómico y el acceso a derechos básicos el que condiciona las posibilidades de desarrollo de las infancias y adolescencias, sin embargo, hay otros elementos que hoy explican el desarrollo de formas de violencias y delincuencia.
Es la propagación del narcotráfico y el crimen organizado el que mete dentro de sus tentáculos a miles de adolescentes que quedan esclavos del consumo que los destruye. También hacen su parte el consumo adictivo de tecnologías y la navegación en plataformas, especialmente de apuestas online y de venta/consumo de material erótico, que con tan sólo un click encierran riesgos serios para la preservación de la integridad física y psíquica de las infancias y adolescencias.
EL CALDO GORDO
¿Por qué prende tan fuerte la idea de que la reducción de la edad de imputabilidad es una receta mágica para la solución de la inseguridad y la violencia? Porque la calidad de vida de la gente ha decaído sin pausa por más de una década, no sólo por la depreciación de los salarios, la falta de acceso a servicios básicos, la interrupción de la movilidad social ascendente, sino, además, por la exposición a hechos de violencia vinculados al robo. Mientras más humilde y alejado un barrio, peores son los riesgos a los que se está expuesto.
El aumento de la delincuencia y de los robos violentos guarda relación con el crecimiento del delito juvenil que en provincias como Córdoba, La Pampa y Tierra del Fuego llegó a duplicarse. La cuestión es que los niños, niñas y adolescentes que son abordados por el Régimen Penal Juvenil no salen del círculo delictivo.
El Mapa Estadístico Penal Juvenil de la República Argentina, elaborado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, muestra que en la provincia de Buenos Aires (desde donde mayoritariamente nos llegan a diario las imágenes de entraderas, asaltos y robos) había al 31 de diciembre de 2023 un total de 1.361 niños, niñas y adolescentes con alguna medida de privación de libertad. El 38,5% estaba alojado en centros de libertad semi restringida o centros de régimen cerrado; el 34,5% en el Servicio Penitenciario Bonaerense y el 24,1% cumplía prisión domiciliaria. Es decir, existe actualmente un Régimen Penal Juvenil que se aplica, que conlleva la privación de la libertad y que ha demostrado su fracaso fragante.
Entonces, ¿por qué razón funcionaría más o mejor con la baja de la edad de imputabilidad?
FRASES HECHAS PARA AUDIENCIAS, NO PARA RESOLVER GRAVES ASUNTOS PÚBLICOS
Algunos sectores proclaman, porque consideran que es políticamente correcto, que los niños y adolescentes necesitan escucha y derechos básicos (aunque nunca se preocuparon demasiado en hacer de aquellas palabras una realidad concreta). Esto es una obviedad que nadie en sus cabales contradeciría, una obviedad que se convierte en discurso estéril a la hora de pensar qué hacer socialmente con los adolescentes que cometen delitos graves.
Del otro lado están los y las Pato Bullrich de la vida, que pretenden resolver sólo con eslóganes problemas complejos y que, para ello, se toman de las profundas heridas abiertas en cientos de familias argentinas que han perdido a un ser querido en hechos violentos protagonizados por menores de edad. La derecha ha tenido menos reparos en hablar de estos temas que, lejos de resolver, sus gobiernos empeoran. El hecho de insertar estos tópicos en la discusión política le permite instalar en la opinión pública una sensación de que se están ocupando y que tienen la solución.
“En muchos casos de delincuencia juvenil, los entornos familiares próximos son los que operan como puerta de entrada al delito. Padres y madres cumpliendo condenas, unas tras otras, sin posibilidad de reinsertarse social arrastran consigo a sus hijos”
Nadie con dos dedos de frente puede creerle al actual gobierno nacional su voluntad de resolver problemas sociales estructurales que se han agravado drásticamente desde su llegada al poder. Resulta inverosímil creer que un partido político que tiene fe ciega libertad de mercado, que dilapida la organización familiar a partir del empobrecimiento de la gente con el pluriempleo y la precarización laboral, que ha demostrado su insensibilidad hacia el dolor de los grupos sociales más vulnerables como los discapacitados y jubilados y que cree que la pobreza que agobia a gran parte de nuestra población tiene que ver con los sacrificios personales y el mérito, se preocupará por el destino de los pibes y pibas que están caídos de un sistema del que nos sostenemos a duras penas y a los arañazos.
¿DE QUÉ LADO DE LA MECHA TE ENCONTRÁS?
Como pasó con la reforma laboral, el nuevo régimen penal juvenil promovido por el oficialismo también cuenta con la complacencia de dirigentes que, si bien fueron votados por espacios opositores, se acoplan a este tipo de iniciativas.
Días pasados, el proyecto tuvo media sanción en la Cámara de Diputados, por lo que ahora se deberá tratar en el Senado. Veamos cómo votaron los representantes entrerrianos en la Cámara Baja: en el oficialismo no hubo mayores sorpresas, todos votaron a favor de la baja de imputabilidad (Beltrán Benedit, Andrés Laumann, Francisco Morchio, Alicia Fregonese y Darío Schneider). La “sorpresa” se dio en el bloque peronista: si bien todos rechazaron el proyecto en general, en particular hubo una disidencia. Mientras que Gustavo Bordet, Blanca Osuna y Marianela Marclay votaron en contra de la baja de imputabilidad, el gualeguaychuense Guillermo Michel acompaño la medida.
Antes de la sesión, quien es considerado en la actualidad el hombre fuerte del peronismo entrerriano y mano derecha de Sergio Massa había declarado: “alguien para ser imputado en nuestra ley necesita tener la voluntad, es decir, el discernimiento, la intención y la libertad de cometer el delito. Nuestra legislación, como ocurre en todo el resto del mundo, le pone un piso a esa imputabilidad. Por ejemplo, en el Reino Unido son 10 años y en países de América son 14. Yo creo que hoy hay chicos de 14 o 15 años que tienen el discernimiento, la intención, la voluntad, y saben lo que están haciendo”.
En esta línea, Michel había argumentado: “si se baja la edad de imputabilidad, para hacerla efectiva, lo que se necesitan son cárceles adecuadas para los menores, porque si no estamos llevando a no darles ningún futuro”.
En el plano de lo teórico las palabras del legislador resultan coherentes, pero era coherencia se choca de frente con un gobierno (el que impulsa la reforma) que desfinancia organismos públicos que tienen que contener, acompañar y resguardar a los mimos niños y adolescentes que ahora quieren meter presos.
El desfinanciamiento del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) en Entre Ríos es una muestra concreta: sin recursos, sin profesionales, sin trabajo en territorio, ¿de verdad piensan que esos niños, niñas y adolescentes que son parte de familias rotas por el delito y la droga pueden tener alguna posibilidad de no repetir esa historia y terminar atestando los institutos, primero, y las ya hacinadas unidades penales después?
¿Qué saben de esas realidades nuestros legisladores, en particular, y nuestros políticos, en general? ¿Será que no son sus gurises los que, si se aprueba la ley, quedarán expuestos al capricho policial y al maltrato? ¿será una cuestión de clase?
ASUMIR EL FRACASO
De un lado tenemos el dolor de las infancias y adolescencias golpeadas y adormecidas por un mundo de mierda que les hace odiar su propia vida y despreciar la ajena. Por otro, cientos de familias destruidas por delitos graves cometidas por adolescentes que han matado, herido o violado. Nadie, absolutamente nadie, gana nada en esta discusión. Sólo expresa el estado de situación en el que estamos y que difícilmente sea resuelto subestimando el problema o con bombas de humo para una tribuna deseosa de castigo.
El fracaso es de la política argentina, por supuesto. Pero también es de la sociedad toda, porque, si bien “ningún pibe nace chorro”, como sostenía una vieja campaña, son millones los que están condenados al descarte, al encierro o a la muerte. Y eso, no se soluciona con eslóganes y leyes simplistas.