24 DE MARZO
FOTO SEPIA, RECORTE DEL PASADO QUE SE HACE PRESENTE
Cada 24 de marzo se presenta como una buena oportunidad para reflexionar sobre ese pasado que, en cada discurso, en cada acción, se vuelve presente y se materializa en la realidad de todos los días. El aporte de Vera del Río.
Hace unos días, algunos televidentes escuchamos azorados a un diputado nacional calificar de “foto sepia” a la imagen de la presidenta de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo en el acto de asunción del gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.
Esta metáfora intencionada, que busca borrar sentidos del pasado, en el Mes de la Memoria, sirve recordar que hoy en nuestro país se encuentran abiertos 14 juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar. En ellos, además de ser analizadas las responsabilidades de las Fuerzas Armadas y de Seguridad por secuestros, desapariciones forzadas, ejecuciones, torturas y las apropiaciones de menores, se juzgan nuevos temas: violencia sexual, delitos por motivación económica, inteligencia y complicidades civiles.
Desde el retorno a la democracia, el proceso de Justicia tuvo avances y retrocesos. Luego de aquel Juicio a las Juntas Militares, allá por el año 1985, las leyes de obediencia debida y punto final de los años 90 empujaron a que el juzgamiento de los responsables por los crímenes más atroces que se pudieron cometer entre los años 1976 y 1983 tuvieran que desarrollarse en otros países.
“Hoy en nuestro país se encuentran abiertos 14 juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar.”
Los tribunales de Italia y España fueron el escenario de ello, mientras que transitaban por las calles de nuestras ciudades impunemente personajes como el “Turco” Julián, ex suboficial de la Policía Federal, quien en una entrevista televisiva mostraba el lugar donde funcionó en el año 1977 uno de los más de seiscientos centros clandestinos de detención, el “Club Atlético”. Ubicado en el sótano de lo que fue una dependencia de esa Fuerza de Seguridad y por el que pasaron algo más de 1500 detenidos-desaparecidos, integra el mapa de los Sitios de Memoria de la Ciudad de Buenos Aires.
La sostenida e inclaudicable lucha y la demanda al Estado Nacional delos organismos de derechos humanos, familiares, exiliados y sobrevivientes de aquellos antros del horror pudo torcer el brazo de esos dueños de la vida y la muerte.
Anuladas las leyes de impunidad en el año 2003, comenzó una nueva etapa en la Justicia argentina. El Estado asumió la responsabilidad de los crímenes en la voz del entonces presidente Néstor Kirchner y se creó un área específica dentro del Ministerio Público Fiscal y quienes la integraron se abocaron a investigar y reunir las pruebas necesarias para acercar a los juzgados competentes y así abonar a la etapa de instrucción que terminaría en el juzgamiento de los autores materiales de delitos de lesa humanidad.
En este proceso se pudo incorporar la figura de homicidio a raíz de la identificación de algunas víctimas enterradas como NN; conocer los “traslados masivos”; los “vuelos de la muerte”; la apropiación de hijos/hijas de desaparecidas nacidos/as en cautiverio; el robo de bienes personales y el sometimiento de todo tipo de violaciones que padecieron quienes pasaron por centros clandestinos diseminados en todo el país.
“El año 2023 terminó con la cifra de 1.173 personas condenadas por crímenes de lesa humanidad en 316 sentencias dictadas en todo el país desde 2006.»
La sociedad argentina comenzaba a presenciar las audiencias de esos juicios orales que se multiplicaron. En estos escenarios, no se juzgaban crímenes aislados, sino que las pruebas presentadas y el valor testimonial de sus testigos daban cuenta de un plan sistemático, mediante el cual las autoridades militares habían decidido exterminar a un grupo masivo de personas consideradas enemigas para implementar un nuevo orden en los planos político, social y económico.
En cada etapa final de aquellos juicios, las condenas fueron vividas y calificadas por los afectados directos como verdaderos “triunfos”, “alivios”, “consuelos”, “nuevos desafíos”. Algunas continuaron firmes a pesar del intento por revertirlas en instancias judiciales superiores. Otras, apeladas por la edad los imputados, debieron ser revisadas y en lugar de cumplir condenas en la cárcel, los asesinos están o estuvieron y murieron en sus domicilios. Todos los condenados tienen y tuvieron los beneficios que les fueron negados a sus víctimas.
El año 2023 terminó con la cifra de 1.173 personas condenadas por crímenes de lesa humanidad en 316 sentencias dictadas en todo el país desde 2006, según el informe anual de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, y con la asunción de un gobierno neoliberal que reaviva viejas banderas de impunidad.
Así, en una constante vigilia por parte de familiares, amigos y sobrevivientes, se presencia nuevos intentos por revertir las condenas, por detener y en el mejor de los escenarios, retrasar el proceso iniciado. Las voces del negacionismo y de quienes quieren volver a instalar discusiones superadas, como la cifra del número de detenidos-desaparecidos, se amplifican mientras Abuelas de Plaza de Mayo siguen buscando a los nietos/nietas que faltan, las Madres de Plaza de Mayo continúan reclamando dónde están y qué hicieron con sus hijos e hijas y quienes sobrevivieron a tormentos, aún los padecen.
A horas de cumplirse un nuevo aniversario de aquel 24 de marzo de 1976, día en que los argentinos y argentinas iniciábamos el período más oscuro de nuestra historia, que dejó secuelas en el plano político, económico, social y cultural con miles de detenidos-desaparecidos y con responsables de ellos a juzgar y condenar aún, se hace imperioso recordarle al diputado que las soluciones planteadas desde del poder para superar la crisis actual reinstalan el saqueo dictatorial, en el que él parece sentirse cómodo. No se puede reducir a “foto sepia” una imagen que, lejos de representar el pasado, es la materialización de un presente que pide Justicia.
