ABUSO DE PODER

LA CULTURA DE LA VIOLACIÓN SIGUE PRESENTE

ABUSO DE PODER

La denuncia penal de Thelma Fardín abrió puertas para que muchas mujeres busquen justicia. Pero, ¿qué tanto se avanzó? Agustina Díaz nos brinda un recorrido de condenas, abusos y violencias.

Texto: Agustina Díaz

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Ilustración: Diego Abu Arab

El 4 de diciembre de 2018, Thelma Fardín, acompañada del colectivo de actrices argentina, hizo la denuncia pública y penal acerca del abuso sexual que había sufrido en su adolescencia (16 años) por parte de Juan Darthés (45 años), un compañero de elenco de la popular serie televisiva “Patito Feo”.

Como un regadero de pólvora, bajo el hashtag #mirácomonosponemos, miles de mujeres denunciaron en redes sociales abusos, violencia y violaciones sufridas durante su vida… y ahí estaban los testimonios de amigas, colegas, ex compañeras de la facultad, conocidas, hermanas de amigas que decidieron exponer sus vivencias como quien vomita hartazgo, como quien quiere expiar un mal pesado. Era imposible escapar de esa mirada retrospectiva, dolorosa, que nos ponía de frente a nuestros fantasmas, traumas y antídotos de olvido. Recordamos y lloramos. Dejamos de minimizar y, sobre todo, nos sentimos comprendidas por las demás y menos solas. Cada una, cada uno, gestionó como pudo sus dolores y el feminismo, para nosotras, fue un espacio fundamental en la reconstrucción de nuestras historias.

Sin embargo, Thelma se llevó la marca pesada del partido que había comenzado, porque siempre la mirada se posa sobre la víctima, sobre sus razones para hablar, sobre su supervivencia, sobre su culpabilidad. Ella se enfrentó a una persona con trayectoria y poder dentro de la industria del entretenimiento argentino y ahí esta la clave: si siempre es difícil denunciar abusos, porque implica una situación muy desigual de poder entre la victima y el victimario, cuánto más cuando el victimario es parte de las redes de poder que estructuran la sociedad en la que vivimos.

Denuncias de víctimas en los grandes clubes de fútbol, en la política y en los medios de comunicación ilustran el modo en el que la verdad puede ser combatida y la impunidad, asegurada. Sin embargo, en los últimos meses, importantes casos se han resuelto para dar alivio y mostrar que no todo está perdido, que no todas las luchas son estériles, sin deslindarnos de la responsabilidad social, colectiva, que tenemos en desandar el camino de una sociedad aún muy violenta.

Las condenas penales, las reparaciones y las responsabilidades colectivas.

Después de un tedioso camino legal que llevó más de cinco años, Juan Darthés fue condenado en Brasil a seis años de prisión. La causa tuvo idas y vueltas e, incluso, la asistencia de organizaciones internacionales de DDHH como Amnistía Internacional sin las que, posiblemente, el resultado hubiera sido otro.

Recientemente, otra condena penal por abuso sexual ocupó, por algunas horas, la centralidad de los medios de comunicación. Fue el 19 de junio cuando la Justicia condenó al ex gobernador de Tucumán José Alperovich a 16 años de prisión por agredir a su propia sobrina, cuando trabajaba con él en el Senado de la Nación. En el ámbito político, más cerca de nuestro territorio cotidiano, el año pasado, fue confirmada la condena al ex intendente de Gilbert Fabián Constantino por los hechos de abuso sexual simple y con acceso carnal, en referencia a tres mujeres víctimas en su propia localidad.

En el mundo del deporte, entre los casos más resonantes en los medios de comunicación está el de Sebastián Villa, que el año pasado fue declarado culpable, en una de las causas que lo involucra, de los delitos de “amenazas coactivas en concurso real con lesiones leves agravadas por el vínculo en contexto de violencia de género”, fallo por el que la dirigencia de Boca decidió separarlo del plantel a pesar de tener contrato hasta fines de 2024.

En estos casos, y muchos otros que podríamos mencionar, la obtención de condenas penales resulta un bálsamo importante para las víctimas directas de estos casos y para las víctimas de otros hechos que esperan una respuesta. Por supuesto, son procesos largos y tediosos, donde los procedimientos burocráticos y leguleyos no siempre se encaran con respeto y humanidad para quienes denuncias y donde, mientras más poder detenta el victimario, más vulnerable se siente la víctima. Desde ya, los procesos judiciales son lentos, porque deben resguardar las garantías del debido proceso anclados en la presunción de inocencia de la persona acusada. Estos principios son esenciales en todo Estado de Derecho y su cumplimiento fundamental para que la obtención de justicia se corresponda con la perspectiva de los Derechos Humanos. Dicho esto, no es menos cierto, que, en el desarrollo de los juicios, la falta de perspectiva de género, en muchos casos, revictimiza a las víctimas, las vulnera y las expone frente a una sociedad que tiene mucho que aprender al respecto aún.

Las condenas penales son parte importantísima de la reparación para las víctimas, pero no tienen que servir de chivo expiatorio a un sistema de complicidades, por encubrimientos o silencios, que continúa ahí, casi sin modificarse.

Como siempre decimos en los talleres de educación popular sobre violencia de género, las personas que abusan sexualmente a otras no son “monstruos” ni “demonios”, tampoco “locos”, son personas responsables penalmente, que usar su poder para violentar a otras. Ajenizar, exotizar o animalizar a los abusadores genera un alejamiento cómodo e irreal con un problema que afecta a todos los ámbitos donde nos desenvolvemos, donde tenemos responsabilidad en prevenir estos hechos y accionar frente a ellos.

Por esa razón la Ley de Educación Sexual Integral, en el ámbito educativo, y la Ley Micaela en las instituciones (sean públicas o privadas) cobran tanta relevancia y urgencia, al constituirse casi como único ámbito donde dialogar de estos temas, desnaturalizar prácticas y fijar protocolos de actuación.

Al respecto, el año pasado en Entre Ríos, durante la Séptima Sesión Ordinaria, el poder legislativo dio sanción definitiva al proyecto por el cual se establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para la totalidad de las autoridades y afiliados a los partidos políticos. Sin embargo, el gobierno de Bordet nunca la reglamentó, las autoridades partidarias se desentendieron y la actual gestión de Frigerio parece desinteresada respecto a la aplicación de la Ley Micaela en general. Iniciativas parecidas se pueden ver en otros ámbitos, donde se hacen anuncios en momentos de corrección política, o de casos resonantes que obligan a posicionarse, para luego caen en saco roto.

Desandar la cultura de la violación.

Frecuentemente, para explicar la complejidad y el enorme espectro de maneras en las que se expresa la violencia de género, se usa la figura de un iceberg cuya punta siempre es más pequeña que toda la estructura que la sostiene por debajo. En ese vértice se ubican las formas más extremas de violencia como los femicidios, los golpes o las violaciones y, en la base, las otras muchas formas de violencia que van desde el humor sexista a los estereotipos. De forma similar, en lo que respecta a lo específico de la violencia sexual, podemos encontrar que fácilmente vemos, reconocemos y repudiamos a esas formas visibles como los abusos con acceso carnal, pero restamos importancia a otras expresiones que educan a algunos en el irrespeto al consentimiento de la otra persona y a otras al silencio o naturalización de acciones reprochables.

Recuerdo que en mi adolescencia (a eso de los 14 o 15 años), cuando comenzamos a salir a boliches a bailar, era frecuente que mis amigas y yo usáramos camperas para atarnos en la cintura con la intención de evitar los tocamientos, una de las diversiones de los chicos de nuestra edad que también comenzaban a frecuentar la nocturnidad. También recuerdo que, en el mundo adulto, esto no hacía mucho ruido y se tomaba, simplemente, como parte de lo normal que viven los y las adolescentes. Es un pequeño ejemplo que quizás sirva de muestra de cómo operan algunas lógicas sociales más generales y graves.

El rol del Estado a través del sistema de justicia es urgente y su responsabilidad, intransferible. Educar en el respeto, en la importancia del consentimiento, construir protocolos de prevención y actuación en las instituciones que ordenan nuestra convivencia, sancionar a los victimarios y crear ámbitos donde las personas que padecen o padecieron abusos puedan expresarse, son todas caras de una misma moneda.

Aún más duro parece ser el escenario, en el marco de una cultura machista donde el varón está menos habilitado para manifestar sus vulnerabilidades, para aquellos hombres que han sufrido abusos, donde el silencio por miedo a la condena social es aún mayor.

Tengamos la certeza de que en nuestro alrededor hay víctimas de abusos que están dando sus batallas por salir adelante. Lamentablemente, tengamos la sospecha de que cerca nuestro también existen victimarios que utilizan diversas formas de poder para violentar.

Ojalá que los casos testigo que han tenido resoluciones efectivas en la justicia sirvan para impulsar otros procesos de búsqueda de la verdad y reparación. Mientras tanto, hablar, capacitarnos, formarnos y fomentar el rompimiento de las complicidades, es el antídoto que tenemos para construir una sociedad menos lastimada. 


captura de pantalla

The tale (Jennifer Fox, 2018)

La peli narra la historia de abuso sufrida por la directora. Lo interesante: el contrapunto entre lo que vivió la niña y lo que puede nombrar como abuso la mujer. Impecable Laura Dern en el protagónico.

Big little lies (David E. Kelley, 2017)

Al principio puede parecer que solo serán problemas de gente blanca y rica… y un poco si. Pero hay mucho mas. Hermoso soundtrack, un elenco de re contra lujo y una revelación final inquietante.

leaving neverland (Dan Reed, 2019)

Docuserie de HBO centrada en la experiencia de dos hombres, Wade Robson y James Safechuck, quienes alegan que el cantante estadounidense Michael Jackson abusó sexualmente de ellos cuando eran niños.