19 DE JULIO DE 1924
A CIEN AÑOS DE LA MASACRE DE NAPALPÍ
Por días los cuervos no volaron, porque estaban comiendo de los muertos. Esas fueron las palabras con las que Melitona Enrique, sobreviviente de Napalpí, nos ayudó a entender la dimensión de un horror poco conocido, acallado e impune que forma parte de nuestra historia. En esta edición de La Mala, dedicaremos un tiempo a la reflexión sobre esta masacre, perpetrada por el Estado y silenciada por la prensa de entonces.
LAS “CONQUISTAS” Y LAS REDUCCIONES
El sometimiento y colonización del Chaco por parte del Estado Nacional argentino comenzó hacia el año 1884 un proceso más agresivo, en congruencia con la culminación del proceso de organización territorial y del ingreso pleno argentino al mercado mundial a través del modelo agroexportador. Como antecedente inmediato, y como parte del mismo proceso, el Estado Nacional había avanzado en los territorios patagónicos y para 1880 culminado la llamada “Conquista del Desierto”, que consagró el avance militar, administrativo y político del Estado de los territorios del sur.
En términos materiales las masacres a las poblaciones indígenas se acompañaron con traslados forzosos de sobrevivientes, fundamentalmente hacia la ciudad de Buenos Aires y a los ingenios azucareros del noroeste como mano de obra semiesclava, y el desarrollo de algunas experiencias concentracionarias de reducción y sometimiento indígena como la Isla Martín García y Valcheta en Río Negro. Claro está que la violencia represiva fue acompañada por el despliegue de una política cultural y educativa tendiente a exotizar, invisibilizar, negar, ajenizar y/o demonizar a los pueblos indígenas vencidos… pulpo de construcción de sentido que extiende sus tentáculos hasta hoy.
Cuatro años después de culminada la campaña patagónica, durante la presidencia de Julio A. Roca, el ministro de Guerra y Marina, Benjamín Victorica, solicitó fondos al Congreso de la Nación para llevar adelante una importante ofensiva militar al Chaco para someter o reducir a los indígenas de la zona y entregar estas tierras a colonos para su explotación. Con financiamiento y apoyo político la campaña militar de Victorica venció a importantes líderes indígenas y logró hacerse de territorios que condicionaron la vida nómade de los grupos indígenas presionándolos al ingreso, como mano de obra barata, de las explotaciones forestales y agrícolas de la zona.
Sucesivamente, otras campañas militares continuaron expandiendo el avance estatal, como la de Vintter (1889) y O´Donnell (1907/1908) hasta la última gran intervención militar de 1911, comandada por el coronel Enrique Rostagno, la cual culminó con la fundación de la Reducción de Indios Napalpí y el posterior despliegue de espacios concentracionarios indígenas en la zona. A Napalpí le siguieron la Reducción Bartolomé de las Casas en 1914 y las colonias Francisco Javier Muñiz y Florentino Ameghino, en 1935, todas asentadas en lo que es hoy Formosa.
Pero es importante señalar que campañas militares y la implantación de reducciones como espacios concentracionarios fueron dos aristas de la misma política estatal sobre los pueblos originarios. De hecho, la creación de Napalpí fue propuesta al ministro de Guerra de la Nación, Gregorio Vélez, por parte del coronel Rostagno tras finalizar su incursión militar como mecanismo de “civilización” indígena y para preservarlos como factor económico (mano de obra semiesclava).
Es decir, en el Gran Chaco la militarización y el sometimiento violento de los indígenas se complementó y convivió con el “sometimiento pacífico” de las reducciones. Avance militar, destrucción del modo de vida y subsistencia nómade y sedentarización forzada para la explotación de mano de obra barata fueron acciones mutuamente necesarias que coexistieron por más tres décadas.
“Los atropellos, masacres, violaciones, torturas y esclavización no eran realizadas de manera oculta, estaban institucionalizadas dentro de las estructuras burocráticas nacionales más importantes”
Esta convivencia de estrategias políticas de tratamiento de los pueblos originarios quedó plasmada administrativamente en la inscripción de las reducciones a distintas dependencias públicas del Ejecutivo Nacional. Comenzando en el Ministerio de Guerra, hacia el año 1912 se encomendó formalmente a la Dirección General de Territorios Nacionales el trato con los indígenas y, a su vez, el control sobre Napalpí quedó en manos del Departamento de Agricultura, ambas dependencias del Ministerio del Interior. Los atropellos, masacres, violaciones, torturas y esclavización no eran realizadas de manera oculta, estaban institucionalizadas dentro de las estructuras burocráticas nacionales más importantes.
LAS REDUCCIONES INDÍGENAS
Las comunidades Qom y Moqoit fueron nómades y se extendieron por un extenso territorio del actual norte argentino. Durante largo tiempo lograron imponer su independencia de los intentos colonizadores, hasta la campaña militar conocida como la “Conquista del Gran Chaco” de 1894. A partir de allí, con el reparto de tierras, la ampliación de la frontera productiva y la institucionalización de las reducciones, se vieron obligados a desplazarse hacia su interior o hacia otras provincias, abandonando su tierra ancestral y su forma de organización política, social y cultural.
Al ingresar a la reducción, el administrador les imponía sus deberes y se les daba un crédito que, al final de la cosecha, se les descontaba del total, generando un endeudamiento irresoluble que los condenaba a seguir trabajando a destajo, sin una verdadera compensación. Trabajaban en tareas pesadas, de sol a sol, hombres, mujeres, ancianos, ancianas, niños y niñas, bajo la custodia de capataces que los trataban con violencia y crueldad.
Había patrullajes permanentes y los indígenas no podían moverse con libertad alguna. Pero, a su vez, si un indígena era expulsado de la reducción era condenado a una marcación que lo dejaba aún más expuesto a la violencia estatal. Quienes vivían en la reducción eran categorizados como “bueno”, “malo” o “regular”, según su laboriosidad, su adaptación al “trabajo” (explotación) y su vínculo con la realización de “propaganda insidiosa contra la administración”, es decir, la promoción de la organización social para la lucha por mejores condiciones de vida.
IMPUNIDAD ESTATAL Y COMPLICIDAD MEDIÁTICA
Días previos a la masacre, las comunidades de la Reducción de Indios Napalpí habían entrado en huelga para exigir la mejora en las condiciones de vida, pagos por el trabajo y derecho a circular libremente dentro y fuera de la reducción.
El gobernador del Territorio Nacional del Chaco, Fernando Centeno, nombrado en tal cargo por el presidente Marcelo T. de Alvear, había prometido intervenir en favor de la resolución del conflicto, pero, finalmente, ordenó la cruenta represión.
El 19 de julio de 1924, policías y gendarmes, acompañados de algunos civiles y asistidos por una avioneta, se dirigieron a la reducción y abrieron fuego sobre la población Qom y Moqoit que allí se encontraba. Hombres, mujeres, niños y ancianos fueron acribillados, degollados, empalados y mutilados. Sus cuerpos, dejados a la intemperie o enterrados en fosas comunes. Algunos restos fueron exhibidos en la comisaría de la localidad cercana de Quitilipi, como trofeos de la jornada. Y, durante días, continuó la cacería de sobrevivientes por el monte.
“El 19 de julio de 1924, policías y gendarmes, acompañados de algunos civiles y asistidos por una avioneta, se dirigieron a la reducción y abrieron fuego sobre la población Qom y Moqoit que allí se encontraba”
Las versiones oficiales del gobierno provincial afirmaron que se trató de un enfrentamiento de pocas dimensiones y desde la Secretaría de Territorios del Ministerio del Interior no se ordenó una investigación más exhaustiva. El accionar del sistema de justicia fue escueto y débil, ya que Centeno contaba con el poder suficiente para intervenir en él. Medios nacionales y locales reprodujeron la idea de enfrentamiento y pocas voces se atrevieron a poner en cuestión la verdad oficial. Los pocos sobrevivientes se trasladaron a otras zonas rurales y, sobre todo, guardaron silencio por largos años por miedo a represalias.
Tras la Masacre de Napalpí, la investigación que se abrió para esclarecer los hechos se basó sólo en las declaraciones de los policías y gendarmes que participaron del ataque y no hubo un solo testimonio a favor de los indígenas por lo que la causa se cerró rápidamente. La estrategia de ocultamiento del gobierno provincial, a cargo de Fernando Centeno, incluyó comunicaciones al Ministerio del Interior de la Nación en la que informaba que se había producido un tiroteo como consecuencia de una sublevación indígena con el resultado de cuatro muertes. El presidente, Marcelo T. de Alvear, y su ministro Vicente Gallo aceptaron las explicaciones y no impulsaron ninguna investigación.
Al accionar del Estado se sumó el de algunos medios de comunicación que antes y después de la masacre criminalizaron las protestas indígenas y montaron sobre las comunidades sospechas de sublevaciones violentas e, incluso, malones. Los informes estatales y periodísticos fueron prácticamente el único registro de lo ocurrido difundido, mientras que los sobrevivientes y las comunidades fueron perseguidas, castigadas y acalladas.
EL GENOCIDIO, PRÁCTICA QUE SE CONTINÚA
A nuestros días, es posible trazar una línea de continuidad entre la invisibilización indígena de fines del siglo XIX y principios del siglo XX y la actual invisibilización de los pueblos originarios. Los crímenes contra ellos cometidos, el silencio y la impunidad, siguen operando sobre la realidad política, social y económica nacional permitiendo la perpetuación de violencias, discriminación y racismo.
En Argentina la exotización o arqueologización de los pueblos originarios es frecuente en los medios de comunicación, los contenidos educativos, las publicidades, las redes sociales y en diversas instituciones públicas y privadas. Las comunidades indígenas, sus lenguas, culturas, rostros, música y formas de organización social y política, en la mayoría de los casos, son mostradas como vestigios de un pasado argentino que ya no existe o como un fenómeno marginal de los territorios más alejados. Frente a ello, la extendida idea de que “venimos de los barcos”, invisibiliza el origen de miles de ciudadanos y ciudadanas argentinas que no son descendencia de la inmigración europea de fines del siglo XIX y XX sino de los pueblos originarios, de las comunidades afrodescendientes y de la migración latinoamericana.
Esta invisibilización, ajenización y extranjerización de la población indígena está a la orden del día para desacreditar las demandas de las comunidades, deslegitimar sus reclamos y criminalizar sus luchas. Es aquí cuando se nos aparecen rostros jóvenes, como el de Rafael Nahuel, y tantos otros comprometidos con las reivindicaciones de sus comunidades, asesinados por las fuerzas de seguridad, por ser indígenas y pobres.
CUANDO LA VERDAD VA A JUICIO
Los Juicios por la Verdad en Argentina fueron una forma sui generis de procesos judiciales que, en el marco de las leyes de impunidad de los crímenes de la dictadura, no buscaron la sanción penal de los responsables de los delitos de lesa humanidad, sino que su objetivo era conocer la verdad sobre lo ocurrido y recuperar el derecho a la memoria.
Estos juicios, desarrollados desde mediados de la década de 1990, a raíz de la recomendaciones que la Corte Interamericana de DDHH le hizo al Estado argentino, sirvieron para constituir un ámbito de expresión al que accedieron personas que nunca antes habían tenido un marco institucional en el que contar su historia y fueron la base sobre la cual se erigieron juicios penales tras la declaración de inconstitucionalidad de las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
En 2022, por primera vez en la Argentina, esta modalidad del sistema de justicia se aplicó para reconocer las prácticas sociales genocidas perpetradas sobre las poblaciones indígenas y concluyó con una sentencia histórica e inédita que reconoció lo ocurrido como crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de un proceso de genocidio de los pueblos originarios.
Un amplio espectro de actores sociales se movilizó para aportar al proceso: organismos públicos nacionales y provinciales, pueblos originarios, asociaciones civiles, equipos técnicos, universidades, académicos y el Equipo de Antropología Forense (EAAF), de amplia trayectoria en el país.
Parte del juicio y la lectura de la sentencia fueron dictadas a las lenguas qom y moqoit y fueron tomadas como evidencia no sólo documentación oficial y aportes académicos sino, también, los testimonios de sobrevivientes, ya fallecidos, pero cuyos relatos fueron conservados a través de grabaciones que realizaron las comunidades años antes.
Como resultado de la sentencia, diversas acciones estatales (provinciales y nacionales) habían comenzado a desplegarse, como capacitaciones a miembros de la Gendarmería y fuerzas de seguridad, programas educativos para incluir curricularmente los hechos históricos, el señalamiento del lugar de la masacre como sitio de la memoria, entre otras iniciativas. Sin embargo, la llegada al gobierno de la Libertad Avanza (LLA), con su claro posicionamiento anti-indigenista, ha significado no sólo un freno sino un retroceso.
“En el marco de una sociedad asumida como blanca e hija de la inmigración europea, otras identidades no sólo no tienen lugar, sino que son invisibilizadas, oprimidas y violentadas”
LO QUE NOS ENSEÑA NAPALPÍ
Conocer Napalpí abre el camino para una reflexión aún más honda acerca del proceso de construcción del Estado argentino y su vínculo con el desarrollo de prácticas racializadoras y genocidas que dispensan sus efectos hasta la actualidad.
En el marco de una sociedad asumida como blanca e hija de la inmigración europea, otras identidades no sólo no tienen lugar, sino que son invisibilizadas, oprimidas y violentadas.La sentencia histórica con la que concluyó el Juicio por la Verdad por la Masacre de Napalpí constituyó un avance respecto al desarrollo de políticas reparatorias por parte del Estado. Años antes ya habían tenido lugar algunos antecedentes como fue el pedido de disculpas realizado por el gobernador de Chaco en nombre del Estado provincial (2008); la Ley N°6.604 que declaró lenguas oficiales al Qom, Wichi y Moqoit (2010); y la construcción del Sitio Histórico Memorial Napalpí (2021).
Sin embargo, la gestión actual del Estado nacional y su posicionamiento abiertamente contrario a la perspectiva de los Derechos Humanos y la interculturalidad, nos hace sentir que caminamos hacia atrás pisando los pocos pasos avanzados.
Los pueblos originarios, las comunidades Qom y Moqoit, la Masacre de Napalpí, la cruenta historia de las reducciones indígenas y el desarrollo de prácticas sociales genocidas no son piezas arqueológicas o parte de una historia lejana y remota. Por el contrario, son parte de nuestra vida, de nuestra construcción subjetiva y de nuestra identidad.
El legado de incansables hombres y mujeres que han trabajado y luchado toda su vida por la preservación de la memoria, la difusión de la verdad y la construcción de justicia, nos exhortan a poner nuestro empeño, humano, ético y político en la construcción de un proyecto de país y de un modelo de desarrollo que no se siente en el horror y la crueldad sino en el respeto de la dignidad humana.
Recomendaciones:
Un documental: «MELITONA, CRIMENES EN SANGRE» sobre la masacre de NAPALPI en Chaco, Argentina
Una canción: Dueño Antiguo de las Flechas por Mercedes Sosa.
