La violencia siempre está ahí, de un modo u otro presente, se produce y reproduce, dejando huellas profundas en las trayectorias personales, colectivas y generales. Quizás esa es la razón por la que la violencia tardó tan poco en adentrarse al mundo digital, que se transformó en masivo desde hace dos décadas y trastocó casi todas las formas de interacción y relacionamiento humano.
En la generación sub 30, las redes sociales forman parte de casi toda su vida consciente. Las anécdotas y recuerdos personales, familiares, escolares y deportivos fueron “subidos” a alguna red y a través de esas mismas redes se fue testigo de lo que sucedió en la vida de los demás. El rechazo o la aprobación, la popularidad o la impopularidad, se pueden medir a través de “likes” o a través de comentarios positivos o agraviantes.
Lo que pasa en las redes no queda sólo en una “nube” digital, es real, se vive real y se siente real. El maltrato, la discriminación y el “hate” dañan a personas que sufren, lloran, se recluyen y hasta enferman. Los riesgos y la exposición a la violencia están en la pantalla, pero también la atraviesan y el tránsito de un mundo a otro es lo que todavía inquiera acerca de cómo regular, contener o sancionar.
¿QUÉ ES LA VIOLENCIA DIGITAL?
Toda conducta, acción u omisión que sea cometida, instigada o agravada con la asistencia, utilización y/o apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación, que tengan como objetivo causar daños físicos, psicológicos, económicos, sexuales o morales. En ese gran espectro de acciones se encuentran todas las conductas que atentan contra la integridad, dignidad, identidad, reputación, libertad, y contra el acceso, permanencia y desenvolvimiento en el espacio digital.
Esta definición, relativamente reciente, ha impactado en la forma de definir, prevenir, abordar y sancionar las diversas violencias, ya que hasta hace no muchos años no estaba contemplada. Un ejemplo de ello es su incorporación en la Ley de Protección Integral a las Mujeres (Ley N° 26.485) a través de una modificación ampliatoria realizada en 2019 (Ley N° 27.736), donde se incluyó la violencia digital o telemática como una de las modalidades que existen de violencia por motivos de género. Esa Ley Modificatoria se conoce como “Ley Olimpia” en reconocimiento a la lucha desarrollada por Olimpia Coral Melo, una joven mexicana que sufrió violencia por parte de su expareja que difundió videos íntimos sin su consentimiento. Tras muchos años de lucha, el Estado mexicano sancionó una Ley para abordar estos temas y ha impulsado su sanción en muchos otros países del mundo.
Por supuesto, no todas las formas de discriminación y violencia telemática revisten la misma gravedad y, por tanto, sus posibles sanciones también son disímiles. En nuestro Código Penal no se encuentran tipificadas muchas de las maneras en las que se puede lesionar o dañar a una persona desde los entornos digitales, por lo que lo que se suele hacer es adecuar algunas otras figuras a los hechos que se buscan penalizar.
“Esa Ley Modificatoria se conoce como “Ley Olimpia” en reconocimiento a la lucha desarrollada por Olimpia Coral Melo, una joven mexicana que sufrió violencia por parte de su expareja que difundió videos íntimos sin su consentimiento”
¿QUIÉNES PUEDEN SUFRIR VIOLENCIA DIGITAL?
Cualquier persona que utilice medios digitales está expuesta a sufrir diversas formas de violencia digital. La reproducción de discursos de odio, situaciones de acoso (también de índole sexual), amenazas, extorsión, control o espionaje de la actividad virtual, accesos no autorizados a dispositivos electrónicos o cuentas en línea, robo y difusión no consentida de datos personales. Sin embargo, dentro de los grupos más vulnerables se encuentran los niños, niñas, adolescentes y las mujeres.
Según un estudio de ONU Mujeres, el 85% de las mujeres que están en línea han presenciado violencia digital contra otras mujeres, encontrándose entre las modalidades más frecuentes la difamación (67%), el ciberacoso (66%) y los discursos de odio (65%)
LA VIOLENCIA SEXUAL, TAMBIÉN EN LAS REDES
Las violencias digitales sexuales constituyen una de las formas más graves y extendidas de vulneración de derechos en entornos digitales. Es un ataque directo contra la integridad sexual, privacidad y bienestar emocional de las personas que las padecen y sus consecuencias sobre las víctimas son análogas a las violencias sexuales físicas.
En nuestro país, diversos hechos graves han alentado a familias, víctimas, instituciones y organizaciones a realizar campañas de concientización sobre el tema y a bregar por cambios normativos que contribuyan a la prevención y sanción de estos actos. En ese marco, se destaca la incansable labor de Laura Sánchez, mamá de una adolescente de 15 años que se suicidó tras la difusión de imágenes íntimas por parte de un compañero de escuela, un caso que evidenció la falta de formación y protocolos de actuación por parte de las escuelas para trabajar con estas realidades que impacta, de un modo u otro, en la vida y trayectoria de miles de niños/as y adolescentes.
Laura ha sido la impulsora de “La Guía Ema”, un material producido con la compañía de importantes asociaciones de Derechos Humanos y educativas que tiene la pretensión de aportar una hoja de ruta para prevenir y contener hechos semejantes que pueden tener lugar en el ámbito educativo. El desafío está ahora en que la Guía Ema llegue a cada escuela argentina y que forme parte de la currícula formativa en cada instituto superior o universidad donde se forman los/as docentes del mañana.
Entre las violencias digitales sexuales nos encontramos con la obtención y difusión no consentida de material íntimo; la violencia sexual exhibida en internet y el Porn Deep Fake (el fotomontaje de imágenes con contenido sexual).
También está la sextorsión, una forma de coacción en la que la víctima es puesta bajo amenaza con la presión de que se pondrá material digital sexual en conocimiento de terceros. Recordemos el caso de Belén, una joven policía de 25 años y madre de tres hijos que se suicidó tras luchar infructuosamente con su expareja y agresor quien difundió videos íntimos de ella.
Asimismo, delitos federales como la trata de personas hoy están atravesados por la utilización de soportes digitales que agilizan los procesos para los criminales y contribuye a su anonimato. La captación de víctimas a través de redes sociales y su explotación ofrecida por internet ha crecido exponencialmente en el último lustro, especialmente desde la pandemia que asoló al mundo en 2020.
“Según algunos relevamientos realizados por Unicef, el 65% de las niñas y adolescentes han padecido de “Ciber flashing” o exhibiciones obscenas digitales generando en ellas miedo, rechazo, culpa y perturbación”
ACOSO SEXUAL VIRTUAL Y GROOMING
El acoso sexual no reconoce género, todas las personas pueden sufrirlo, padecerlo o ejercerlo. Pero hay una realidad, son los niños, niñas, mujeres y las identidades disidentes quienes lo padecen de manera más sistemática y estructural.
Como lo hemos explicitado en otras notas, aún en las sociedades del siglo XXI hay una ocupación distinta del espacio público según el género de pertenencia. Las mujeres estamos más expuestas a diversas formas de acoso sexual en la calle, a eso responden los cuidados especiales y las redes de cuidados especiales. El miedo a la violencia sexual en la vía pública, en el transporte público, en una plaza está todo el tiempo. Y si tenés la desdicha de sufrir algún tipo de episodio, es posible que no seas vista como una víctima sino como una co-responsable por circular a determinada hora o por estar vestida de tal o cual modo.
Que te muestren los genitales, que te toquen indebidamente sin consentimiento, que te digan o hagan gestos obscenos y que te persigan son parte de una realidad que llega para quedarse desde (en promedio) los 8 años de la vida de las niñas.
Esta inseguridad sexual en el espacio público físico rápidamente llegó al espacio público digital, a través de diversas formas de intimidación y hostigamiento sostenido. Según algunos relevamientos realizados por Unicef, el 65% de las niñas y adolescentes han padecido de “Ciber flashing” o exhibiciones obscenas digitales generando en ellas miedo, rechazo, culpa y perturbación.
Hace poco, la periodista Agusta Peñalva denunció mediáticamente a Walter Graziano, un sujeto que comenzó a acosarla, primero por redes sociales para, luego, pasar a la persecución física. Y ahí está el nudo de la cuestión: “lo virtual es real”, es vivido así por las víctimas porque la supuesta distancia entre un mundo y el otro la maneja arbitrariamente el agresor, a su gusto y piaccere.
Agustina Peñalva fue primero al sistema de justicia, pero la respuesta ineficaz y lenta no generó más que el aumento del hostigamiento por parte de Graziano, lo que la llevó a exponer públicamente el infierno que estaba viviendo como recurso para preservar su vida e integridad. Todo esto nos habla de una necesidad urgente de modificar las leyes, incluso el sistema penal, y nos abre un inmenso interrogante acerca de cómo educar en ciudadanía digital porque si hay violencia en las redes es porque las redes son manejadas o usadas por violentos y acosadores.
Entre las violencias sexuales digitales hay una que particularmente afecta a niños/as y adolescentes: el “grooming”. Se refiere a la situación en la que una persona adulta abusa o intenta abusar sexualmente a un niño, niña o adolescente mediante el uso de Internet. En ocasiones, utilizan estrategias de acercamiento a sus víctimas mediante redes sociales o juegos en línea, de esta manera buscan semejarse a pares y generar afinidad y confianza. Después de lograr un vínculo, es el adulto quien comienza a mandar material de contenido sexual, en ocasiones haciéndose pasar por otra/o menor, para pedir con ello reciprocidad y que la víctima acceda a corresponderle con el mismo tipo de imágenes o vídeos, a menudo ejerciendo intimidación y manipulación.
Casos gravísimos de grooming llevaron a que la República Argentina incorpore este delito sexual específico al Código Penal que, en su artículo 131 establece que el contacto de un adulto con un menor con fines sexuales tendrá una pena entre 6 meses a 4 años.
“Lo virtual es real, es vivido así por las víctimas porque la supuesta distancia entre un mundo y el otro la maneja arbitrariamente el agresor, a su gusto y piaccere”
TENEMOS QUE CONSTRUIR OTRA REALIDAD
Además de las violencias sexuales digitales hay otras violencias que circulan por internet y que afectan la vida de miles de personas (el ciberbullying, el acoso digital, los discursos de odio en línea, el Doxing o difusión de información personal; la suplantación de identidad digital, los ataques coordinados masivos o “trolling”, entre otros). Se trata de niños, niñas, adolescentes, adultos y adultas cuya salud mental e incluso física están alteradas por diversas formas de hostilidad que lesionan la convivencia, la seguridad y el desarrollo personal y comunitario.
Detrás de cada usuario de internet hay grandes empresas de datos y telecomunicaciones que influyen en nuestra percepción del mundo y facturan cuantiosas sumas a partir de la proliferación y viralización de comentarios y contenidos (aunque ellos sean violentos), lo que nos hace sentir un poco impotentes al respecto. Sin embargo, siempre hay márgenes para la promoción del respeto a la dignidad humana, la sensibilización y la concientización sobre estos temas. La Ley Micaela y la Guía Ema son algunos de los instrumentos básicos y esenciales con los que contamos, seguramente podemos pensar y desarrollar mucho más. No podemos cambiar con un click al mundo, pero un click si puede cambiar el mundo de una persona.