SALUD MENTAL

LEY ARIEL GOYENECHE: EDUCAR PARA QUE NO HAYA MÁS VÍCTIMAS

El caso de un hombre asesinado por la Policía durante una crisis de salud mental en Paraná puso en evidencia la urgencia de un abordaje integral en salud mental. La diputada nacional Carolina Gaillard (UxP) impulsa una ley que establece la capacitación obligatoria en salud mental para todos los niveles del Estado, con perspectiva de derechos humanos y comunitaria. Una herramienta para prevenir, contener y no repetir la violencia institucional.

Texto: Isidro Alazard | Ilustración: Diego Abu Arab
Publicidad

Este viernes se presentó en Gualeguaychú el proyecto de ley impulsado por la diputada nacional por Entre Ríos, Carolina Gaillard (UxP), que busca establecer la capacitación obligatoria en salud mental para fuerzas de seguridad, personal de salud y trabajadores del ámbito educativo.

La iniciativa, titulada Ley Ariel Goyeneche, surge a partir del trágico fallecimiento de un hombre de 38 años en Paraná, durante un procedimiento policial que confundió una crisis de salud mental con un hecho delictivo. Para conocer más sobre la propuesta, La Mala conversó con Mercedes Nieto, licenciada en Trabajo Social, referente de la salud mental de la ciudad y participante del panel conformado para la presentación del proyecto, el viernes, en la UNER. 

“Ariel Goyeneche es un joven que en la madrugada del 12 de febrero de 2024 fue víctima de violencia institucional, murió asesinado bajo custodia policial en medio de una crisis subjetiva. En una de las asambleas del año pasado sobre salud mental y Derechos Humanos se votó que pudiera llevar su nombre este proyecto, que tiene como objeto la capacitación obligatoria en salud mental para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la provincia de Entre Ríos, desde una perspectiva comunitaria y de derechos humanos”, introdujo la profesional. 

El caso de Goyeneche, padre de una niña de 12 años, dejó en evidencia las fallas del sistema en cuanto al manejo de personas con algún tipo de problema de salud mental. Ariel fue reducido por tres policías luego de un llamado al 911 que alertaba sobre una persona que caminaba por los techos de una vivienda. Si bien no opuso resistencia, fue esposado y detenido bajo la sospecha de invasión a la propiedad privada. Durante la custodia, y según las imágenes de las cámaras de seguridad, Goyeneche fue inmovilizado por más de 25 minutos, con un policía sobre su espalda y otro sujetándole las piernas (además, recibió golpes). La autopsia determinó que falleció por asfixia mecánica por compresión extrínseca a nivel toracoabdominal, es decir, por falta de aire causada por una fuerza externa. El fiscal Santiago Alfieri, a cargo de la causa, confirmó que Goyeneche «estaba sano» y que su muerte se debió a un accionar policial desmedido, lo que derivó en la imputación de dos suboficiales y un oficial por los delitos de “homicidio en circunstancias de exceso del cumplimiento de un deber” y «vejaciones».

“La autopsia determinó que falleció por asfixia mecánica por compresión extrínseca a nivel toracoabdominal, es decir, por falta de aire causada por una fuerza externa”

Al respecto, Nieto se refirió a los objetivos del proyecto: “Tiene la intención de visibilizar las problemáticas de salud mental, para que el universo destinatario de la capacitación no promueva acciones estigmatizadoras ni discriminatorias, y que actúe de acuerdo a un abordaje protocolizado ante las situaciones específicas que se le puedan presentar. Además, brindar acompañamiento y contención a las personas que presentan problemáticas de salud mental, con la realización de derivaciones oportunas a los dispositivos correspondientes. Nos parece que este tipo de proyectos de ley son un modo de constituir una respuesta social y colectiva ante lo que le pasó a Ariel: hay una corresponsabilidad interinstitucional de respuesta de todos los agentes del Estado”.

Asimismo, la impulsora del proyecto y actual diputada nacional, Carolina Gaillard, en dialogo con Digamos Todo, adelantó que las capacitaciones que se desarrollarían en el marco de la ley “pueden ayudar muchísimo en deconstruir prejuicios, erradicar estigmas, pero a la vez dar herramientas a quienes se encuentran con estos casos para que puedan derivarlos correctamente y que tengan un abordaje adecuado, sobre todo que sepan qué dispositivos se cuenta en la comunidad, a dónde derivarlo, cómo contener cada situación en cada momento”.

“Salud mental es un tema que nos preocupa mucho, sobre todo porque hay problemas que se han agudizado después de la pandemia del Covid, y hoy con la crisis económica estamos viendo un aumento desmesurado la tasa de suicidios. Hay muchos adolescentes que están atravesando padecimientos de salud mental, ataques de angustia, de ansiedad generalizada, etcétera”, remarcó.

Como venimos mostrando hace varias ediciones, el escenario provincial refuerza la urgencia del proyecto: en 2024, Entre Ríos alcanzó los 19,8 suicidios por cada 100.000 personas. Esta estadística pone en evidencia la ausencia de políticas públicas preventivas y la necesidad de una formación transversal sobre salud mental en todos los ámbitos institucionales.

Por otro lado, Gaillard destacó la importancia de la experiencia de la Ley Micaela (en capacitación en género): “Entendemos que la obligatoriedad permitió que la capacitación llegue a todos y eso le imprimió una nueva manera de ver las cosas a muchas personas que trabajaban en el Estado, articulando mejor los distintos sectores. Por más que haya muchos recursos para salud mental, si no hay capacitación y no deconstruimos viejos paradigmas, es muy difícil que avancemos en una mirada de Derechos Humanos y perspectiva comunitaria de la salud mental”.

“Uno no defiende lo que no conoce. Entonces, poder motivar el conocimiento de la Ley de Salud Mental (y de todas las leyes complementarias, como la Ley de Derecho del Paciente, la Ley de Discapacidad, la de los Derechos del Niño, leyes contra la violencia de género, la Ley de Educación Sexual Integral, entre otras) es un modo de darle poder a la comunidad y poder defender nuestros derechos. La obligatoriedad es con el objetivo de sensibilizar y responsabilizar a quienes asumen una tarea pública: que adquieran los conocimientos apropiados para resolver correctamente situaciones problemáticas”, explicó Nieto.

“Por más que haya muchos recursos para salud mental, si no hay capacitación y no deconstruimos viejos paradigmas, es muy difícil que avancemos en una mirada de Derechos Humanos y perspectiva comunitaria de la salud mental”

“Falta formación, falta sensibilización, falta que nos encontremos y pongamos en agenda la salud mental. Existen marcos normativos, pero creo que hay mucho desconocimiento sobre su reglamentación, sobre cómo exigir su aplicación. A la hora de hablar de salud mental hay en vigencia aún muchos paradigmas que conviven y que se encuentran en tensión, donde todavía las problemáticas cargan con mucho estigma y con lecturas de que son problemáticas individuales (que lo que te pasa, te está pasando sólo a vos). Las respuestas frente a esos paradigmas históricamente han sido el encierro, el ocultamiento, resolverlo en soledad, los tan conocidos manicomios, que han sido también espacios de tortura”, expuso la referente de la Asamblea de Salud Mental de Gualeguaychú. 

“Es necesario entender que son problemáticas sociales, hay que pensar en respuestas colectivas, desde una concepción de un sujeto activo, con potencialidades, con derechos, también con obligaciones, pero sobre todo con derecho a estar informado, a saber qué le pasa y a tomar decisiones sobre su vida. Hace falta la capacitación, que debe ser constante”, concluyó.  

El proyecto de Ley Ariel Goyeneche no solo interpela al gobierno en su conjunto, también convoca a la sociedad a repensar cómo se vincula con las personas que pasan por situaciones de sufrimiento. En un contexto atravesado por la desinformación, el estigma y la falta de respuestas coordinadas, esta iniciativa busca transformar el dolor en acción política y colectiva. 

Números para recibir apoyo y orientación en salud mental

Línea 141 – Sedronar

0800-777-2100 – Urgencias de salud mental de Entre Ríos