La intervención sobre la subasta de los terrenos del Procrear en Avenida Ejército N° 2751 de Paraná nace, justamente, de una demanda genuina que atraviesa generaciones y espacios ideológicos. En la capital entrerriana existen 54 barrios populares, asentamientos y villas donde la urbanización es una urgencia concreta. Quienes alquilan, trabajadores en su gran mayoría, sostienen una dinámica de mercado completamente asimétrica, en la que la consigna es clara: “si no te gusta, hay otro”.
El acceso a la vivienda dejó de ser un proyecto posible para convertirse en una utopía. El Procrear permitió que miles de familias accedieran a su casa propia. Hoy esas personas siguen pagando su cuota mensual, logrando que el sueño de la vivienda sea un hecho de la realidad.
La política que funciona es la que permite ver el desarrollo de la gente, no la que se limita a rivalizar o dinamitar lo hecho por la gestión anterior.
Aunque no exista una cifra oficial única y consolidada que abarque todas las ediciones del Programa Procrear, desde su lanzamiento en 2012 hasta 2023 se adjudicaron y/o gestionaron aproximadamente 530.000 soluciones habitacionales. Ese es el sentido de la disputa que impulsó la organización política frente al Decreto 1018/2024, mediante el cual el Poder Ejecutivo nacional dispuso la disolución del Fondo Fiduciario Procrear y, posteriormente, dictó resoluciones que habilitaban la subasta de terrenos en Buenos Aires, Santa Fe y Paraná.
La iniciativa de intervenir esta maniobra del oficialismo fue anunciada y promovida por el actual concejal de Santa Fe, Gastón “Tati” Restagno. A pocos días de iniciado el 2026 ya existía una estrategia política y orgánica clara: que esos terrenos quedarán en manos de los municipios, generando las condiciones para que las viviendas se construyan y tengan un destino social para las familias, y no queden atrapadas en el negocio inmobiliario.
“La disputa por la vivienda no es simbólica ni abstracta. Es concreta, territorial y urgente”
EN PARANÁ
Comenzamos a estudiar el caso de cerca. Recorrimos el predio, conversamos con los vecinos, escuchamos sus opiniones y analizamos qué había ocurrido hasta el momento con la obra y el material existente. Nos encontramos con indignación, pero también con interés y compromiso. Allí funciona un sistema social real: hay comercios, estacionamientos, servicios de expensas, plazas, un barrio vivo. Sin embargo, a su lado hay un predio con todo para desarrollarse, detenido por la ausencia de obra pública, lo que termina erosionando el crecimiento del entorno.
En 2024, la intendenta Rosario Romero impulsó la Ordenanza N°10.169, que creó un Banco de Tierras como sistema de administración e incorporación de lotes y fracciones del patrimonio municipal. La norma fue reglamentada luego por el Decreto N°2225/24, promulgado por el Consejo Deliberante el 4 de noviembre del mismo año. Aun así, hasta donde se pudo relevar, el Municipio aún no cuenta con la escritura de terrenos necesarios para avanzar efectivamente en el desarrollo de esa propuesta.
Hoy, tras sumar adhesiones junto a asambleas vecinalistas de distintos barrios de Paraná, se logró impulsar una nota de interés público con el objetivo de que el predio de Avenida Ejército sea incorporado justamente al Banco de Tierras de la ciudad capital, y que su destino sea el acceso a la tierra para la vivienda familiar.
No obstante, entre gallos y medianoche, mediante las Resoluciones 5 y 9 de 2026 de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía de la Nación, se dispuso la baja del proceso de subasta y posteriormente el traspaso de los terrenos a los gobiernos provinciales. En principio, Santa Fe y Entre Ríos. Resulta paradójico el interés reciente que despertó en los gobiernos provinciales y la impresionante celeridad con la que fueron trasladados a provincia, luego de la visibilización y exposición del conflicto de la que tuvieron una participación activa responsables de Patria Grande Entre Ríos.
La disputa por la vivienda no es simbólica ni abstracta. Es concreta, territorial y urgente. En este sentido, bajo el marco normativo impulsado por esta misma gestión municipal, vecinos y organizaciones políticas creemos que es una oportunidad clara para posicionarse frente a un contexto de desilusión y desconcierto respecto de la infraestructura urbana con destino social.