Son las contradicciones del país en el que nos tocó nacer: el que produce comida para el mundo, pero tiene bajo la línea de pobreza a la mitad de su población; el que exporta futbolistas de elite, al mismo tiempo que expulsa a científicos de alto nivel y recorta el financiamiento en educación; el país más hermoso del planeta que, sin embargo, sigue siendo el de la trampa, el engaño y la suma de desilusiones.
Nos guste o no, esa es la Argentina. Una mezcla de orgullo y lamentos, tan omnipresentes como la esperanza y la lucha, que siempre es larga y, a pesar del dicho, nunca es suficiente.
EL NACIMIENTO DE LAS CASAS ELEFANTES
Fue sobre el final de la gestión del ex presidente Mauricio Macri que su ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, el hoy gobernador entrerriano Rogelio Frigerio, anunció la creación de 525 casas para la ciudad de Gualeguaychú: 210 iban a ser viviendas sociales y 315 iban a construirse financiadas por el otrora exitoso Programa Procrear. En ese momento, dicho anuncio fue toda una novedad, ya que el gobierno macrista no se había destacado por la construcción de planes sociales de viviendas, justamente.
Las mismas se iban a construir mediante el sistema de Participación Pública-Privada, presentado como PPP. Pero el cambio de gobierno en 2019 y la posterior pandemia, en 2020, complejizaron la situación. Ya con el presidente Alberto Fernández, se creó el Programa Reconstruir II, que finalmente se proponía financiar 210 de las 525 viviendas anunciadas inicialmente, las denominadas “sociales”.
A cargo de las obras estaba (o está, mejor dicho) la Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por Neltec SRL y Gustavo González. Con este último mantuvo un diálogo con La Mala. “Comenzamos con un anticipo financiero y empezamos las obras perfectamente. Pero, desde el primer pago tuvimos problemas para cobrar en todas las gestiones. Cuando el macrismo entendió que no ganaba las elecciones cortó la obra pública, habremos cobrado cuatro o cinco certificados de obra. Y eso pasó después con el gobierno de Alberto Fernández, que cortó todos los pagos. Antes, dieron de baja las PPP y migran el proyecto al programa llamado Reconstruir II, como no había plata acordamos hacer las 210 sociales”, contó el empresario.
El proyecto de barrio tiene realizado todo el sistema de cloacas (hace más de seis años abandonado y sin uso). Lo que falta es el reservorio de agua (un tanque de unos 50 mil litros), obra que debería estar a cargo de la Municipalidad, lo mismo que la sub estación de electricidad que el barrio demanda.
Según contó González, la última certificación de obra cobrada fue en mayo de 2023. Desde entonces, los trabajos están totalmente parados. Sobre el final de ese año, justamente, como para sumar desprolijidades e inconsistencias al tema, tras perder las elecciones en octubre, la mayoría oficialista del Concejo Deliberante de Gualeguaychú aprobó la Ordenanza N°12.859, mediante al cual el cuerpo legislativo autorizó al Poder Ejecutivo local a ceder parte de los lotes de La Ramas a la cooperativa “Salud y Viviendas”.
En el segundo de sus tres artículos, la norma autoriza “al Departamento Ejecutivo Municipal a disponer de los lotes con servicios aptos para uso urbano residencial que la Municipalidad de San José de Gualeguaychú dispone a través del banco de Tierras en la zona noreste de la ciudad –actual conjunto habitacional “Las Ramas” – a fin de cubrir las necesidades habitacionales de las cuarenta y dos (42) familias solicitantes”.
Para que se entienda: lo que se aprobó fue la autorización al Ejecutivo para ceder esos lotes. Pero “los mismos nunca fueron cedidos”, aclaró a La Mala un actual funcionario de la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura.
Además, a través de esos mismos lotes con servicios debería cobrar la UTE la deuda a su favor, que ascendería a los 3 millones de dólares.
INVERSIÓN TIRADA A LA BASURA Y DEUDA
Según el constructor Gustavo González, el Municipio de Gualeguaychú adeuda a la UTE que conforma con la firma Neltec SRL casi 3 millones de dólares por las obras de infraestructura realizadas, que, según el convenio, “iban a ser pagos con lotes del mismo proyecto”.
Por otro lado, la misma fuente aseguró que son más de 9 millones de dólares los que el Estado argentino lleva invertidos en Las Ramas, en casas que, más temprano que tarde, van a quedar inutilizables por el deterioro de su infraestructura.
Ante esta desoladora realidad, ¿qué se puede hacer?
Con el actual gobierno nacional absolutamente desentendido de la obra pública en general y particularmente de la construcción de viviendas, una posible solución sería que la provincia de Entre Ríos se haga cargo de terminar el barrio. De hecho, el año pasado se comunicaron gestiones para que sea el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) quien absorba las obras en marcha. Las vueltas de la vida (o de la política, siempre pendular en Argentina) harían que sea la gestión del propio Frigerio, quien anunció las “525 casas”, la que ofrezca una solución al dilatado problema. Pero, según reconocen algunos funcionarios en off de record, es “absolutamente inviable por la cantidad de plata que hay que poner” para levantar el barrio.
“Son más de 9 millones de dólares los que el Estado argentino lleva invertidos en Las Ramas, en casas que, más temprano que tarde, van a quedar inutilizables por el deterioro de su infraestructura”
UNA ILUSIÓN PISOTEADA
Son miles las personas inscriptas en el registro municipal de viviendas. La familia de Paula está anotada desde 2001. Como muchos otros, lleva más de dos décadas actualizando papeles. En 2023, recibió el llamado que parecía cambiarlo todo: “A mediados de julio, llamaron a renovar todos los papeles, ya que las casas estaban a pronta entrega. Fue un momento de mucha ilusión, todo pintaba perfecto y de color de rosas. Supuestamente ese mismo año nos iban a entregar nuestra propia casa para mudarnos. En nuestro caso, decidimos no renovar el contrato de alquiler”, relató Paula a La Mala.
Pero los meses pasaron y la entrega nunca llegó, y con el cambio de gobierno la situación quedó en pausa. “Mes a mes iban diciendo que sí, que ya las iban a entregar, después que no había presupuesto para terminarlas”, describió. Esto tuvo un impacto en su economía familiar: “Volver a entrar a un alquiler tiene muchos requisitos y es un monto difícil de juntar. Estuvimos de prestado, gracias a Dios tenemos familia que nos ayudó”.
La historia de Evangelina es similar. También está inscripta en la Dirección de Viviendas hace 25 años. En enero de 2023 la convocaron para informarle que había sido adjudicada. “Me presenté en el lugar, me mostraron el plano del barrio y me preguntaron si estaba dispuesta a pagar una cuota”, contó.
Además, le dijeron que en julio de ese mismo año las viviendas estarían terminadas y le sugirieron que fuera a conocer el lugar. “Lo de la zona era lo de menos para mí, porque sabía que iba a empezar a pagar una casa que sería mía. Ese día que me llamaron lloré de alegría. Después de 21 años, fue una gran emoción. Estaba ansiosa porque llegara el día de la entrega”, confesó Evangelina.
“A mediados de julio, llamaron a renovar todos los papeles, ya que las casas estaban a pronta entrega. Fue un momento de mucha ilusión, todo pintaba perfecto y de color de rosas”
Las adjudicatarias son parte del grupo que, tras el intento de toma de las casas, se está organizando y, el jueves último, se movilizó a la Dirección de Viviendas en demanda de respuestas. Las mismas son siempre parciales e insuficientes, ya que localmente el gobierno municipal, a pesar de la cercanía política del intendente Mauricio Davico con la gestión libertaria, no tiene capacidad de asumir una solución por cuenta propia.
De la Nación, en tanto, no se espera nada. Y la Provincia no ha mostrado intenciones de hacerse cargo de la bomba estallada que significa el barrio Las Ramas de Gualeguaychú. Mientras tanto, las casas se caen, literalmente, a pedazos, por la falta de mantenimiento y la humedad acumulada en años de abandono. Una postal lamentable de la desidia y la falta de creatividad política que, paradójicamente, atravesó las últimas tres gestiones de gobierno.