ACCESO A LA JUSTICIA
La violencia de género no pasa de moda
Hace unos días se conoció la sentencia al ex jugador de fútbol Sebastián Villa, condenado por violencia de género. Las cifras que no bajan y el acceso a la justicia para las víctimas. El análisis de La Mala.
La semana pasada el ex jugador de Boca Juniors Sebastián Villa fue condenado a 2 años y un mes de cárcel, luego de ser acusado de violencia de género por su ex pareja. El juzgado Correccional N°2 de Lomas de Zamora dictó la sentencia que de todas formas no llevará a Villa a la cárcel, ya que es un delito con pena menor a 3 años y por lo tanto excarcelable.
El 2 de junio último, Villa fue encontrado culpable de los delitos de «amenazas coactivas en concurso real con lesiones leves agravadas por el vínculo en contexto de violencia de género» y a partir de ese fallo fue separado del plantel por decisión de la dirigencia del club xeneize.
El jugador colombiano tiene, además, una causa abierta por el presunto abuso sexual a una joven de 21 años en un country de Canning, dónde el ex futbolista se mudó luego de ser denunciado por su ex pareja. Ahora, una fiscal de Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires, solicitó elevar a juicio la causa contra el futbolista para que sea juzgado por «abuso sexual con acceso carnal», delito que prevé una pena de 15 años de prisión.
CIFRAS A NIVEL NACIONAL
El Observatorio de las violencias de género “Ahora que sí nos ven” es una asociación civil que releva, analiza y visibiliza datos sobre las violencias de género en Argentina. De acuerdo con su último informe, que recoge cifras desde el 1 de enero al 24 de noviembre de 2023, se han cometido en nuestro país 274 femicidios. Los datos también muestran que, de esas 274 mujeres, 56 habían realizado al menos una denuncia y 35 tenían medidas de protección.
Hablamos acerca de la importancia de construir datos con dos de sus integrantes: Analía Morra, docente especialista en educación sexual integral y directora de Educación del observatorio, y Laura Oszust, licenciada en Comunicación Social, especialista en géneros y Derechos Humanos y directora de Comunicación del observatorio.
-¿Cuál es la importancia de contar con cifras a la hora de hablar de violencia de género?
– Analía: Es muy concreto, esas cifras dejan en evidencia el problema estructural de la violencia machista, de la más extrema como es el femicidio. Nos ha costado muchísimo tiempo a las mujeres conseguir que las violencias que sufrimos tomen estado público, para que toda la sociedad pueda dimensionar el problema y entenderlo como una situación estructural, que nos atraviesa a todas. Y los datos sostienen esa realidad para que podamos contarla, y sobre ellos sensibilizarnos. Obviamente seguido a esa sensibilización está el reclamo tanto a la sociedad como a todos los poderes del Estado para que esta realidad cambie.
– ¿Cuánto importa el rol del Estado en esta problemática?
– Laura: La violencia de género no son casos aislados que quedan dentro del ámbito privado, sino que se inscriben en relaciones desiguales de poder que repercuten en las desigualdades económicas, desigualdades en acceso al trabajo, a la vivienda, a la salud, al estudio, y que nos hacen una población vulnerada para poder afrontar una vida libre de violencias. Y es el Estado con medidas integrales y políticas públicas inmediatas y a largo plazo quien tiene las herramientas para llevar adelante la transformación hacia una sociedad libre de violencias. Recibiendo y protegiendo a las mujeres que denuncian y diseñando políticas que, por ejemplo, garanticen autonomía económica a las mujeres víctimas de violencia de género, para que puedan tomar decisiones que protejan su vida justamente con más autonomía.
“Es el Estado con medidas integrales y políticas públicas inmediatas y a largo plazo quien tiene las herramientas para llevar adelante la transformación hacia una sociedad libre de violencias”
¿QUÉ PASA EN GUALEGUAYCHÚ?
Un primer punto a aclarar para hablar del funcionamiento de los organismos judiciales encargados de los temas de violencia de género, que son las Fiscalías de Género y los Juzgados de Familia, es entender que para la Justicia hay un tipo de violencia de género que es delictivo y por lo tanto le corresponde una pena real (detención y cárcel), y otro tipo que no es delictivo: se entiende que hubo violencia de género por mediar una situación de desigualdad de poder, pero a la que no le corresponde penas reales.
En el primer caso, el organismo que interviene son las fiscalías que trabajan con causas en las que se cometió un delito, por ejemplo, lesiones, que está previsto en el Código Penal y que además esas lesiones siempre, cuando es en un contexto de género, son agravadas. En primer lugar, por el vínculo, es decir, por haber sido cometidas contra una persona con quien se mantuvo una relación de pareja. Y la segunda agravante es si hay violencia de género de por medio, es decir, si existe desigualdad de poder en esa relación.
El Juzgado de Familia interviene en casos en los que no hay delito tipificado, su objetivo es dar protección a la mujer y para ello trabaja con un equipo interdisciplinario que hace un seguimiento de cada caso. Muchas veces existen para la misma persona medidas del Juzgado de Familia y medidas de la Fiscalía, es decir que pueden tomar diferentes medidas en conjunto (la prohibición de contacto, de acercamiento en un radio de 200 metros, la colocación del botón antipánico, etc.) o no, dependiendo cada caso.
“La violencia de género es una problemática que debe ser abordada de manera transversal, no se trata de casos aislados que pueden ser resueltos desde una sola institución”
Las mujeres podemos radicar una denuncia por violencia de género en cualquier comisaría de nuestra ciudad. Muchas veces se realiza una derivación (y la Policía tiene la obligación del traslado) a la Comisaría del Menor y la Mujer, porque es la dependencia policial que tiene mayor especialización en la materia. Allí se toma la denuncia, interviene un médico que constata lesiones y se da aviso a los organismos especializados, los Juzgados de Familia o la Fiscalía, en donde también se pueden radicar denuncias por violencia de género. Y a partir de allí dependiendo el caso y la gravedad, serán estos dos organismos los que intervengan.
En Gualeguaychú existe un entramado de organismos e instituciones que trabajan de manera articulada en casos de violencias de género. Desde los once Centros de Atención primaria de la salud (CAPS) distribuidos en diferentes barrios de la ciudad, que cuentan con profesionales preparados para detectar casos de violencia de género, hasta la casa “Alas Desatadas”, un refugio transitorio para mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos. El área de Salud Mental del Hospital Centenario también tiene profesionales preparados para intervenir en dichos casos.
Todas estas instituciones y organismos trabajan de forma articulada, ya sea con el Juzgado de Familia o con la Fiscalía de Género, dependiendo el caso. Pero es una realidad que todas estas instituciones se encuentran colapsadas y no dan a basto con las demandas.
Entonces, si bien podemos decir que en Gualeguaychú el acceso a la Justicia en materia de violencia de género tiene un buen nivel, producto de esta red de articulaciones, el problema específico eastá dado por las dificultades que encuentran muchas veces las víctimas para recibir un acompañamiento adecuado y sostener los procesos.
Salir del círculo de violencia no es fácil, ni rápido, y muchas veces conlleva idas y vueltas. Por eso, la violencia de género es una problemática que debe ser abordada de manera transversal, no se trata de casos aislados que puedan ser resueltos desde una sola institución.
Si tenemos en cuenta las cifras que nos dicen que en más del 60% de los casos de femicidio el asesino era la pareja o ex pareja de la víctima, si además entendemos que las mujeres muchas veces no cuentan con recursos económicos para salir de los hogares donde son violentadas y que también a veces comparten hijos con sus agresores, podemos entender que sin un acompañamiento sostenido es muy difícil que las mujeres salgamos de los círculos de violencia.
A pesar de todos los avances que se han hecho en estos años en materia de acceso a la Justicia, es importante que sea el Estado el que siga garantizando y reforzando cada vez más aquellos programas y espacios destinados al acompañamiento para que, de una vez por todas, las mujeres podamos sostener vidas libres y plenas.
