Lo que se decida en los tribunales, desde un tiempo hacia acá, impacta en la gobernabilidad. Y los movimientos, a veces impensados, suelen inscribirse en una trama.
Hace unos días, el presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Leonardo Portela, se refirió a un tema que debe resolver. Nada más ni nada menos que sobre lo que fue la candidatura del actual intendente de Gualeguaychú, Mauricio Davico.
“La Justicia nunca le dio la razón. Su situación la resolvió el Tribunal Electoral, que es un tribunal administrativo y no tiene función jurisdiccional, que es la función atribuida constitucionalmente al Poder Judicial”, dijo el vocal en una entrevista. Pudo haber dicho, también, que no iba a responder porque precisamente tiene que resolver junto a otros ocho pares. Fue un poco el reclamo del jefe de Gabinete Municipal, Luciano Garro.
Davico llegó a la Municipalidad de Gualeguaychú, se sabe, luego de navegar un complejo proceso judicial en el que se puso en consideración la cláusula electoral de la Constitución entrerriana reformada en 2008.
Un tribunal electoral -que integraron los pares de Portela, Susana Medina y Germán Carlomagno y el juez Ángel Moia, entre otros- le dio la razón a Davico, cuya candidatura había sido impugnada por pretender encabezar una gestión municipal por tercera vez consecutiva, invalidado por la carta magna. Davico venía de dos administraciones en Pueblo General Belgrano.
Nota al pie: podrá ser un tribunal administrativo -como dice el presidente del STJ-, pero lo integran magistrados.
“Una decisión judicial del máximo órgano de justicia de la provincia al momento de que se presentó la impugnación hubiese sido lo adecuado y saludable”
La Procuración General también sentó su posición, negativa para Davico, a través de un dictamen. Quienes deberán resolver la suerte del jefe comunal son, además de Portela, los vocales Daniel Carubia, Claudia Mizawak, Gisela Schumacher, Laura Soage, Miguel Ángel Giorgio y Federico Tepsich; el juez en lo Contencioso Administrativo, Hugo González Elías; y el juez del Tribunal de Juicio y Apelaciones, Rafaél Cotorruelo.
El Poder Judicial suele aprovechar las no regulaciones, sobre todo en lo que respecta a las fijaciones de plazos razonables, para fallar. Una decisión judicial del máximo órgano de justicia de la provincia al momento de que se presentó la impugnación hubiese sido lo adecuado y saludable. Se trata de la interpretación de una cláusula constitucional, no una investigación que requiere recolección de evidencias y pericias.
De continuar la línea de la Procuración General, es decir confirmar la ilegalidad de aquella candidatura impugnada, Davico sufriría un golpe de deslegitimidad. Entre otras cosas porque, si bien sería un bochorno que se le exija dar un paso al costado del cargo luego de que el pueblo lo convalide con su voto, probablemente será impedido de buscar una reelección. Esto también erosiona la gobernabilidad.
Este tema, a resolver, tiene como contexto una brumosa situación que comienza a notarse en la relación entre Poder Ejecutivo y la Justicia. Esta semana, el gobernador Rogelio Frigerio rechazó un reclamo salarial del STJ que remite a la época de la pandemia por el Covid. El entonces gobernador Gustavo Bordet envió a la Legislatura el proyecto de “Ley de emergencia solidaria”, que dejó sin efecto por un año la Ley de Enganche, por la que se rige la actualización salarial del Poder Judicial de Entre Ríos, donde la Corte es quien promueve el incremento salarial y el Poder Ejecutivo Nacional lo homologa.
Terminada la pandemia, aquella administración inició negociaciones para reponer los aumentos que habían quedado sin ejecutar, pero un grupo de magistrados no aceptaron y judicializaron.
Lo más interesante del decreto conocido es la posición del Gobierno sobre ese “enganche” que impera en Entre Ríos, del que la Provincia solo debe acatar y pagar. El Poder Ejecutivo dejó en claro que tiene plena potestad para definir la política salarial en contextos de emergencia, como el actual, en el que se han cortado horas extras salvajemente, por ejemplo.
La Ley de Enganche es la principal conquista del Poder Judicial. Exime a sus integrantes de depender de una paritaria con la política. Este paraíso fue otorgado por Sergio Urribarri.
“El Poder Ejecutivo dejó en claro que tiene plena potestad para definir la política salarial en contextos de emergencia, como el actual, en el que se han cortado horas extras salvajemente”
A nivel nacional, si hubo un sector al que no se tocó en la supuesta “guerra contra la casta” fue a la Justicia. Sin embargo, los vecinos de Santa Fe tienen otra narrativa. El gobernador Maximiliano Pullaro llevó adelante el año pasado una reforma previsional que implica un mayor aporte a la Caja de Jubilaciones de los empleados públicos activos y pasivos de mayores ingresos, que son justamente los jueces y las juezas. Esto mereció una foto de 200 jueces y juezas en las escalinatas de los tribunales rosarinos, a modo de protesta.
Frigerio tiene en carpeta una segunda parte de la reforma previsional para encapsular el 82 por ciento móvil. El Gobernador mira con atención lo que sucede con su par que está a unos pocos kilómetros. Los argumentos del decreto sobre la Ley de Enganche instan a pensar que sería el turno de la motosierra para los magistrados. Suposiciones e ideas que se esgrimen en Casa Gris, pero que nadie quiere darle el volumen que merece.