CUÁNTO ARDE LA PATAGONIA
Los incendios que atravesaron la Patagonia durante los últimos veranos son el resultado del aumento de las temperaturas, las sequías prolongadas y los vientos intensos asociados al cambio climático, que crean condiciones cada vez más favorables para el fuego.
Un informe reciente del Conicet advierte que las condiciones meteorológicas que favorecieron los grandes incendios de 2026 se volvieron aproximadamente 2,5 veces más probables debido al calentamiento global inducido por actividades humanas, en un contexto en el que las precipitaciones han sido cerca de un 20 % menos que en escenarios preindustriales.
Pero el clima no actúa sobre un paisaje intacto. Durante décadas, el territorio patagónico fue transformado por distintas actividades humanas: monocultivos forestales, sobrepastoreo, expansión urbana en zonas de interfaz bosque-ciudad y acumulación de material combustible en áreas donde históricamente existían formas de manejo del entorno. En este escenario, los incendios aparecen como el resultado de procesos ambientales, sociales y políticos que se superponen.
PATAGONIA, NUNCA FUISTE MODERNA
La expansión del pensamiento moderno en la Patagonia vino acompañada de prácticas extractivas intensivas: tala indiscriminada, introducción de especies exóticas con fines productivos, sobrepastoreo, fragmentación del paisaje, la comercialización de la cordillera, así como la expansión de las fronteras mineras y/o de hidrocarburos.
Muchas de estas transformaciones durante el siglo XIX y el XX fueron impulsadas bajo marcos legales que ordenaban el territorio según lógicas productivas (colonias agrícolas, ganaderas), distribución de tierras en algunos casos por premios militares, vías privadas, particulares o ilegales/ilegítimas.
Paradójicamente, a la par de estos proyectos de extracción, transformación y degradación, surgieron también políticas de conservación estricta. En 1922, un zona que comprende tierras de las provincias de Neuquén y Río Negro adquirió un grado de protección bajo la figura de Parque Nacional del Sud a través de la donación de tierras realizada por Francisco Pascasio Moreno al Estado en 1903. Desde la antropología se reconoce este hito como el momento en el que se comenzó a consolidar la perspectiva que separó a la naturaleza de la cultura, al bosque del habitante, conservación de uso.
“Durante décadas, muchos planes de manejo de Parques Nacionales se construyeron sobre la premisa de que la ausencia humana garantiza su conservación”
NATURALEZA SIN HABITANTES
La protección implicó expulsión, restricción e invisibilización de comunidades que habitaron y habitan estos territorios durante generaciones. De este modo, se enalteció al Perito Moreno por su donación de tierras mientras las comunidades continúan marginalizadas y/o desplazadas.
Durante décadas, muchos planes de manejo de Parques Nacionales se construyeron sobre la premisa de que la ausencia humana garantiza su conservación. Esta visión supone que los bosques, montes y humedales fueron históricamente espacios vacíos. Sin embargo, estos territorios fueron y siguen siendo paisajes habitados por muchas especies y modelados durante siglos por prácticas humanas: recolección de leña, manejo del fuego, limpieza de material seco, circulación de personas y animales, agricultura a pequeña escala.
En algunos parques, incluso desde la propia gestión, se empieza a reconocer que el paradigma de “no tocar nada” tiene límites, como también se habilitan instancias de co-manejo. Con Arqueoterra estuvimos trabajando en el Parque Nacional El Palmar y en el Plan de Gestión se menciona el abandono progresivo de una lógica estrictamente prohibicionista y abre la discusión sobre formas de manejo activo del territorio. Este giro no es menor: implica aceptar que la no intervención también es una forma de intervención, con consecuencias ecológicas concretas. La acumulación de ramas secas, árboles muertos y material combustible en bosques donde históricamente existió manejo humano puede aumentar el riesgo y la intensidad de los incendios.
Lo que muchas veces se presenta como “natural” es, en realidad, el resultado de haber interrumpido vínculos históricos entre personas y ambiente. El raleo entonces es una práctica histórica de las comunidades locales que ha colaborado y protegido al medioambiente. Así, el bosque no está aislado ni clausurado, está acompañado. En un contexto de incendios cada vez más frecuentes, esta presencia constante reduce riesgos y genera un territorio más resiliente. En cambio, el desplazamiento de estas poblaciones tiene sus consecuencias.
UN BOSQUE HABITADO
Si nos detenemos en una huerta donde crecen habas o manzanas, podemos observar que el terreno que rodea las casas suele estar visiblemente limpio de ramas secas y material muerto. Esto no responde necesariamente a una política externa, muchas veces es simplemente el resultado de vivir en el lugar (que tampoco es tan simple).
Ese “limpiar” habla de una relación cotidiana con el territorio: recoger leña, circular, observar, cuidar. En un contexto de incendios cada vez más frecuentes, esta presencia constante puede reducir riesgos y generar paisajes más resilientes.
Desde esta perspectiva, la actividad humana no aparece necesariamente como una amenaza, sino como una práctica ecosistémica. Habitar puede ser una forma de cuidado. Sin embargo, estas prácticas conviven con desigual fuerza en regiones donde las formas tradicionales de habitar el territorio fueron reemplazadas por industrias agroganaderas o monocultivos forestales. A medida que el paisaje se simplifica y se concentra en pocas manos, muchas prácticas históricas de manejo comunitario tienden a desaparecer.
ECOLOGÍAS DEL FUEGO: CONSERVACIÓN, DERECHOS Y ASIMETRÍAS
En los ecosistemas andino-patagónicos el fuego ha sido históricamente parte del funcionamiento del paisaje. No siempre con la misma frecuencia ni intensidad, pero sí como proceso ecológico. La ecología del fuego ha demostrado que, en muchos sistemas forestales y de matorral los incendios de baja intensidad cumplen funciones de renovación, reciclaje de nutrientes y regulación de densidades vegetales. La supresión sistemática altera esos equilibrios.
Sin embargo, la cuestión no es únicamente ecológica. Es política y cultural.
No tiene el mismo impacto una huerta familiar, el raleo para leña o la circulación cotidiana de quienes viven en la montaña que la explotación forestal intensiva, la expansión de monocultivos de pinos, la ganadería a gran escala o los proyectos mineros. Tampoco es lo mismo un incendio de baja intensidad que los incendios provocados en el siglo XIX y XX de los que hay registros. Entonces, ¿qué tipo de intervención humana genera realmente los impactos más profundos en el ecosistema?
Aquí también aparece una tensión difícil de ignorar: ¿qué leyes establecen el modo “correcto” de manejar el fuego? Cabe preguntarse: ¿es posible determinar su condición si las mismas estructuras estatales y productivas promovieron la introducción de especies altamente inflamables, la concentración ganadera y la simplificación del paisaje? ¿Por qué el saber técnico es considerado superior al conocimiento situado de quienes viven y han vivido en esos territorios? En otras palabras, ¿qué tipo de saber técnico es el apropiado? ¿A qué intereses responde? Y, en todo caso, podemos cuestionar por qué los “saberes populares” no son considerados técnicos.
El informe Incendios en el centro-oeste de la Patagonia Andina (2021) señala que el problema actual no puede entenderse sin considerar la acumulación de combustible, el avance de la interfaz urbano-forestal y la homogeneización del paisaje. No se trata solo de cambio climático, se trata de cómo se configuró el territorio.
El enfoque contemporáneo de Manejo Integral del Fuego, impulsado por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, reconoce que la prevención no se reduce al combate. Incluye gestión forestal, planificación territorial y participación comunitaria. Sin embargo, en la práctica, la toma de decisiones continúa fuertemente centralizada, tecnificada y burocratizada.
“Este giro no es menor: implica aceptar que la no intervención también es una forma de intervención, con consecuencias ecológicas concretas”
Muchas veces las regulaciones ambientales terminan aplicándose de manera homogénea, como si todas las presencias humanas fueran equivalentes. Así, prácticas locales de bajo impacto quedan restringidas mientras que transformaciones mucho más profundas del paisaje han sido históricamente promovidas o toleradas. En nombre de proteger el bosque, terminamos alejándonos de él por decisiones que en gran medida responden a otras formas de explotación del territorio.
El enfoque contemporáneo de Manejo Integral del Fuego reconoce que la prevención no se reduce al combate de incendios. Incluye planificación territorial, manejo forestal y participación comunitaria. Sin embargo, en la práctica, muchas decisiones siguen concentradas en estructuras técnicas y administrativas alejadas de quienes habitan el territorio.
Las comunidades rurales no son ajenas al riesgo: son las primeras expuestas al fuego. Conocen los vientos, las pendientes, los ciclos de sequía y los lugares donde el fuego corre o se detiene. En muchos casos han sido guardianes del territorio mucho antes de que existiera la figura institucional del guardaparque. Esto no niega la importancia del conocimiento técnico ni del trabajo profesional, pero sí cuestiona su monopolio.
Se trata de aprovechar la reflexión para poner el foco en las políticas de conservación y su relación histórica con las comunidades locales y otras formas de entender la naturaleza. Volviendo al bosque: ¿qué sentido tiene dejar miles de hectáreas de bosque a la buena? ¿es protección? ¿es natural?
ANTES DEL FUEGO
La prevención, entonces, no es solamente una estrategia técnica. Es una construcción social. Implica decidir qué modelo de paisaje queremos sostener, si uno densificado o uno abandonado y cargado de leña/combustible, pero “protegido”. A modo de propuesta y reflexión, hay varias formas de prevenir los incendios antes de apagar las llamas: ralear, juntar los palos secos, habitar el territorio, reconocer a las comunidades locales y su conocimiento de estos ecosistemas; no mirar la naturaleza como una cosa a explotar o abandonarla (sin escalas), dejar de plantar pinos al lado de áreas protegidas, dar lugar a las especies nativas, regular la actividad ganadera, etcétera.
Si podemos organizarnos ante las consecuencias de estos desastres, deberíamos poder organizarnos ante sus causas y accionar también. Antes de ejecutar más partidas presupuestarias es necesario tener estos debates. Existen trabajos científicos e investigaciones del campo académico que vienen abordando estas problemáticas y forman parte de los antecedentes en distintas regiones (y de las fuentes de este texto).
Reconocer que la prohibición absoluta puede ser tan riesgosa como la negligencia implica aceptar que la montaña no es un escenario vacío, sino un territorio habitado y también codiciado para su explotación. La discusión de fondo no es cómo eliminar el fuego, sino cómo redistribuir la autoridad para decidir qué significa prevenir y cómo proteger los ecosistemas de los que formamos parte. Ello conlleva aceptar que habitar estos bosques implica una responsabilidad compartida: técnica, política y comunitaria.
Volverse a preguntar si podemos convivir con la naturaleza no es una ingenuidad romántica, es una pregunta profundamente política, filosófica y antropológica. Implica revisar los supuestos que sostienen las políticas públicas de conservación, cuestionar la dicotomía naturaleza–cultura y reconocer que la protección ambiental no es incompatible con la presencia humana, menos si nos pensamos como parte del ambiente que pretendemos cuidar.