EL FUTURO DE LAS NIÑECES FRENTE AL PUNITIVISMO

“RESOCIALIZAR EN UN INSTITUTO CERRADO, ES COMO ENSEÑAR AL JUGAR AL FÚTBOL EN UN ASCENSOR”

EL FUTURO DE LAS NIÑECES FRENTE AL PUNITIVISMO

El nuevo Régimen Penal Juvenil, impulsado por el gobierno nacional, que baja la edad de imputabilidad a los 13 años, vuelve a abrir el debate sobre el encierro y las herramientas que dispone el Estado para esa población. “Es algo que ya ha fracasado”, dice el abogado Matías Busso, integrante de la Asociación Contra la Violencia Institucional (ACVI).

Texto: Zul Bouchet

|

Ilustración: Tavo Bolzán

Semanas atrás, Patricia Bullrich y Mariano Cúneo Libarona presentaron un proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad, “cumpliendo el mandato del presidente Javier Milei de terminar con la impunidad”, en palabras de la ministra. El mismo establece un nuevo Régimen Penal Juvenil, en el que los jóvenes entre 13 y 18 años podrán ser imputados por hechos que el Código Penal tipifica como delitos, pudiendo cumplir hasta veinte años en prisión. Habitando supuestos “establecimientos especiales” o “secciones separadas”, dentro de las penitenciarias. 

Está iniciativa no es nada original. Tiene como antecedente en Argentina la baja de edad de imputabilidad a 14 años, en 1980, en plena dictadura militar. Ley que fue reformada posteriormente para abarcar sólo a quienes estén por encima de los 16 años, como se mantiene hasta la actualidad. 

Como consecuencia de la presentación de esta medida se abrieron debates, algunos nuevos y otros que se creían, por los procesos históricos atravesados, que ya estaban concluidos. Desde La Mala dialogamos con Matías Busso, abogado e integrante de la Asociación Contra la Violencia Institucional (ACVI), para analizar y repensar algunas discusiones que se revivieron en la escena social, política y cultural del país.

-Si se logra bajar la edad de imputabilidad a 13 años, quienes sean sometidos a un proceso judicial, ¿son jóvenes o son niños?

– Si nos basamos en la Convención sobre los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a la cual Argentina suscribe desde 1990 y la incorpora a la Constitución Nacional en 1994, se considera niño a todo menor de 18 años. Y el país asume la obligación de proteger y garantizar los derechos allí establecidos para todos los niños, niñas y adolescentes que vivan en el territorio. Pero ya los menores de 16 años son considerados niños bajo la legislación internacional. Por lo que se está violando el principio de progresividad de los Derechos Humanos, el derecho a la no regresividad, qué es no ir contra los derechos de las personas que ya los han adquirido. El hecho de que estos niños menores de 18 años tengan un estatus internacional de Derechos Humanos exige una sobreprotección. Y con esta baja de la imputabilidad lo que se está haciendo es restringiendo aún más sus derechos.

-Durante la presentación del proyecto, Bullrich dijo que bajar la edad “es importante porque el medio ambiente de ese menor es lo que lo lleva a volver a cometer delitos”, ¿qué pensás?

– Es importante que el Estado intervenga para evitar que el joven siga transitando una situación conflictiva, que sea quizás familiar o del entorno. Puede ser cierto, pero bajar la edad de imputabilidad no es el mecanismo. A ese joven, que por ahí tiene un problema socioeconómico, un problema de consumo temprano o ha cometido alguna infracción a la ley penal, lo vas a juntar con otros jóvenes que cometieron quizás delitos más graves o quizás son algunos años mayores. Lo que vas a hacer es iniciarlo en una carrera delincuencial como plantea la criminología, no es que en el mundo del delito no existen normas, muchas veces existen otros códigos, lo que se llama subcultura del delito, por la cual el joven puede aprender de otros. Y si bien en Argentina no tenemos el problema que tienen los países centroamericanos de pandillas juveniles violentas, evidentemente un dispositivo de este tipo puede fomentarlo. Ni hablar de que ese joven después de esa privación de libertad va a contar con antecedentes penales, dificultando su ingreso al mundo del trabajo.

“En lugar de bajar la edad de imputabilidad lo que hay que discutir es darle más herramientas al sistema educativo, darle mejores salarios al personal docente, otorgar becas”

– ¿Qué papel ocupa ahí la educación?

– Un dato respecto a los índices que tenemos de delito juvenil es que el 54% había abandonado el sistema educativo obligatorio. Por ende: ¿cuál es el mecanismo que tiene el Estado para cuidar al joven de algún entorno o dónde deberían estar esos jóvenes? En el sistema educativo, en la escuela. Ese es el dispositivo que le puede garantizar a un joven sacarlo de un contexto violento o marginal. Por eso, en lugar de bajar la edad de imputabilidad lo que hay que discutir es darle más herramientas al sistema educativo, darle mejores salarios al personal docente, otorgar becas. Hay muchas soluciones que son mucho más inclusivas y efectivas para prevenir el delito juvenil que la baja de imputabilidad.

-¿Cuán grave es el problema de la delincuencia juvenil en la actualidad?

– En primer lugar, debemos considerar que Argentina es uno de los países de la región que tiene el índice de la tasa de homicidios más baja. Con cuatro homicidios cada 100.000 habitantes, más o menos. El único lugar donde hoy el delito violento es un conflicto grave es en Rosario, donde el índice aumenta a veinte y ahí sí se asemeja a las cifras de otros países, como puede ser Brasil. Con respecto a los homicidios cometidos por menores, ese número todavía es mucho más bajo. Hay una estadística de la Corte (Suprema de Justicia) del año 2022 que dice que solamente cinco homicidios fueron cometidos por menores de edad, de los cuales solamente dos fueron cometidos por menores de 16 años. Es decir, es una cifra muy insignificante. Es totalmente abordable con el sistema que tenemos, no hace falta bajar la edad de imputabilidad para atender esos casos graves. Estamos hablando de que en un universo de más de 2.000 casos de homicidios que se cometieron en la Ciudad de Buenos Aires, solamente dos fueron cometidos por los sujetos que esta ley quiere alcanzar. Por ende, hay múltiples intervenciones estatales para hacer. No es un problema que, hoy por hoy, demande urgencia: No estamos viviendo una situación de excepcionalidad, en la que muchos jóvenes cometen delitos violentos, sino todo lo contrario, el índice de homicidio en general viene bajando. Los delitos juveniles violentos son insignificantes con respecto al total de delitos, ya que no llegan en casi todas las categorías al 1%.

– ¿Este tipo de medidas, en lugar de contribuir a la prevención, no termina exponiendo aún más a los jóvenes?

– A veces se piensa que las cárceles y los lugares de encierro son lugares para resocializar, y resocializar en un instituto cerrado es como enseñar al jugar al fútbol en un ascensor. Es algo que ya ha fracasado. Lo que sí se fortalece así es el estigma, el etiquetamiento; el que un chico que en algún momento comete alguna picardía, como sacar algo de un kiosco, sea institucionalizado, sea tildado bajo la etiqueta del pibe chorro, cosa que claramente va a suceder solamente de acuerdo a la facción de clase. Porque, por ahí, una persona perteneciente a la clase media tiene otras redes de contención. Si es sorprendido haciendo lo que puede ser una travesura sus padres van a poder interpelar de otra forma al Poder Judicial. En cambio, los pibes que están en situación de vulnerabilidad pagan todo mucho más caro.

-¿Por qué?

– Hay una teoría que plantea la criminología crítica, de la doble desviación. En primer lugar, se comete esa infracción a la ley, muchas veces es algo menor. Y, en segundo lugar, se refuerza la idea y la autopercepción de considerarse sujetos peligrosos, como un pibe chorro, como una amenaza. Esto provoca la institucionalización, el haber pasado por la comisaría, el haber sido en algún punto violentado. Y esto refuerza todo tipo de violencias, a la cual ya es sometida cierta población, sobre todo los varones jóvenes de los barrios populares. Esto va a habilitar mayores niveles de violencia y a menor edad. Porque hay ciertos conceptos que tenemos, como por ejemplo que a los menores de 13 no hay que esposarlos, que se van a ver modificadas por este cambio en la regulación. Las fuerzas de seguridad van a sentirse habilitadas para ejercer la violencia de forma legítima sobre esas niñeces.

“Ante una situación económica cada vez es más crítica, lo que genera la movilización social, la única respuesta del gobierno es la represión”

-¿Cuál es la situación actual de la violencia institucional? ¿Qué lugar ocupan los discursos de odio?

– Nosotros, como asociación, lo que vemos es un gran cambio, un gran viraje. Principalmente en lo que respecta a la protesta social. Vemos cómo se registran cada vez más situaciones represivas, que incluyen detenciones arbitrarias y utilización de forma abusiva de las armas menos letales. Esto está acompañado, obviamente, de un discurso estigmatizador de las organizaciones, que incluye también, por ejemplo, allanamientos a comedores y a casas particulares, de forma totalmente irregular. Esto tiene que ver con una construcción de un enemigo interno, que en este caso son las organizaciones sociales. Ante una situación económica cada vez es más crítica, lo que genera la movilización social, la única respuesta del gobierno es la represión. Después, en el resto de las áreas que vemos, principalmente en Capital Federal, lo que está ocurriendo son persecuciones que afectan a las personas en situación de calle, a distintos trabajadores de la economía popular, es decir, en todos los niveles la escala represiva se va aumentando e, inclusive, hay un discurso de las fuerzas que es legitimado por el poder político.

¿Que te generaescuchar frases nacidas en períodos represivos y autoritarios de manera tan liviana?

– Genera un sentimiento angustiante, principalmente porque Argentina en el tema era modelo. Por ejemplo, al juzgar con la misma justicia local una dictadura y un genocidio. Hoy por hoy, vemos un gobierno negacionista que no solamente niega lo que sucedió con los 30.000 desaparecidos, sino que coincide con esas políticas económicas, sociales y culturales. Y, entre ellas, coincide con todo lo que tiene que ver con el aumento de lo represivo y de una sociedad más militarizada, que es lo que se observa en la actualidad.

A modo de cierre: Escuchamos y repetimos hasta el hartazgo que la juventud es el futuro, pero si queremos continuar viéndolos como esperanza es tiempo de repensar qué sociedad queremos que habiten, qué recursos tenemos para contenerlos y cumplir el deber nacional de protegerlos. Tenemos que pensar y volver a analizar si el futuro es posible de construir teniéndolos libres o encerrados.