Personas con discapacidad, familiares, prestadores y organizaciones se movilizaron por el centro de Gualeguaychú para exigir la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Pidieron el fin de los recortes y denunciaron atrasos de pagos, aranceles congelados y un sistema que los deja al borde del abandono.
“Hasta hace un tiempo pensábamos en qué hacer para que nos vean, para que nos escuchen. Hoy muchos nos vieron, escucharon y saben que estamos en lucha y en emergencia”, comenzó diciendo el comunicado que se leyó en las puertas de la Municipalidad, al final de la marcha que este viernes llenó las calles céntricas de Gualeguaychú.
La movilización reunió a unas 150 personas —entre familias, cuidadores, trabajadores de la salud y docentes— que caminaron desde 25 de Mayo y Rocamora hasta la Plaza Urquiza, exigiendo que se cumpla con la ley que declara la Emergencia en Discapacidad. La consigna fue clara: “Sin acompañamiento no hay derechos”.
Durante la jornada se repitieron escenas de emoción y de bronca. Carteles que hablaban de “crueldad”, de “abandono”, de “derechos negados”, acompañaron los reclamos de quienes hace meses sostienen reclamos sin respuesta. “Nos dicen que no somos prioridad, que la prioridad es pagar deudas, que no hay plata. Pero sí hubo recursos para otras cosas. No somos gasto, somos personas”, señalaron en el documento.
El comunicado, leído frente a la plaza, fue una mezcla de manifiesto y catarsis colectiva. “¿Será que para poder seguir andando hay que ser capaz de competir y producir lo suficiente para lograr el título de digno?”, cuestionaron. Y la respuesta llegó en la propia calle: no se trata de producir, sino de garantizar la vida.
Los reclamos apuntan principalmente a la falta de actualización de los aranceles para prestadores —que permanecen congelados desde hace más de un año—, los retrasos en los pagos y la falta de cobertura de programas esenciales. “En 2024 el aumento escalonado fue de 1% en septiembre, 1% en octubre, 0.8% en noviembre y 0.5% en diciembre. No hubo más actualizaciones, pero sí más papeles, más impuestos y más precarización”, expresaron.
También denunciaron la suspensión de pensiones, la caída de programas de salud y los montos irrisorios que reciben los trabajadores con discapacidad en talleres protegidos: apenas 24 mil pesos mensuales. “Hoy tenemos que hablar de crueldad, de abandono de personas. Porque se niegan derechos básicos, una y otra vez. No se puede ser indiferente”, se escuchó entre los aplausos.
El documento leyó con fuerza una frase que se convirtió en emblema del reclamo: “No somos descartables, no somos variable de ajuste, no somos casta.”
La marcha no fue sólo una expresión local, sino parte de una serie de manifestaciones que se repitieron en distintas ciudades del país ante lo que muchos llaman “un ajuste encubierto” en el área de discapacidad. En Gualeguaychú, la convocatoria tuvo además un tono comunitario: “No nos salvamos solos —dijeron—. Tenemos que ser el abrazo que sostiene, la voz que reclama lo común, lo de todos, hasta que nos devuelvan lo que nos quitaron”.
Mientras tanto, el reclamo continúa: la aplicación efectiva de la ley, el pago en tiempo y forma, y un Estado presente que garantice los derechos más básicos. Porque, como repitieron los presentes, “la vulnerabilidad no se elige, pero la indiferencia sí”.