Hace unos meses, en una entrevista, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, aseguró que la arena de Entre Ríos es de mejor calidad que la de Río Negro para las exploraciones petroleras en Vaca Muerta. Toda una definición para el sector.
La arena silícea que se extrae en cantidades cada vez más grandes de la zona de Ibicuy, en el sur entrerriano, se utiliza junto con la inyección de agua a presión para fracturar la roca madre en una técnica conocida como fracking y, así, abrir microcanales que permiten fluir el gas y el petróleo. Por lo cual, de la calidad de ese insumo depende buena parte de la productividad de un pozo.
Esta situación volvió a poner en agenda un tema por demás sensible: la falta de control e información oficial de este meganegocio, las denuncias por corrupción y el daño ambiental que se genera. En este marco, La Mala dialogó con el abogado de Gualeguaychú, Ricardo Luciano, principal promotor de las denuncias contra el gobierno de Entre Ríos y contra una de las areneras por los efectos contaminantes de esta producción.
“A partir año 2022, la Cooperativa de Agua de Ibicuy comenzó a tener problemas con los volúmenes de extracción agua subterránea, ya que del mismo acuífero se extraía la arenera. Se nos comenzó a complicar con el hierro y el manganeso del agua en crudo: de 0,12 mg. por litro pasamos a 1,2 mg por litro”, contó. Y ahondó: “mientras la cooperativa impulsa un millón de litros de agua por día, la arenera El Mangrullo, de YPF, extrae eso por hora para el lavado de arena”.
El agua con altos niveles de hierro y manganeso puede causar mal sabor metálico, manchas de óxido o marrón-negro en la ropa y sanitarios, así como la acumulación de depósitos en las tuberías, lo que reduce la presión y la eficiencia de los sistemas de agua. Estos metales pueden afectar las propiedades desinfectantes del cloro y, en el caso del manganeso, niveles muy elevados pueden tener efectos neurotóxicos, particularmente en niños.
El Decreto 4977/09 de Entre Ríos establece que las empresas que consumen mucha agua subterránea, primero, deben hacer el estudio hidrogeológico, pero esto lejos está de cumplirse. En este marco, Luciano presentó un recurso de amparo, a partir del cual el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER) ordenó, en septiembre de 2022, que este estudio se realice, pero nunca se hizo.
Luego, a partir de la Acción de Ejecución –artículo Nº58 de la Constitución de la provincia de Entre Ríos–, presentada por derecho propio del abogado, en este caso por todas las irregularidades administrativas de las empresas areneras, se logró que la Justicia clausure nueve areneras y cuatro plantas de lavado que no tenían los papeles en regla.
“El Decreto 4977/09 de Entre Ríos establece que las empresas que consumen mucha agua subterránea, primero, deben hacer el estudio hidrogeológico, pero esto lejos está de cumplirse”
Al respecto, el ingeniero agrónomo y productor agropecuario Carlos Cadoppi Frigerio, quien es vecino lindante con la planta de extracción y lavado de arena “La República” de Cristamine S. A., fue muy crítico de la situación. “A partir del año 2017, al comenzar a trabajar sin autorización por parte de la Secretaría de Ambiente de la provincia, la planta, antes La Vertiente, ahora La República, de Cristamine S.A., comencé a notar agua en el campo familiar donde habito, sin que haya crecientes en la zona. Recorriendo el lugar pudimos comprobar que el Arroyo Cuartillo estaba siendo taponado por arenas excedentes del lavado de las mismas. Hablé con los directivos de la empresa y negaron tener responsabilidad alguna pese a la contundencia de las pruebas de lo contrario”.
Pandemia mediante, en 2023, comenzó a denunciar a la empresa y los funcionarios del gobierno anterior, concretamente al gobernador Gustavo Bordet y a su secretaria de Ambiente. “En ese momento los problemas ocasionados por la extracción y lavado de arena ya eran concretos e indisimulables, por caso valen las imágenes de cómo quedan los campos, otrora productivos, luego de la extracción de arena por parte de la arenera La República en su explotación lindera con la Ruta Provincial N°45”, indicó, en diálogo con La Mala.
Respecto a las responsabilidades políticas, Cadoppi Frigerio contó que en febrero de 2024 tuvo una entrevista con el gobernador Rogelio Frigerio (quien, justamente, había fijado domicilio en Ibicuy para poder ser candidato en Entre Ríos), a quien le presentó el estado de situación. En palabras del ingeniero agrónomo: falta de control en todas las etapas de la explotación, desde la extracción hasta el transporte hacia Vaca Muerta; profundidad de extracción; peso y volumen de la arena extraída; impacto sobre flora, fauna y suelo; contaminación del agua de consumo humano; impacto de la arena y el polvo de sílice en la salud humana en especial fibrosis silícica, entre otros puntos.
“Me informó el Gobernador que el tema se trató en una reunión de Gabinete y que se tomarían las acciones acordadas en la reunión que mantuviéramos. Además, me dijo que iban a poner una balanza permanente al lado de Gendarmería. Pero nada de eso se cumplió”, cuestionó el productor. Y aseguró: “No hay controles en este negocio, y no hay controles porque hay corrupción. Nadie controla la cantidad de camiones ni el destrozo que están haciendo en las rutas. Están destrozando el patrimonio provincial y el patrimonio nacional, es la entrega ignominiosa a las areneras”.
Actualmente, las areneras deben presentar ante el Gobierno Provincial, del 1 al 10 de cada mes, una declaración jurada en a que informen la cantidad de arena extraída para pagar impuestos. ¿Ese es el control oficial?
“No hay controles en este negocio, y no hay controles porque hay corrupción. Nadie controla la cantidad de camiones ni el destrozo que están haciendo en las rutas”
El Decreto Nº4977/09 de Entre Ríos determina a la Secretaría de Ambiente de la provincia como responsable de esta situación. Su artículo 1° sostiene que “la Secretaría de Medio Ambiente será la Autoridad de Aplicación del presente Decreto”, mientras que en su segundo artículo determina que “ningún emprendimiento o actividad que requiera de un Estudio de Impacto Ambiental podrá iniciarse hasta tener el mismo aprobado, por la Autoridad de Aplicación”.
En esta línea, a modo de ejemplo, Ricardo Luciano contó: “En octubre del 2023, el juez federal de Gualeguaychú Hernán Viri los clausuró y así sigue hasta ahora. Además, a principio de este año Osvaldo Fernández, abogado de la Secretaría de Ambiente, presentó un escrito pidiendo que el juzgado le informe lo que yo informaba sobre esa clausura en informes periodísticos, pero el juez Viri le negó la información porque no es parte del expediente. Palmario que no controlan nada, si entras a la arenera están las fajas de clausurado desde esa fecha. Prefectura tiene orden de ir todas las semanas a controlar eso, si los de la Secretaría se dignaran a clausura in situ no tendría que hacer ese papelón Osvaldo Fernández ante el juez”.
ÁREAS NATURALES (DES) PROTEGIDAS
Jorge Daneri es abogado y miembro de la Asociación Argentina de Abogadas/dos Ambientalistas, desde donde realizaron una solicitud de acceso a la información ambiental al «Piecas Río Paraná» (es el Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible del Delta del Paraná, encabezado en la actualidad por la secretaria de Ambiente de Entre Ríos, Rosa Hoffman) para “tener el mapa completo de quién es quién en el extractivismo de las arenas hacia Vaca Muerta: quiénes las transportan, por qué rutas, las empresas que intervienen, todos los datos de estudios de impacto ambiental, etcétera”.
“Es urgente un debate sobre la legitimación social de estos emprendimientos y un proceso de una nueva evaluación ambiental estratégica de todo el sistema de humedales, porque, además, así lo impone la renovada Constitución de Entre Ríos”, indicó Daneri, a La Mala.
“Como sostiene la Constitución entrerriana, no se pueden seguir haciendo sólo un estudio de impacto ambiental de un emprendimiento, hay que llevar a cabo un estudio de impacto ambiental acumulativo de todos los emprendimientos para poder dimensionar si el estudio es serio”, dijo el prestigioso ambientalista. Y remarcó: “Esto es muy relevante porque estamos parados sobre tres áreas naturales protegidas. En parte del área natural protegida del Paraná medio, el área natural protegida del departamento Victoria y área natural protegida de humedales de los departamentos de Concepción del Uruguay, Gualeguaychú e Ibicuy. Es decir, la mayoría de los proyectos extractivistas de las arenas para Vaca Muerta en ejecución están dentro de áreas naturales protegidas, que, en realidad, en este tema, están en gran medida desprotegidas”.
Respecto a las responsabilidades políticas, Daneri también apuntó a la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos y al Poder Ejecutivo, quien tiene “responsabilidades directas porque la provincia es la titular de los bienes naturales, entre ellos las diversidades biológicas y culturales del delta argentino y su sistema de humedales”.
“Hay una responsabilidad directa enorme, no solo de la autoridad ambiental, sino también del señor gobernador de la provincia y, particularmente, del ministerio que lidera la extracción minera”, agregó. Y, por último, además de los estudios de impacto ambiental acumulativos, el abogado marcó la necesidad de “llevar adelante una evaluación ambiental estratégica, en el marco del Piecas, que no solo incluya el proceso de la extracción de arenas, sino también la evaluación ambiental estratégica del Delta, que tiene que contener todo lo que está vinculado con los proyectos de más profundización y artificialización de la mal llamada Hidrovía Paraguay-Paraná”.
“Hay una responsabilidad directa enorme, no solo de la autoridad ambiental, sino también del señor gobernador de la provincia y, particularmente, del ministerio que lidera la extracción minera”
¿QUIÉNES GANAN Y QUIÉNES PIERDEN EN ESTE NEGOCIO?
Según datos aportados por el abogado Ricardo Luciano, en la actualidad se extraen 4.000.000 de toneladas de arena de sílice con destino a Vaca Muerta, esto equivale a 4.000.000 de metros cuadrados por uno de profundidad y se estima que para el año 20230 esa cifra se va a multiplicar por dos.
“Se llevan no sólo camiones de arena, se llevan todo un ecosistema que nunca se repondrá. El ecocidio está en marcha, las autoridades miran para otro lado”, denunció. Y agregó: “Hoy están imputados e indagados, próximos a su procesamiento por incumplimiento de los deberes de funcionario público, el ministro de Producción Bernaudo, la secretaria de Ambiente Hojman, su asesor legal Osvaldo Fernández, el secretario de Minería, Iturriza, el actual intendente de Ibicuy, Ezequiel Maneiro, el anterior Gustavo Rolda y la dueña de varias areneras. Todo está en la Causa 8044/2025 acumulada a la causa 5071/2022 del Juzgado Federal de Gualeguaychú”.
La falta de control de las toneladas de arena que salen del suelo entrerriano para transitar las rutas de buena parte del país hasta Vaca Muerta es solo la punta del ovillo de un negocio muy grande, demasiado, en el que intervienen empresas nacionales e internacionales muy poderosas.
¿Quiénes ganan y quiénes pierden en este negocio? ¿Quiénes multiplican ganancias y quienes sufrirán las consecuencias ambientales que genera esta actividad?
Dar una discusión clara de frente a la sociedad al respecto es una obligación del gobierno provincial. De no ser así, la contaminación del agua potable puede ser solo el comienzo de un desastre ambiental más grande.