AMBIENTE
AGROTÓXICOS EN ENTRE RÍOS: CADA VEZ MÁS CERCA
A la media sanción del proyecto de Buenas Prácticas Agrícolas se le sumó la aprobación del RIGI: un cóctel letal para la salud de las poblaciones rurales (y no rurales). ¿Cuán cerca de casas, escuelas y ríos se podrá aplicar agrotóxicos? En esta nota, la voz de ambientalistas y de quien convive con Glifosato en su cuerpo a causa de esta realidad.
El pasado 23 de octubre, la Cámara de Diputados de Entre Ríos dio media sanción al proyecto de ley que regula el uso de fitosanitarios y promueve las “Buenas Prácticas Agrícolas” (BPA). Con la necesidad de actualizar un paquete de normas vigentes desde la última dictadura como argumento, Juan Manuel Rossi (Juntos por Entre Ríos), presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente, defendió la iniciativa oficialista.
“Hay una maraña de resoluciones y decretos ministeriales dictados a lo largo de los más de 40 años que tiene la ley”, declaró, en este sentido. Pero, ¿qué cambios implica este proyecto frente a las normativas vigentes? Entre lo más tangible y determinante, modifica las distancias para poder fumigar con “productos de banda verde y azul”, como el Glifosato.
Establece una distancia mínima a las escuelas rurales de 500 metros para la fumigación aérea (150 metros menos que lo que dicta el Decreto 2239/19); de 200 metros para las viviendas, rurales o urbanas, habitadas de manera estable, y de 100 metros respecto a los cursos de agua permanentes, áreas naturales protegidas, granjas avícolas y apiarios. La distancia se reduce si las aplicaciones son con “mosquitos”. De las escuelas, a 150 metros; de las viviendas, 100 metros; de los cursos de agua, 50 metros.
El proyecto que ahora deberá tratar el Senado entrerriano -donde el gobernador Rogelio Frigerio tendría el número para aprobarlo- también reglamenta la aplicación de agrotóxicos con drones, que deben cumplir las mismas distancias que quienes fumigan con mochila. Siendo las mismas: 15 metros de escuelas rurales, 10 de viviendas y sólo a 5 de los ríos. El decreto vigente (2239/19) no permite el acercamiento de mochilas pulverizadoras a menos de 250 metros de las escuelas y la Ley de Plaguicidas, a 100 metros de cursos de agua permanentes.
RIGI y BPA
“Se traza un camino de desarrollo y bienestar para todos los entrerrianos. Por lo tanto, mi voto es afirmativo”, expresó la vicegobernadora Alicia Aluani, el miércoles pasado en la Cámara Alta, cuando le tocó definir la aprobación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) en Entre Ríos, tras el empate que significaron los ocho votos a favor y los ocho en contra del cuerpo legislativo.
“Tanto el RIGI como la Ley de Buenas Prácticas Agrícolas en Entre Ríos comparten una visión centrada en facilitar la inversión y el crecimiento económico a expensas de impactos sociales y ambientales. Ambos proyectos se enfocan en favorecer sectores económicos (la minería y el agronegocio, respectivamente) con políticas de desregulación y privilegios”, expresó Emilio Vitale, en representación de la coordinadora por una vida sin agrotóxicos en Entre Ríos “Basta es Basta”.
Esta agrupación se conformó hace siete años y desde entonces se ha manifestado en defensa del ambiente en diversas ocasiones y ha presentado informes y estudios científicos, ante el poder político y en la Justicia, que dan cuenta de los efectos nocivos del uso de los agroquímicos.
“Los diputados, cuando aprobaron las buenas prácticas en Entre Ríos, decían que no hay estudios que avalen el daño que hacen los agrotóxicos, y eso no es verdad, está lleno de estudios”, expresó Luján Erpen, parte de la coordinadora. “Hay estudios de la CARU(Comisión Administradora del Río Uruguay) que dan cuenta que los peces tienen diferentes tipos agrotóxicos en su cuerpo; los barros del río Paraná también tienen agrotóxicos; hoy, hasta llueve con agrotóxicos, hay agrotóxicos en todos lados”, cuestionó la activista. “Te pueden fumigar a diez metros, con un dron o con mochila, además existe ‘la deriva’, que son las partículas que empuja el viento y hace que viajen muchos metros, incluso kilómetros”, reforzó.
En carne propia
Durante 23 años, Estela Lemes fue directora de la Escuela Rural N° 66, de Costa Uruguay Sur, en Gualeguaychú. Donde las fumigaciones son un problema frecuente, por lo menos, desde el año 2009. En el 2012, la docente recientemente jubilada debió someterse a los estudios médicos que, finalmente, confirmaron que en su sangre tiene Clorpirifosetil (insecticida) y Glifosato (herbicida). Actualmente, Lemes posee una neuropatía aguda, que afecta su vida diaria, tanto en lo neuronal como en lo muscular.
“Está comprobado que la deriva de las fumigaciones lleva al veneno a distancias increíbles, que contamina el aire, el agua, el suelo y las personas. Nos afecta el sistema respiratorio, la piel y es altamente cancerígena”, expresó, quien es referente nacional de la lucha contra las fumigaciones en cercanía de las escuelas rurales. Y cerró: “Cualquier veneno que se esparza es perjudicial para la salud. Los más perjudicados somos quienes vivimos en la ruralidad, los niños, los maestros y los alumnos de escuelas rurales, pero también están afectando a la gente que vive en la ciudad porque consume alimentos que están contaminados”.
