Marcelo había podado un árbol de su casa y quitaba las ramas con ayuda de su hermana, un jueves cualquiera en Paraná. Entre esas charlas, pasó un móvil policial con tres efectivos. Pasó, frenó y regresó. El albañil lo observa con curiosidad, sobre todo cuando descienden armados al grito de “cagón”, acusando que habían escuchado como les levantaba la voz para faltarles el respeto.
Para suerte del ciudadano, en el lugar había una cámara vecina filmando. En cuestión de segundos, los oficiales intentan amedrentar, su hermana grita, el perro ladra, Marcelo intenta aclarar la confusión. Cuando parece que todo termina, los oficiales hacen una mímica: suben a la camioneta hasta tenerlo de espaldas, allí bajan, lo agarran del cuello y lo tiran al suelo. Lo reducen de manera tan violenta que le lesionan la rodilla. Tampoco escatimaron empujones para la hermana, que se desespera ante semejante situación abusiva.
No conformes, Marcelo es trasladado a la comisaría, entre gritos y gas pimienta. Con la viveza de quien sabe que se mandó una cagada y la quiere achicar: se sacan el nombre del uniforme.
Después de todo, Marcelo afirmó que, al llegar sus familiares con el video, empezaron a percibir sus nervios. Mientras su pierna se hinchaba y el dolor crecía, nadie le daba respuestas. La denuncia se formalizó en la División Asuntos Internos, que tramita las actuaciones administrativas, mientras la investigación judicial sigue en curso. A los pocos días, el Ministerio de Seguridad y Justicia de Entre Ríos confirmó que los agentes fueron pasados a disponibilidad.
Las autoridades comunicaron el castigo manifestando que estos hechos socavan la confianza de la ciudadanía, deshonran la vocación de servicio y dañan la imagen de la institución. Añadiendo que, el hecho representa una falta grave a la disciplina y los principios que rigen la actuación policial.
Cabe preguntarse, ¿dónde está la disciplina si han capacitado gente que se violenta ante un grito que ni siquiera escucharon con claridad? ¿dónde están los principios y la vocación de servicio si los casos de violencia institucional crecen a mansalva? ¿O nuevamente se dirá que son casos aislados?
LOS ABUSOS DE LA POLICÍA
A principio de año hubo cuatro oficiales imputados por el homicidio de Guillermo Ramírez en Libertador San Martín, acusados de tortura seguida de muerte. Por no aplicar los protocolos correspondientes, lo bajaron del patrullero inconsciente y esposado. Un hecho parecido al de Ariel Goyeneche, quien murió en febrero de 2024 en el marco de una detención policial. ¿Es casual sufrir una asfixia arriba de un patrullero? ¿Es coincidencia que los oficiales no sepan intervenir sin usar la fuerza?
“El aparato represivo del Estado, desde 1983 a 2024, causó 9.672 muertes”
En 2021 falleció Victoria Núñez en Paraná, llamaron a la policía para pedir asistencia, pero nuevamente la falta de capacitación para atender ciertas situaciones se terminó llevando su vida. Ese mismo año, en Concordia, un efectivo fue filmado mientras amedrentaba a un nene de diez (10) años, intentando esposarlo sin motivo alguno. Y desde diciembre de 2023 a la actualidad, hubo alrededor de veinte (20) femicidios cometidos por agentes de seguridad, mayoritariamente con armas reglamentarias.
Cada año que se piensa para atrás, aparecen uniformados actuando de manera incorrecta, olvidándose de los valores que tanto dicen representar.
Los casos no son aislados, son prácticas abusivas que tienen un gran historial en Argentina. Van desde el hostigamiento a detenciones no registradas; procedimientos con personal de civil; allanamientos irregulares, libros de registro fraguados, uso excesivo de la fuerza; ocultamiento de pruebas e intervenciones violentas.
La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) realizó un relevamiento indicando que el aparato represivo del Estado, desde 1983 a 2024, causó 9.672 muertes. Incluyendo gatillo fácil, fallecimientos en procesos de detención y en lugares de encierro, durante traslados en patrulleros o utilizando el arma reglamentaria. Mientras se elaboraba el informe, se advierte que hubo alrededor de 60 casos más.
Por otra parte, para quienes defienden el ojo por ojo, los datos oficiales de la Justicia indican que casi la mitad de los detenidos son técnicamente inocentes, ya que no cuentan con sentencias que determinen su culpa. Es decir, solo el 58,3 % de quienes se encuentran en cárceles del país tienen condena.
“Es hora de orientar las políticas de seguridad a la prevención y la resolución pacífica, de violencia sistemática y abusos ya se tuvo bastante”
Lo registrado afecta a toda la Argentina, los hechos de violencia policial no han escatimado llegar a ningún lado, se presentan en todas las provincias. Haciendo cada vez más urgente y necesario el impulso de reformas de fondo, que transformen las prácticas. Cómo puede ser que el Reglamento General de la Policía Federal Argentina (PFA) sea de 1959 y el reglamento de la Policía de la Provincia de Entre Ríos (PER) sea de 1958. ¿Hubo reformas? Si, claro. Pero ninguna atacó a fondo la cultura institucional, ninguna amplió los controles internos, ni redujo la impunidad de los manejos.
La violencia institucional es parte de las políticas de Estado, no es producto de errores aislados. Está vinculada directamente con ideas de control social y disciplinamiento, con castigos y torturas que este suelo tanto ya padeció. Estos abusos sólo pueden persistir en un contexto en el que las fuerzas operan sin adecuado control político y judicial. Más que mano dura, la sociedad debería pedir reformas. Atender la crisis institucional de la Policía es urgente.
Cuando quienes deben proteger se vuelven agentes de represión, la confianza se quiebra. Si las autoridades realmente valoran los principios de justicia y respeto, si de verdad buscan recuperar la fe que la ciudadanía les tenía, deben impulsar una reforma radical. No alcanza con parches, ni arreglos superficiales, si la cultura de impunidad se mantiene intacta. Las fuerzas deben estar al servicio de la comunidad. Es hora de orientar las políticas de seguridad a la prevención y la resolución pacífica, de violencia sistemática y abusos ya se tuvo bastante. La urgencia es clara: sin una transformación profunda, la historia no tiene fin. Será cuestión de horas para que aparezca otro Marcelo.