PUERTOS EN ENTRE RÍOS
LA POLÍTICA PORTUARIA, BAJO AGUA
En los últimos años el gobierno provincial trabajó para la reactivación de puertos públicos que posibilitaron la salida al mundo de nuestra producción. Sin embargo, desde la asunción de Rogelio Frigerio la política portuaria se limitó a su mínima expresión, despertando interrogantes y preocupaciones.
La provincia de Entre Ríos posee y administra cuatro puertos públicos: La Paz-Márquez, Diamante e Ibicuy, sobre el río Paraná, y el puerto de Concepción del Uruguay, sobre el río Uruguay, instalaciones que comenzaron a gestionarse tras la transferencia en materia portuaria que realizó el Estado nacional a las provincias en los años noventa.
En el 2006, la Legislatura provincial sancionó la Ley 9.750, instituyendo el Sistema Portuario de Entre Ríos. Sin embargo, recién a partir de la segunda década del Siglo XXI la política portuaria provincial comenzó a delinearse a fin de posicionar los puertos en el entramado logístico nacional y regional, previéndose inversiones en mejoras de la infraestructura física, la conectividad con el sistema ferroviario y vial y la complementación con otros centros portuarios de cercanía, en vistas del crecimiento del complejo portuario de la provincia de Santa Fe.
Estas decisiones de gobierno dieron como resultado, en el tiempo, que los puertos públicos entrerrianos se distingan como centros logísticos nacionales e internacionales de bienes exportables, puertos de relevancia para la región y para la economía nacional y provincial. En particular, los de Concepción del Uruguay e Ibicuy son puertos que exportan mercaderías al mercado asiático, complementándose entre sí para lograr mayor eficiencia en la logística, maximizando las ventajas naturales de cada puerto; en ese camino, se lograron recuperar ramales ferroviarios, se crearon fuentes legítimas de trabajo y se prevén inversiones para diversificar las capacidades operativas de dichos puertos.
Por otro lado, la provincia supo desempeñarse como una verdadera protagonista de la construcción en conjunto, con el Estado argentino y las provincias ribereñas -Buenos Aires, Corrientes, Misiones, Formosa, Chaco y Santa Fe-, de decisiones y políticas en las vías navegables. Trabajo en conjunto y proyectos futuros sobre la Vía Navegable Troncal -parte argentina de la Hidrovía Paraguay Paraná-.
Entre 2020 y 2023, el entonces gobernador Gustavo Bordet, junto a destacados representantes provinciales en los organismos y foros nacionales, postulaban los intereses entrerrianos para insertar a los puertos provinciales en esta Hidrovía, así como en la Hidrovía en el Río Uruguay junto a la República Oriental del Uruguay, promoviendo criterios relevantes, como la generación de valor agregado y de fuentes de trabajo, la mejora de las infraestructuras portuarias, la conectividad energética y digital, la recuperación de rutas y caminos de accesos y la preservación del ambiente natural.
En ese marco, se presentaron diversos proyectos para incrementar las capacidades operativas de los puertos de Diamante e Ibicuy: el mantenimiento y el dragado de los canales de acceso para buques de gran calado, la conexión fluvial entre el Paraná Guazú y el Paraná Ibicuy y la optimización de los sistemas de señalización, entre otros proyectos que fueron consensuados por las provincias y la Nación.
Un presente de retrocesos e indefiniciones
A partir de diciembre de 2023, el gobierno del presidente Javier Milei modificó absolutamente la política en materia portuaria y de vías navegables; el gobierno nacional no convocó más al Consejo Federal Hidrovía y a las provincias ribereñas, y se limitó la inversión en obra pública. Por cuanto es de esperar que se desechen los proyectos para los puertos provinciales.
Asimismo, en el plano internacional, el Gobierno argentino favoreció al Puerto de Montevideo otorgando la autorización para que este aumente la profundidad de su canal de acceso, al mismo tiempo que no se avanzó en la licitación y financiamiento del Canal de Navegación Magdalena en el Río de la Plata, lo que favorecería la navegación para los intereses de la República Argentina, de las provincias y sus puertos.
Esta desidia se agrava con una decisión inédita para la historia nacional cuando la Administración General de Puertos ratificó un convenio con un organismo militar de una potencia extra regional, los Estados Unidos de América, permitiendo que en el corto plazo funcionarios de otro país se encuentren asesorando y decidiendo sobre la administración de los ríos argentinos y de los recursos naturales de las provincias.
El gobierno de Entre Ríos no tuvo ni siquiera un planteo sobre el devenir de las políticas en esta materia. Sólo dos legisladores de la oposición, la diputada nacional Blanca Osuna (Unión por la Patria) y el senador por el Departamento Uruguay, Martin Oliva (Mas por Entre Ríos), solicitaron informes al Poder Ejecutivo nacional y provincial sobre el acuerdo con los Estados Unidos y las acciones en materia portuaria.
«La Administración General de Puertos ratificó un convenio con un organismo militar de una potencia extra regional, los Estados Unidos de América, permitiendo que en el corto plazo funcionarios de otro país se encuentren asesorando y decidiendo sobre la administración de los ríos argentinos y de los recursos naturales de las provincias«
Por otro lado, el mismo gobernador Rogelio Frigerio otorgó reiterados apoyos a las iniciativas nacionales, como la mentada Ley “Bases” que se encuentra en debate en el Congreso de la Nación, iniciativa que incluye, entre otras medidas, la privatización de los ferrocarriles, la reforma laboral y la concentración de facultades en el Poder Ejecutivo nacional, lo que va en detrimento de la construcción de consensos en políticas públicas que involucran a intereses provinciales.
A casi seis meses de gestión, la política portuaria provincial se limita a la designación de funcionarios en los entes portuarios y el re-anuncio de las batimetrías del Puerto de Diamante, una gestión que proviene de la administración anterior, a la que no se le ha sumado ningún tipo de definición ni planificación.
Tenemos que remontarnos a abril de 2023 para encontrar la última decisión relevante en materia portuaria provincial, cuando el Instituto Portuario lanzó un programa de fomento de inversiones privadas y/o mixtas para los puertos. A pesar del re-anuncio, se desconoce si hay equipos técnicos y políticos capacitados analizando y previendo aspectos relacionados con la seguridad, como el control de la evasión, la subfacturación y el contrabando, previniendo el asentamiento del crimen organizado internacional en la provincia, un escenario posible en consonancia con las acciones oficiales sobre la próxima ciudad de Rosario.
“Tenemos que remontarnos a abril de 2023 para encontrar la última decisión relevante en materia portuaria provincial, cuando el Instituto Portuario lanzó un programa de fomento de inversiones privadas y/o mixtas para los puertos”
No Hay Plata para el desarrollo provincial
En el marco de la consigna “no hay plata”, el Gobierno nacional anunció que la intención es avanzar en una privatización de largo plazo para las tareas de mantenimiento, dragado y balizamiento de la Vía Navegable Troncal en el río Paraná y de la Plata. Esto ocurre junto al silencio complaciente y la falta de políticas públicas del gobierno provincial, que deja pasar el tiempo sin definiciones ni estrategias. Nada se conoce sobre la participación de las provincias en esta decisión tan sensible para los intereses nacionales, y allí queda prendida la suerte de Entre Ríos, de sus puertos y de sus oportunidades para mejorar su capacidad económica y comercial.
¿Cuáles serán los lineamientos políticos y las acciones que promueva el gobernador Frigerio en materia portuaria y de vías navegables? ¿Qué intereses se protegerán en el diálogo con la Nación? ¿Quién está garantizando la participación que Entre Ríos en la formulación de la licitación de la Vía Navegable Troncal que afecta a sus puertos e intereses?
Este escenario ya ha tenido lugar en otro momento de nuestra historia. El saldo negativo impactó en décadas de atraso, en largos años de condiciones desfavorables para las enormes capacidades productivas entrerrianas. Por eso es urgente que estas definiciones políticas se plasmen en lo inmediato y que redunden en políticas públicas que tengan como objeto favorecer al pueblo entrerriano, al sector productivo y a la economía provincial.
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